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“Me obligaron a arrodillarme frente a ellos y humillarme pidiendo una disculpa”. De esa manera, Magaly Cisneros, comunera del Resguardo Indígena de Ipiales, contó en una tutela el trato que recibió por parte de sus superiores en el cabildo luego de que una reunión para elegir al nuevo “padre o madre enlace” culminara en desórdenes que fueron castigados con latigazos. De ahí que, a través de un recurso que ahora llegó hasta la Corte Constitucional, pide proteger su dignidad humana, igualdad, libre expresión, debido proceso y libertad de reunión.
En diálogo con El Espectador, Cisneros manifestó que su intención es que exista igualdad en el resguardo, así como también “abolir el maltrato que nos dan a las mujeres y que se imparta justicia”. La líder indígena relató en la acción de tutela que todo empezó un domingo de enero de este año, cuando se citó a toda la comunidad para elegir al “padre o madre enlace”, autoridad que tiene como función adelantar labores administrativas respecto del programa Familias en Acción en su comunidad. Durante la asamblea de elección, asegura Cisneros, hubo irregularidades.
Según explicó, los comuneros que presidían la reunión ya tenían los nombres de las personas por quienes debían votar. Ante esa situación, varias mujeres, entre ellas Cisneros, pidieron la palabra para demostrar su descontento, pero no se la dieron. Cuenta que, aunque había más de 1.000 personas que se oponían a la designación, la madre enlace fue elegida con 200 votos y se cerró la sesión. Una madre cabeza de familia con un bebé en brazos se acercó a la mesa, tomó el acta y la rompió a modo de protesta. Los 23 comuneros, según Cisneros, tomaron “represalias y la empujaron”.
Las mujeres al ver esa situación se abalanzaron para defenderla. “Fue ahí que los 23 hombres de la corporación sometieron con sus látigos a las mujeres y empezaron a atacarlas, como se evidencia en varios videos”, añade la acción de tutela de Cisneros. Días después fue citada al cabildo. A su juicio, lo hicieron de una manera irregular, pero decidió cumplir la citación. El padre enlace, que para la época de los hechos era Jesús Benavides, y tres mujeres más, entre ellas Cisneros, fueron citados para aplicarles un castigo siguiendo “usos y costumbres”, según les dijeron.
La sanción consistía en darles latigazos por haber alentado y promovido el desmán. Por eso, en su tutela, la mujer asegura: “El abuso de poder que estoy dando a conocer es evidente, puesto que se aprovechan de su investidura de autoridades indígenas para tomar decisiones arbitrarias y pasar por encima de los comuneros y miembros de especial protección por el Estado. Somos sometidos por el miedo que nos provocan y con la sanción que me impusieron fue un claro mensaje para la comunidad que no tenemos la libertad de expresarnos en ningún sentido”.
Ahora bien, cuando todo estaba preparado para que recibieran como castigo tres latigazos, la comunidad intervino. Varias personas, incluida la abogada que acompañó a Cisneros a presentar la acción de tutela, intercedieron para que no fueran sometidos físicamente y, finalmente, lograron que las mujeres pidieran perdón de rodillas, mientras que el padre enlace no corrió con la misma suerte y recibió tres azotes. Cisneros dijo en la tutela: “Lo que hacen conmigo es una persecución política, toda vez que pertenezco y soy líder de un grupo político diferente”.
En primera y segunda instancia, los jueces que conocieron el expediente dijeron que la acción de tutela era improcedente. En uno de los fallos se lee: “No era el mecanismo idóneo sancionatorio para los miembros de las comunidades indígenas, pues dichas sanciones deben ser impuestas con base en los usos y costumbres, la Legislación Indígena, la Ley Natural, el Derecho Mayor y la Jurisdicción Especial Indígena, garantizando el respeto al debido proceso”. Entre otras cosas, los jueces tuvieron en cuenta los argumentos que presentó el gobernador del resguardo, Carlos Hualpa.
El líder indígena dijo que no existió irregularidad en la elección. En un documento que allegó a los jueces y que también conoció este diario, el gobernador explicó que la deliberación que cuestiona Cisneros se llevó a cabo de manera transparente. Según el gobernador, “el derecho al voto es libre y cada comunero ejerció su derecho sin ningún tipo de constreñimiento”. De otro lado, añadió que los miembros de su comunidad no emprendieron acciones violentas, pero ante el actuar de varios integrantes sí se aplicaron castigos de acuerdo con sus usos y costumbres.
Finalmente, Cisneros denuncia en su tutela que el gobernador y las demás autoridades “se mofan diciendo que ellos son completamente autónomos en sus decisiones y que nadie, ninguna autoridad jurídica del Estado, los contraría”. Y añade: “estamos dentro de una dictadura”. El espinoso tema le corresponde ahora al magistrado Alejandro Linares. Tras estudiar el caso, debe determinar si le da la razón a Cisneros y sienta un precedente sobre los castigos que les imparten a las mujeres, o si se suma a la extensa línea de jurisprudencia de la Corte, que ha protegido la autonomía indígena.
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