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A la Corte Constitucional le quedó una tarea pendiente el pasado miércoles 5 de mayo: discutir sobre la nulidad contra una tutela que ganó el coronel Carlos Alberto Padilla, quien ante un juez de Apartadó (Antioquia) y ante la misma alta corte logró proteger el derecho al buen nombre de la Brigada 17 del Ejército. Quienes pretenden tumbar esa tutela, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, esperan que durante la presente semana se incline la balanza a su favor y, por consiguiente, puedan seguir denunciando presuntas alianzas entre la fuerza militar y los paramilitares en el departamento. (Comunidad de paz de San José de Apartadó ha denunciado amenaza paramilitar todo el año)
“La sentencia sobre la cual se solicita la nulidad, a la luz de la jurisprudencia de la misma Corte Constitucional, pretende proteger lo inexistente”, explicó la Comunidad de Paz de Apartadó en su petición. Según con los solicitantes, organizados desde marzo de 1997, no puede ampararse el derecho al buen nombre cuando históricamente fueron vulnerados por el paramilitarismo y con el aval, precisamente, del Batallón Contraguerrilla N° 33 de la Brigada 17 del Ejército. En mayo de 2019, la Corte Suprema de Justicia condenó a seis militares por participar en la masacre de ocho personas en Aparató, el 21 de febrero de 2005. Tres de las víctimas eran niños.
La reciente disputa legal entre la comunidad y la Brigada 17 del Ejército se debe a la publicación de ocho comunicados, entre el 28 de febrero y el 29 de agosto de 2018, en los cuales se denunció a militares y a funcionarios públicos como presuntos colaboradores de los “paras”. Así se evidencia en el texto “Complicidad de los brazos caídos”: “(…) Es claro que en el casco urbano de San José de Apartadó los paramilitares están conviviendo con el Ejército y la Policía de manera armónica, pues allí hay una fuerte presencia de paramilitares que a diario están extorsionando y sometiendo a las víctimas al silencio”. (Los crímenes desconocidos de San José de Apartadó)
La comunidad acusa a la Brigada 17 del Ejército como “protectora” de los paramilitares, tal como lo confirmó la Corte Suprema de Justicia en 2019. La alta corte explicó que, en 2005, casi 300 soldados adscritos a ese batallón “aceptaron patrullar la región” con las Auc, al tiempo que los victimarios torturaron, desmembraron y abandonaron en fosas comunes a los ocho campesinos. Tanto la Corte Constitucional, la Corte IDH y la CIDH se han pronunciado sobre los constantes señalamientos entre los militares y la comunidad de Apartadó. Guerrilleros y paramilitares, así se ven los unos a los otros.
El coronel Carlos Padilla inició acciones legales contra la Comunidad de Paz de Apartadó el 27 de septiembre de 2018, luego de ver vulnerado el buen nombre de su brigada en las publicaciones. Padilla argumentó que la información “no tiene ningún tipo de fundamento”, dado que se basa en hechos “falsos, erróneos, tergiversados y tendenciosos”. Para el militar, la organización está desconociendo la real labor de la Brigada 17 del Ejército en la región del Urabá antioqueño y, además, solo intentaría generar “zozobra y terror en la población civil”. En menos de dos semanas el Juzgado Segundo Promiscuo de Apartadó aceptó el reclamo de Padilla.
“Se presenta una vulneración de los derechos al buen nombre y la honra cuando a través de un medio de comunicación se difunde información que no corresponde a la verdad o que presenta una versión parcializada o incompleta de los hechos, de manera que se afecte a una persona en su imagen o reputación”, explicó el juzgado. Sin embargo, tanto la Defensoría como el magistrado José Fernando Reyes insistieron en que la Corte Constitucional revisara la tutela. ¿El resultado? El pasado 21 de agosto, la alta corte dio la razón al coronel Padilla, dado que la comunidad está creando un “imaginario” que no está respaldado en decisiones judiciales en firme. (Masacre de San José de Apartadó, otro caso en manos de la JEP)
Sin embargo, cuando la Comunidad de Paz de Apartadó recibió la decisión de la Corte Constitucional, el pasado 4 de noviembre, encontró una sorpresa: no estaba el salvamento de voto del magistrado Antonio José Lizarazo. Es decir, uno de los jueces del alto tribunal no estuvo de acuerdo, pero sus razones no le fueron notificadas a la organización. “Mutila el conocimiento íntegro de la sentencia y sus disensos”, escribió la comunidad en su escrito de nulidad. De nuevo subrayó que la brigada de Padilla no gozaría, bajo ninguna circunstancia, de buen nombre. “Tiene buen nombre quien lo ha adquirido merced a su buena conducta”, explicó citando un fallo de la Corte Constitucional de 1995.
Para la comunidad no sería justo que la mayoría de magistrados de la alta corte no tuvieran en cuenta el contexto histórico de la región. Alegaron que no tiene sentido que el Clan del Golfo pinte con grafitis las casas del casco urbano de Apartadó, cuando al mismo tiempo está protegido por una base militar de la Brigada 17 del Ejército. “Los hechos criminales ocurridos a plena luz del día y en medio de la presencia militar en veredas, caminos y calles son reales o son producto de la ficción”, plasmó en la acción de nulidad. Por último, reprochó a la Corte Constitucional por privilegiar del derecho al buen nombre sobre el derecho a la libertad de expresión.
A esa misma conclusión llegó, por ejemplo, la ONG internacional Media Defense en un pronunciamiento del pasado 16 de abril. En un texto que allegó a la alta corte, invitaron a proteger a los grupos que realicen aportes en la lucha contra la impunidad. “El accionante (la Brigada 17 del Ejército) debe adoptar un mayor umbral de tolerancia ante las críticas en su contra, sobre todo teniendo en cuenta el contexto histórico de su accionar”, concluyeron. Dos abogadas especialistas en derecho internacional humanitario, de quienes este diario protege su nombre, aportaron al debate que el Ejército ha sido históricamente señalado por colaborar con los paramilitares.
La Red Internacional de Derechos Humanos, desde Ginebra (Suiza), allegó a la alta corte un escrito indicando que la Comunidad de Paz de Apartadó es una entidad defensora de derechos humanos y merece protección reforzada por parte del Estado. La Clínica Jurídica por la Justicia Social, de la Universidad de Valencia (España), alega que las ocho publicaciones son de alto interés público y, de otra forma, difícilmente podrían denunciarse posibles vulneraciones a la comunidad. Asimismo, la Comunidad de Paz de Apartadó cuenta con más de una decena de pronunciamientos, desde España, Reino Unido, Italia y Colombia, a favor de tumbar la tutela del coronel Padilla. El tema está en el primer lugar de la agenda de la Corte para el próximo 13 de mayo.
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