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A través de un “requerimiento de información”, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) revivió una investigación que hace un año puso en aprietos a los máximos dirigentes del fútbol profesional colombiano. Durante la última semana, a las oficinas de al menos 16 equipos llegó un paquete de documentos con el sello de la entidad y su contenido puso a correr a más de un dirigente, sus secretarios y administradores, pues la SIC está buscando información tan detallada y precisa, que hasta contadores, revisores fiscales y abogados han tenido que ponerse manos a la obra.
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No es cualquier investigación y la información que está pidiendo la entidad no es cualquier cosa. El Espectador pudo establecer que el “requerimiento de información” de la SIC tiene más de 15 peticiones que buscan establecer la situación empresarial de los equipos, sus dirigentes, cuáles son sus negocios y activos, y cómo han manejado el mercado de jugadores, tanto masculinos como femeninos, desde 2021 hasta hoy. Además de pedir la información, la SIC está haciendo visitas sorpresas a las sedes y ya estuvo en la Dimayor, Equidad, Nacional y Fortaleza. Como ejemplo de la información que la entidad está pidiendo, los equipos están buscando los organigramas de las empresas, con el nombre de la persona que ocupa cada cargo y los estatutos de la sociedad, con sus respectivas normas.
La Supersociedades también exigió los balances generales y estados de resultados, desde 2017 a 2022, pero con el visto bueno de los representantes legales, contadores o revisores fiscales. En el listado de documentos, la SIC pidió, además, copias de los libros de actas de asamblea de accionistas y juntas directivas de 2017 a la fecha; la relación de socios, accionistas y miembros de las juntas directivas, indicando para cada una el porcentaje de participación accionaria, certificada por contador público o revisor fiscal, mostrando todos los cambios desde 2017 hasta hoy.
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Además de conocer por dentro la organización empresarial de cada equipo, la SIC quiere saber más. Por eso, les pidió a todos anexar portafolio de servicios y productos que hayan prestado o comercializado desde 2017 hasta la fecha. Con tanto detalle quiere saber sus negocios, que la entidad les pidió especificar referencias, líneas de productos, presentaciones, marcas, escuelas de formación, así como un listado de sedes, tiendas de artículos, academias de fútbol o escuelas de formación y otros establecimientos de la compañía, indicando nombre, ciudad y dirección.
Las pesquisas que hoy adelanta la entidad están relacionadas con un proceso que abrió la SIC en noviembre de 2021, en el que vinculó a la Dimayor y a 16 clubes de fútbol a una investigación por presuntos actos anticompetitivos por la supuesta existencia de un cartel que creó listas negras de futbolistas para que no fueran contratados. Lo que trascendió, en ese momento, es que esos equipos se habrían puesto de acuerdo para sabotear la transacción de los derechos deportivos de al menos 16 jugadores, entre 2018 y 2021. Una práctica prohibida por las leyes y normas de la libre competencia de mercados.
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Como lo contó este diario en mayo de 2021, los equipos que se pusieron de acuerdo para impedir movimientos, habrían firmado un “pacto de caballeros” para controlar la contratación de futbolistas. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunció lo sucedido y, en la petición que envió a la SIC, incluyó uno de los mensajes que escribió uno de los dirigentes en el que quedaba en evidencia cómo se construyó esa supuesta maniobra para mover los hijos de las contrataciones en el fútbol, durante al menos cuatro años.
Los imputados por la SIC, en noviembre de 2021, fueron la Dimayor, encargada de reglamentar el fútbol de equipos a nivel profesional y de la que hacen parte 35 equipos de la primera y segunda división; y 16 clubes, entre los que se encuentran: Talento Dorado, Cúcuta Deportivo, Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Asociación Deportivo Pasto, Envigado Fútbol Club, Tigres Fútbol Club, Deportes Tolima, Once Caldas, Deportes Quindío, La Equidad, Atlético Fútbol Club, Fortaleza, Leones, Real Santander y Alianza Petrolera. Así mismo, los presidentes de estos equipos, en calidad de personas naturales.
Pese a las pruebas, una semana antes de que concluyera el gobierno de Iván Duque, la SIC, en cabeza del entonces superintendente Andrés Barreto, suspendió la investigación, luego que la Dimayor, y sus 20 clubes afiliados, le propusieran una serie de garantías para que no se repitiera lo sucedido, aunque ningún alto dirigente aceptó responsabilidad. Acolfutpro no se quedó como espectador viendo la reacción de las autoridades y, en consecuencia, pidió que el caso no se cerrara. Esa petición fue escuchada por la nueva administración de la SIC que ordenó esta semana tomarse las oficinas de los clubes.
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Bajo el paraguas de esta investigación, la entidad también pidió cientos de datos para entender qué fue lo que pasó con el mercado de futbolistas en la época en la que, como lo asegura Acolfutpro, se habría firmado el “pacto de caballeros”. El “requerimiento de información” de la SIC pide que los equipos le entreguen copia de todos los modelos de contrato que tienen hoy en día con jugadores de fútbol masculino y femenino, así como los contratos que hayan firmado, desde 2017 al 28 de febrero de este año, tanto de hombres, como de mujeres.
Ahí no paran las peticiones de la SIC. Tan discriminada quiere la información, que la entidad también le pidió a los clubes que describan “de forma detallada cada una de las fórmulas de fichaje de los futbolistas profesionales masculinos y femeninos. Tenga en cuenta todos los conceptos de fórmulas de fichajes, tales como agente libre, traspaso, cesión entre clubes, cláusulas, etc. Remita las compras detalladas de pases o fichajes de jugadores de fútbol profesional masculino de origen nacional, y extranjero, discriminadas por fórmula de fichaje”, concluye el requerimiento.
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Las movidas de la SIC durante los últimos días, coinciden con varias reuniones que se llevaron a cabo en febrero pasado en el Ministerio del Trabajo. Con asesoría de la FIFA y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la entidad del gobierno puso en marcha unas mesas de diálogo, en las que participaron varios equipos, con el objetivo de garantizar las condiciones laborales de los futbolistas, una situación que no ha estado debidamente reglamentada en las leyes colombianas. Además de los temas normativos, el interés de la Superintendencia en conocer los pormenores del fútbol femenino, no es solo de la entidad.
El gobierno de Gustavo Petro ha insistido en varios escenarios que su apuesta es lograr la consolidación de una liga femenina, con salarios dignos y patrocinios por su trabajo. Por esta razón, quienes conocen cómo funcionan los equipos y el interés de la SIC en entender los contratos de la jugadoras, aseguran que esta información sería clave para entender “el panorama de discriminación que existe porque, por ejemplo, los hombres tienen contrato por una año y las mujeres solo por cuatro meses (lo que dura su torneo). ¿Por qué si el club es uno solo?”.
El “requerimiento de información” de la SIC viene acompañado de una inspección a las instalaciones de los clubes. Las conclusiones que pueda extraer la entidad de estos cientos de documentos podrían ser claves, no solo para definir qué debe pasar con la investigación que puso en aprietos a los dirigentes del fútbol, que creyeron que se habían salvado por la decisión de la administración de Duque, sino también para el futuro y las garantías del fútbol profesional femenino que, pese a las promesas y al éxito de las Selecciones Sub17, sigue teniendo una liga de apenas cuatro meses.
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