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Apenas la semana pasada, una noticia sacudió los pasillos de la Fiscalía: Ana Catalina Noguera, funcionaria de entera confianza del fiscal general Francisco Barbosa, tenía dos primos pedidos en extradición por Estados Unidos en relación a cargos de narcotráfico. El indictment (acusación), revelado por este diario, aseguraba que los hermanos Rafael y Enrique Noguera hicieron parte de una organización de cuando menos 15 personas, dos de ellas exintegrantes de la Policía y algunos ciudadanos mexicanos, que sacaban narcoavionetas desde pistas clandestinas en Magdalena rumbo a México, con destino final a los Estados Unidos.
Noguera encabezaba la Delegada para las Finanzas Criminales, una codiciada oficina dentro del organismo investigativo cuyo poder radica en manejar tres fiscalías especializadas esenciales: Contra el Lavado de Activos, Investigaciones Financieras y Extinción de Dominio -a donde había llegado en 2016, de la mano de Néstor Humberto Martínez-. El Espectador preguntó en la Fiscalía si Noguera había indicado al fiscal Barbosa el asunto de sus primos, pero, hasta la fecha, la entidad no ha dado respuesta a esa pregunta. La dimisión de Noguera, sin embargo, sugiere al menos desacuerdos internos frente a este delicado tema.
Rafael y Enrique Noguera fueron extraditados el pasado 12 de noviembre, un día después de que se supo que Noguera dejaba su posición y pasaba a ocupar un rango inferior, la de fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. Cuando los medios de comunicación empezaron a preguntarle por sus nexos con Rafael y Enrique Noguera, ella enfatizó que son primos lejanos, que fue ella quien ordenó abrir procesos de extinción de dominio contra sus bienes apenas fueron capturados en 2019, y que no se declaró impedida por una razón: “Los impedimentos obran en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ninguno de los cuales ostentan los dos hermanos capturados”.
Ana Catalina Noguera no ha sido -y al parecer tampoco será- la única alta funcionaria del Estado colombiano que, a pesar de haber construido una hoja de vida sin tachas, ha resultado perjudicada por la sombra del narcotráfico. En Colombia, este delito ha estado tan arraigado en la sociedad que ni siquiera aquellos que han llegado a los más altos cargos se han escapado de él. Para no ir muy lejos, apenas en junio de este año el país vino a enterarse de que la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, tiene un hermano que fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico.
Ocurrió en 1998: en ese año, Bernardo Ramírez Blanco aceptó ante la Corte del Distrito Sur de la Florida que conspiró para introducir heroína a EE.UU. desde la isla de Aruba, y por ello fue sentenciado a 57 meses de prisión. A lo largo de la carrera pública de Ramírez, ella nunca mencionó el asunto hasta que el portal La Nueva Prensa lo reveló este año. La DEA estuvo a cargo de la investigación y comprobó que Ramírez enviaba correos humanos (también llamados “mulas”) con cargas de heroína en sus estómagos. Dos personas fueron capturadas, un hombre y una mujer, y estos fueron los que delataron a Bernardo Ramírez Blanco.
“Mi familia, como desafortunadamente tantas otras en Colombia, sin distingo de clase social, vivió hace 23 años -en 1997- una tragedia, derivada de que uno de mis hermanos siendo muy joven, se involucró en un negocio fácil y, en consecuencia, fue acusado y condenado de conspiración por tráfico de estupefacientes. Su error ha costado muchos años de sufrimiento a nuestra familia y a él […] hace 23 años quedó en libertad por cumplimiento de la pena. Desde entonces, ha estado dedicado a trabajar honestamente, hoy es un hombre de bien y junto a su familia, lleva una vida decente y honrada”, dijo entonces la vicepresidenta. (Alarma en la Casa de Nariño por positivo por COVID-19 de Marta Lucía Ramírez)
El antecesor de Marta Lucía Ramírez vivió una experiencia bastante similar: el general (r) Óscar Naranjo, exdirector de la Policía. Naranjo fue vicepresidente de la República en la recta final del segundo mandato de Juan Manuel Santos, luego de que, en marzo de 2017, Germán Vargas Lleras renunciara al cargo para poder lanzarse a la Presidencia en 2018, tal como lo hizo -quedó de cuarto en la primera vuelta-. Juan David Naranjo, el hermano menor del general retirado, fue condenado a siete años de prisión por el Tribunal Federal de Karlsruhe (Alemania) en mayo de 2007.
Su captura se dio en Colonia (Alemania), cuando estaba por negociar 35 kilos de cocaína procedente de Colombia junto con dos colombianos más y dos italianos. La detención tuvo lugar en abril de 2006, época en la cual el general (r) Naranjo brillaba como director de la Dijín, división de la Policía que se fortaleció enormemente, sobre todo en inteligencia, tras su paso. Naranjo, a diferencia de Ramírez, develó el asunto enseguida. El oficial, que apoyó el Bloque de Búsqueda de Medellín (el cual desarrolló el operativo en que murió Pablo Escobar), reveló el dato en una rueda de prensa, la “más triste” de su vida, dijo entonces.
Este año, el canal Caracol lanzó una serie biográfica del general (r) Naranjo, lo que lo llevó, casi inevitablemente, a hablar de su vida en público. “El país sabe que enfrenté de inmediato la situación, y mi primera decisión fue hacerla pública. Juan David estuvo 33 meses en prisión en dos ciudades alemanas y cuando volvió, entre la tristeza, reconoció que se había equivocado en materia grave. Hoy, por fortuna, está rehaciendo su vida de manera digna y honorable”, le dijo Naranjo a El Tiempo. Cuando le preguntaron si le habría contado al presidente Duque -la vicepresidenta Ramírez admitió no haberlo hecho-, Naranjo contestó: “Claro que sí”.
El general (r) Naranjo dejó saber del destino que había corrido su hermano en mayo de 2006. Un mes antes había salido a flote otro episodio parecido que también involucraba a un hombre de la confianza del entonces presidente Álvaro Uribe: José Obdulio Gaviria. En abril de ese año se supo, por revelaciones de medios de comunicación, que Luis Mario y Jorge Fernando Gaviria -hermanos de quien por esa época era el asesor presidencial más importante- fueron detenidos en Estados Unidos en 1983 por cargos relacionados con narcotráfico. (Senador de FARC auxilió a José Obdulio Gaviria tras sufrir un desmayo)
Ninguno de los dos alcanzó a ser condenado, pero tampoco niegan haber sido detenidos por tráfico de estupefacientes. Ambos regresaron a Colombia para rehacer sus vidas, Luis Mario Gaviria como sociólogo y su hermano Jorge Fernando como piloto. Cuando el tema se hizo público, José Obdulio Gaviria los defendió, resaltó que el hecho había ocurrido más de dos décadas atrás y aseguró que sus vidas, luego de sufrir ese gran revés, habían sido reconstruidas con éxito. La sombra del narcotráfico para Gaviria, quien es hoy senador por el Centro Democrático, es más grande aún: es primo del abatido capo Pablo Escobar Gaviria.
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