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Los golpes contra la puerta comenzaron de madrugada. Primero fueron secos. Después, insistentes. Cuando la madera cedió, varios hombres armados entraron a la vivienda ubicada en Codazzi (Cesar) preguntando por María Elena de Oro. Sus hijos apenas alcanzaron a verla mientras la obligaban a salir. Nadie explicó por qué se la llevaban. La familia pasó el resto de la noche del 11 de febrero de 2000 buscándola. Al día siguiente encontraron su cuerpo sin vida. Durante más de dos décadas, esa escena sobrevivió en la memoria de quienes la presenciaron. Pero hoy hace parte de una sentencia que, a partir de testimonios de víctimas y confesiones de paramilitares, reconstruyó cómo el frente Juan Andrés Álvarez de las autodefensas convirtió el asesinato selectivo en un método sistemático para sembrar terror y consolidar su dominio.
La decisión es de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla en la que fueron condenados cuatro exjefer paramilitares que sembraron terror en zonas del Cesar, Magdalena y La Guajira. Se trata de Óscar José Ospino Pacheco, alias “Tolemaida”, quien comandaba el frente Juan Andrés Álvarez, brazo urbano al servicio de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”; Amaury Gómez Ramos, alias “Bigotes” o “Binladem”; Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez, alias “El Pájaro”, y Evangelista Bastos Bernal, alias “Pedro” o “Jota”. Los magistrados concluyeron que detrás de homicidios aparentemente inconexos existió una misma estrategia: eliminar a quienes eran considerados obstáculos para el control territorial, sembrar miedo entre la población civil y garantizar que nadie desafiara el poder de las armas.
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Uno de los aspectos más contundentes del fallo de 1.764 páginas es que la verdad judicial no nació únicamente de las versiones libres de antiguos jefes paramilitares, como tradicionalmente se han resuelto estos expedientes. El avance ahora es que fueron las víctimas quienes conservaron durante años los detalles que hoy permiten reconstruir lo ocurrido. Mujeres que recordaron la hora exacta en que tumbaron la puerta de sus casas; hijos que todavía describen el sonido de los motores de las camionetas donde se llevaron a su spadres; vecinos que nunca olvidaron los nombres de los hombres armados que recorrieron pueblos preguntando por personas específicas. Esas memorias, conservadas durante décadas pese al miedo, coincidieron con las principales pruebas valoradas por el Tribunal.
En el marco de esa sentencia, la masacre de Villanueva (La Guajira) ocupó un lugar central de esa reconstrucción por una razón fundamental: permite ilustrar el método que el frente Juan Andrés Álvarez repitió una y otra vez. Según el fallo conocido por este diario, los paramilitares no llegaron a improvisar. Antes de cada incursión ya existían listas con nombres, señalamientos sobre supuestos colaboradores de la guerrilla y una distribución precisa de funciones entre quienes ingresarían al pueblo y quienes asegurarían los accesos. Después, irrumpían en las viviendas, obligaban a salir a las víctimas delante de sus familiares y decidían, en cuestión de minutos, quién viviría y quién moriría. Para los magistrados, esa repetición demuestra que no se trató de un hecho aislado, sino de una política criminal previamente diseñada.
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El expediente expone que el terror no terminaba cuando cesaban los disparos. Muchos habitantes describieron semanas enteras viviendo entre retenes ilegales, amenazas y rumores sobre nuevas incursiones. Algunos optaron por abandonar sus parcelas; otros parmanecieron porque creyeron que los señalamientos nunca llegarían hasta sus familias. Una de las sobrevivientes recordó que pasó horas escondida mientras escuchaba cómo los hombres armados recorrían su caserío buscando a sus vecinos. Otro testigo contó que los paramilitares caminaban con absoluta tranquilidad entre las viviendas porque sabían que nadie los iba a enfrentar. Esas escenas, repetidas en distintos municipios, permitieron al Tribunal identificar un mismo libreto de dominación que se extendió por buena parte del norte de país.
La historia de María Elena Oro en Codazzi fue una de decenas prácticamente iguales: paramilitares que fueron, puerta a puerta, buscando a quienes supuestamente eran auxiliadores de la guerrilla o no habían aceptado pagar extorsiones de las AUC. Y si el caso de Oro retrata el dolor de una familia, los hechos ocurridos en Villanueva (La Guajira) muestra la dimensión colectiva de la violencia. La madrugada del 8 de diciembre de 1998, cuando el municipio todavía celebraba el Día de las Velitas, más de un centenar de paramilitares irrumpieron en las calles disparando contra quienes encontraban a su paso. También entraron a varias viviendas y sacaron a algunos de sus ocupantes para asesinarlos. Edilsa Magola Chinchía, madre de una de las víctimas, recordó ante la justicia lo que ocurrió durante esa jornada.
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Según su relato, recopilado en la sentencia, hombres armados llegaron buscando a personas específicas, pero como muchas ya habían escapado, “de rabia comenzaron a maltratar y asesinar a todo el que quisieron, sobre todo muchos inocentes que no sabían por qué morían”. En pocas horas fueron asesinadas once personas. Entre ellas estaba Erinson José Damián Rojas. Su madre declaró que el joven caminaba por las calles del pueblo después de visitar a una amiga cuando fue interceptado por los paramilitares. “Sin mediar palabra lo asesinaron, como lo hicieron ese mismo día con diez personas más”, relató. Para el Tribunal, esas declaraciones permiten entender que la operación no terminó limitándose a los supuestos objetivos iniciales de la incursión.
La violencia se desbordó hasta convertir a cualquier persona que estuviera en el lugar equivocado en una víctima potencial. Ese episodio, concluyeron los magistrados, ilustra cómo el discurso de la lucha antisubversiva terminó funcionando como una justificación para atacar indiscriminadamente a la población civil. Durante años, las víctimas cargaron solas con esos recuerdos. Después empezaron a hablar quienes habían empuñado las armas. En sus versiones libres, los antiguos integrantes del frente Juan Andrés Álvarez reconocieron su participación en varias de las incursiones y describieron desde adentro cómo funcionaba la estructura: quién daba las órdenes, cómo se distribuían los hombres y de qué manera seleccionaban a las personas que serían asesinadas.
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Lo que llamó la atención de los magistrados fue que esas confesiones, lejos de desmentir a las víctimas, terminaron corroborándolas. Los recorridos, los vehículos, las irrupciones en las viviendas e incluso la secuencia de los hechos coincidían con lo que las familias habían relatado. Esa correspondencia fue una de las razones por las que la Sala concluyó que estaba frente a una verdad judicial sólidamente acreditada. Así, el Tribunal concluyó que las masacres y homicidios juzgados en la sentencia no respondieron a excesos individuales ni a decisiones improvisadas de algunos combatientes. Más de un cuarto de siglo después, el fallo hace algo que durante mucho tiempo pareció lejano: conectar historias que permanecían fragmentadas en la memoria de decenas de víctimas para explicar cómo funcionó una maquinaria de violencia.
Para muchas de las familias que declararon en el proceso, la sentencia llega después de más de dos décadas de cargar con recuerdos que durante años parecían destinados a quedarse únicamente en el ámbito privado. Madres, esposas, hijos y vecinos insistieron una y otra vez en cómo ocurrieron las incursiones, quiénes se llevaron a sus seres queridos y de qué manera el miedo transformó para siempre sus comunidades. Al contrastar esos relatos con las confesiones de los antiguos paramilitares y el resto del material probatorio, el Tribunal concluyó que no se trató de episodios aislados, sino de una estrategia sistemática de violencia. Aquello que durante años sobrevivió únicamente en la memoria de las víctimas quedó, finalmente, reconocido como una verdad judicial.
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