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La trata de personas, además de ser un crimen de alto impacto, es un negocio redondo en Colombia. En un país cuyos ciudadanos sobreviven en permanente vulnerabilidad, en constante tránsito de migrantes y con un Estado débil ante las organizaciones criminales, el comercio y la explotación de personas tiene todas las condiciones dadas para ser exitoso, y ser fuente y aportar mano de obra para la financiación de los armados. Prueba de ello son los casos de grupos criminales de zonas de frontera, quienes ofrecen falsas promesas de trabajo a mujeres, quienes son captadas en hostales, despojadas de sus documentos y obligadas al trabajo sexual, para pagar deudas injustamente impuestas por hasta US$ 4.000.
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Estas son algunas de las conclusiones que se pueden leer en el último informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc), basado en datos hasta ahora desconocidos del Ministerio del Interior. Otro de los hallazgos es igual de escabroso: la trata de personas presenta los peores índices en una década. La investigación revela que Colombia es el epicentro mundial de la trata de migrantes con fines de trabajo forzoso y de colaboración con las económicas ilícitas. Se trata de extranjeros que buscan el denominado sueño americano y que, al transitar por Colombia, son presas fáciles de grupos que ofrecen servicios de viaje y hospedaje, a cambio de que transiten con mercancía ilegal, como cocaína u oro de origen ilícito.
Aunque las autoridades conocen este fenómeno, dice el documento, su respuesta ha sido escasa. De acuerdo con el informe, en la última década, las autoridades judiciales y policiales del país han permitido un incremento sostenido en los casos de trata de personas. Según registros oficiales, el número de víctimas identificadas pasó de 88 en 2015 a 416 en 2024, lo que representa un crecimiento del 373%. Este aumento, por un lado, significa que el delito se está cometiendo con más intensidad, pero también representa avances en los mecanismos de denuncia e identificación. “Entre 2020 y 2024, el crecimiento promedio anual fue del 34 %, triplicando el ritmo observado en los cinco años anteriores”, indica el informe.
En este momento, la finalidad de la trata de personas más identificada en el mundo es el de la explotación laboral, superando por lejos a la explotación sexual, que hace una década predominaba globalmente. Sin embargo, para el caso colombiano, el panorama no ha cambiado. “El 70 % de los casos identificados entre 2020 y 2024 están asociados a explotación sexual”, se lee en el informe, una cifra que no solo refleja una realidad persistente, sino también posibles limitaciones institucionales para identificar otras formas de trata. Además, el 91 % de las víctimas de esta modalidad son mujeres, una tendencia que concuerda con los patrones globales”, agrega el informe.
Ahora bien, la trata de personas con fines de trabajos forzados representa el 17 % de los casos identificados en Colombia en los últimos cuatro años. El informe señala que estos números pueden explicarse por la normalización de condiciones laborales abusivas o por la dificultad para distinguirlas de formas de explotación aceptadas socialmente. Luego de ello, en menor proporción, se presentan los casos de servidumbre, la mendicidad ajena o el matrimonio servil. La Unodc encontró que la región Andina concentra el 65 % de los casos, con Antioquia y Bogotá como epicentros del fenómeno. Solo Medellín, en 2024, reportó 855 niños, niñas y adolescentes víctimas de exploración sexual.
Trata de personas y conflicto armado
En diálogo con El Espectador, Rocío Urón, investigadora sobre trata de personas para el cono sur de la Unodc, agregó que “la trata de personas puede ser fuente de financiación de organizaciones criminales de diferentes formas. Por una parte, las organizaciones pueden controlar directamente las actividades asociadas a la trata de personas, por ejemplo, siendo los dueños de los lugares de explotación. Por otra parte, pueden ofrecer ‘servicios’ a otras actividades criminales: por ejemplo, llevar personas para explotación sexual en campamentos de minería ilegal. Pero, además, pueden estar aislados de la explotación y, sin embargo, cobrar por servicios de protección a los lugares donde realizan esa explotación”.
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Asimismo, la trata de personas opera en los territorios como herramienta de control social en zonas donde el Estado no tiene presencia integral. La explotación sexual y el trabajo forzado se integran a economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, lo que hace de este delito un desafío que, para el Estado, debe abordarse manera compuesta. Por otro lado, la experta agrega que la trata es atractiva para las redes criminales dado su bajo nivel de identificación. En palabras del informe, su carácter clandestino y la invisibilidad de muchas de sus modalidades dificultan la denuncia, la persecución penal y la judicialización.
“Esta combinación la convierte en una economía ilícita de alta rentabilidad y bajo riesgo para sus perpetradores”, concluye el informe. La investigadora Urón añade que “se ha naturalizado la explotación sexual o que se aprovechen del trabajo no remunerado y mal pago de los migrantes, principalmente porque son delitos que son difíciles de reconocer. Por otra parte, cuando son cometidas por grupos de crimen organizado, el miedo y la presión hacen que las personas no denuncien ante las autoridades”. Una situación en la que, puntualiza la experta, las víctimas de trata de personas en Colombia quedan atrapadas en ciclos de explotación difícilmente detectables por las autoridades.
La capital
Bogotá también es un “foco crítico” en el marco de la trata de personas. Dado que la capital alberga a más de 580.000 migrantes, lo que representa el 20 % del total nacional, sumado a tasas de informalidad laboral (37,1 %) y pobreza monetaria (23,7 %), esta zona representa un entorno propicio para la captación de personas en situación de vulnerabilidad. “Las mujeres jóvenes, migrantes y desplazadas son las principales víctimas”, se lee en el análisis. El delito se camufla entre ofertas de empleo, asistencia humanitaria y promesas de regularización migratoria. Y, luego de ello, las víctimas terminan realizando trabajos forzados o cayendo en redes de explotación sexual.
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Entre la minería ilegal y la extorsión
La Unodc expone que, además del narcotráfico, la minería ilegal ha sido una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados en Colombia. Según la Comisión de la Verdad, esta actividad ha facilitado el despojo de territorios, especialmente aquellos habitados por comunidades afrodescendientes dedicadas históricamente a la minería artesanal. En estos contextos, donde la presencia estatal es débil, se han consolidado redes de trata de personas y explotación sexual, que afectan en particular contra mujeres, niñas y migrantes, obligadas a participar en economías ilícitas bajo coerción y violencia.
Estas prácticas se suman, agrega la investigación, al uso sistemático de la extorsión como método de control social y territorial. Los grupos ilegales imponen pagos conocidos como vacunas o cuotas a comerciantes, transportadores y trabajadores informales, logrando, así, un régimen económico paralelo que fortalece su presencia armada. “Es un mecanismo para disciplinar a las personas que no obedecen a las órdenes que imparten. Esto significa que no solo la trata les representa recursos, también se convierte en una herramienta para controlar a la población”, concluye Urón.
Las conclusiones
Ante ese contexto en constante crecimiento, el estudio de la Unodc plantea una serie de recomendaciones al Estado colombiano. En primer lugar, invita a las entidades del gobierno nacional y las locales a incluir el fenómeno de la trata de personas como una categoría relevante en el análisis del conflicto armado interno, para visibilizar su papel como economía ilícita y forma de violencia sistemática. Esto requiere, señala el documento, una articulación entre Estado, academia y sociedad civil para avanzar en, primero, su comprensión, y luego la prevención y judicialización. A la Fiscalía le recomendó fortalecer las estrategias de análisis financiero para develar la relación entre la trata de personas y el lavado de activos.
En el marco de la paz total, una de las banderas del gobierno Petro, el informe recomienda incorporar la trata de personas como un eje de discusión en escenarios de diálogo y negociación. “La explotación ha sido una forma de victimización en el conflicto armado”, se lee en la investigación. En este contexto, la Unodc le hizo un llamado al gobierno para que fortalezca las capacidades institucionales y locales, de tal manera que las administraciones municipales tengan recursos para formular planes y políticas públicas que tengan efectos. Entre tanto, Colombia seguirá siendo epicentro de trata de personas y un caldo de cultivo para que los armados se aprovechen de los ciudadanos vulnerables.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhoan Sebastian Cote
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