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Los colombianos suelen estremecerse por historias tan atroces como recurrentes. Uno de esos casos es el de María del Pilar Hurtado, ocurrido en 2019, el cual saltó a los noticieros y periódicos nacionales por una imagen imborrable: el llanto desesperado de un pequeño niño afrodescendiente, quien gritando, pateando el suelo y golpeando las puertas de una casa de Tierralta, Córdoba, lamentaba el asesinato de su madre, a quien sicarios le dispararon tres veces. Era Hurtado, quien lideraba un proceso de invasión en unos lotes, donde particularmente también quedaba un predio del padre del entonces alcalde Fabio Otero. Este último está otra vez en carrera política, para el período 2024-2028, pero la justicia le está pisando los talones.
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La Procuraduría llamó a juicio a Otero y, en pocas palabras, se comprometió a sancionarlo con castigos de la talla de una inhabilidad para ejercer cargos públicos por meses o años. La hipótesis que construyó la Procuraduría, y que conoció El Espectador, apunta a que Otero habría omitido sus funciones al dejar desprotegida a la víctima, contra quien, al parecer, el Clan del Golfo emitió una amenaza en un comunicado días previos al asesinato. Para llamarlo a juicio, la Procuraduría recopiló una serie de pruebas. Unas para determinar la condición de liderazgo de Hurtado. Otras para conocer las acciones y presuntas omisiones de Otero. Y, como lo revela este diario, los testimonios con los que cuenta la Fiscalía para su propia pesquisa penal contra el exalcalde.
Uno de los testimonios es de Francisco Pérez*, entrevistado el 2 de julio de 2019 (dos semanas después del crimen) por una fiscalía especial de esclarecimiento de homicidios de Montería. Pérez era miembro del Clan, estaba vinculado a un programa de protección de testigos y aseguró conocer las entrañas del bloque Juan de Dios Úsuga. Aseguró que un comandante regional, alias el Primo, le dijo que el entonces alcalde de Tierralta (Otero) se contactó con un hombre de seguridad del grupo criminal, ya que “siempre ese alcalde le ha pedido favores a la organización”. Explicó que un criminal, alias Cepillo, aseguró que el alcalde estaba apurado “ahora que le invadieron unos terrenos”. Y que el nombre de quien tenía “revolucionado” el sector era el de “María, alias La Chatarrera”.
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Un mes antes del asesinato Hurtado agrupó a centenares de ciudadanos de Tierralta para invadir un predio de 14 hectáreas, cercano, justamente, a la zona de invasión más grande del municipio: el 9 de Agosto. En esa zona marginal Hurtado vivía con sus cuatro hijos, junto con su esposo Cristo Berrío, quien se dedicaba al reciclaje. El proceso de invasión consistía en delimitar, con cuerdas, unos lotes pertenecientes a particulares, entre ellos Fabio Leomar Otero Paternina, padre del entonces alcalde y hoy candidato. El 30 de mayo de 2019, 21 días antes del asesinato, el Clan del Golfo expidió un comunicado declarando objetivo militar a casi una decena de personas, quienes específicamente estaban relacionadas con esa invasión. Entre ellas “la gorda hpta mujer del chatarrero”.
El testigo Pérez, además, reveló un detalle hasta ahora inexplorado: que Hurtado, supuestamente, estaba “cobrando plata a los que tienen los terrenos a nombre de la organización”. Eso habría enfurecido a los líderes del Clan de la región, a tal punto de que enviaron a María Gómez Isidro, alias Paraca Loca, para amenazar a Hurtado personalmente. Fue condenada a 22 años de prisión y, según la hipótesis, fue quien suministró la ubicación de Hurtado a los sicarios. Otro testigo, señalado como una “fuente no formal”, se acercó el 23 de junio de 2019 a la Unidad de Investigación Criminal de Tierralta y aseguró que los determinadores del crimen fueron padre e hijo de los Otero, y que contaron con la ayuda de un empleado del hospital San José del municipio.
El testigo Manuel Benicio Sotelo también era miembro del Clan del Golfo. Declaró el 16 de enero de 2020 ante la Fiscalía y fue asesinado en agosto de ese año, en una oleada criminal del mismo grupo armado en los Montes de María. En su testimonio mencionó que “el comandante Fleimar nos dijo que había hablado con el señor Fabio Otero Avilés, alcalde de Tierralta, y que le había dicho que había una plata extra para que nos la ganáramos. Que le había dicho que había $180 millones para hacer salir a la gente que estaba invadiendo la tierra del señor Fabio Otero Paternina, que es el papá del alcalde. (Y que) si tocaba matar a alguien para que saliera la gente de las tierras, total era que temíamos que hacer que la gente saliera de las tierras invadidas…”.
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La Procuraduría no precisó la calidad de testigo de Eliud Herrera Lara, no obstante, ante la Fiscalía, mencionó conocer las reuniones privadas de jefes del Clan del Golfo en Córdoba, como Pulla, el 70, Alfonso, Pito, Zarco, Tico o Niño Grande. En una de esas reuniones, señaló el testigo, un líder conocido con el alias de Tierra explicó que tenían línea directa con el alcalde de Tierralta y que, si él no respondía, ellos hablaban con el “viejo Otero”. Ante la pregunta de por qué asesinaron a María del Pilar Hurtado, respondió: “A ella la mataron por sapa y por revoltosa, y eso fue un favor que le hicieron al viejo, quien es el papá del actual alcalde de Tierralta”. A pesar de tener todos estos testimonios, la Fiscalía no ha imputado penalmente a Otero, o a su padre.
“En los pueblos lo que más abunda, incluso más que el agua, es el chisme”
El Espectador le preguntó al alcalde Otero su respuesta contra los testimonios que lo incriminan. Así respondió: “Eso son rumores. Nadie puede decir que me reuní o algo. Uno lamenta la muerte de esta señora (María del Pilar Hurtado). Pero no la conocí, en mi vida la había visto. No sé quién era. Me entero del asesinato cuando estoy en Barranquilla en vacaciones con mis hijos. Ninguno afirma absolutamente nada. Es lo que se dice. En los pueblos lo que más abunda, incluso más que el agua, es el chisme. Y si eso lo tomaran como medianamente cierto, no se trataría de una omisión, sino de una acción. Y eso cambiaría el proceso y demostraría torpeza jurídica en la forma en que se emitió el pliego de cargos (el llamado a juicio disciplinario)”.
Cuando se le preguntó si podría asegurar públicamente que jamás se reunió con los supuestos miembros del Clan del Golfo que se mencionan en el pliego, respondió: “Totalmente. 100%”. Con respecto a su diligencia para proteger a Hurtado, explicó lo siguiente: “Aparece un alias de una ‘gorda mujer del chatarrero’. Empezamos a buscar con la Policía, pero era imposible por un alias saber quién era. Y de María del Pilar nunca existió una denuncia de que ella estaba siendo amenazada, o se acercó a la Policía, a la Alcaldía. No hay nada de eso. ¿Cómo saber que ella era supuestamente la ‘gorda’ cuando ella es una persona delgada? En el panfleto, si no estoy mal, aparecían ocho nombres. Se llamó a la Unidad Nacional de Protección y a todos ellos”.
María del Pilar Hurtado y su condición de lideresa
Cuando la Procuraduría dio a conocer el llamado a juicio contra Otero, aseguró que “por primera vez un alcalde es acusado disciplinariamente por no haber protegido a la lideresa social asesinada”. En diálogo con El Espectador, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, agregó que “quedó probado que (Hurtado) reunía un grupo de mujeres que lideraban restitución de tierras” y que “sin, duda alguna, esto marca un hecho histórico y un hito”. Y agregó: “Estamos con un grupo especial de abogados disciplinarios impulsando este y otros 13 procesos que tenemos por afectaciones a líderes y defensores de derechos humanos, en los que habría funcionarios públicos por acción, omisión y extralimitación de funciones”.
En su llamado a juicio, la Procuraduría argumentó que Hurtado era una lideresa, ya que, durante las invasiones, “ejercía un liderazgo dirigido a que una parte de esa población tuviera acceso a un lote de terreno y a una vivienda”. En sus cuentas, podría ser considerada una “defensora del derecho fundamental a la vivienda digna”. No obstante, para el director del Indepaz, Camilo González, es al menos “raro” un liderazgo durante acciones ilegales, ya que el delito de invasión está tipificado en el Código Penal en su artículo 263. González precisó que un líder social es quien se destaca como “vocero o defiende los derechos de una comunidad, organización o colectividad y son reconocidos públicamente por sus bases sociales y organizaciones”.
En el mismo pliego de cargos, la Procuraduría consignó el testimonio de Manuel del Cristo Berrio, esposo de Hurtado, quien aseguró que la víctima no pertenecía a ninguna agremiación que luchara por los derechos humanos y que, según el panfleto relacionado con ella, la descripción expresada no era de su esposa porque ella era delgada. El Ministerio Público incluyó también el testimonio de Óscar Salum, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio 9 de agosto, quien agregó que Hurtado no era parte de las reuniones locales y que “no ejercía ningún tipo de liderazgo en Tierralta”. A su vez, Joel José Arrieta, secretario de la red comunitaria en la cual se ayuda a los niños del barrio, manifestó, según el expediente disciplinario, que él, por su cargo, se reunía con líderes sociales de la región. No obstante, María del Pilar Hurtado jamás asistió a esas reuniones.
Según las evidencias de la Procuraduría, María del Pilar Hurtado no era una lideresa agremiada o reconocida por instituciones oficiales. Sin embargo, Verdad Abierta encontró que fue parte de organizaciones de víctimas en Puerto Tejada, Cauca, donde estuvo a la cabeza de un proceso de madres comunitarias cabeza de hogar. Y en Córdoba lideró a centenares de vecinos y vecinas para demarcar unos predios, los cuales invadieron y que pertenecían a distintas familias, incluida la del entonces alcalde Otero. Los testimonios son incriminadores, sin embargo, a pesar de que la mayoría datan de 2019, la Fiscalía no ha vinculado formalmente a Otero a un proceso penal. La Procuraduría se comprometió a sancionarlo, mientras que el político sigue liderando las encuestas en Tierralta.
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