Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
“Soy un joven con buenos valores, éticamente muy bien formado, de una familia muy conservadora. Nunca hubo una mala intención en tener esos contratos”. Con estas palabras Carlos Julián Caicedo Cano, pareja del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, se defendió en un expediente en el que ya le formularon cargos. Según estableció la Procuraduría, siendo servidor público firmó otro contrato con una entidad del Estado, lo cual está prohibido por la ley. Una declaración que contrasta con las graves acusaciones que recientemente hizo el empresario Johny Giraldo, examigo de la pareja, quien denunció negocios turbios en Ecopetrol, millonarios pagos en efectivo en cajas de cartón y señalamientos de que quien manejaba a la sombra la contratación de la empresa más grande del país era el joven de 34 años. Giraldo dejó constancia de que, si algo le pasaba, los responsables serían Caicedo y Roa.
(En contexto: Cómo Ecopetrol llegó a su momento más crítico en medio del caso de Ricardo Roa)
De ese tamaño es la sombra que ronda al exgerente de la campaña Petro Presidente y a su pareja sentimental. En el caso de Ricardo Roa, ya con una imputación a cuestas por presunto tráfico de influencias y otra pendiente por la presunta violación de topes en las cuentas de la campaña de 2022. Aunque ambos se han declarado ajenos a cualquier irregularidad, el testimonio que le entregó Jhony Giraldo al periodista Daniel Coronell el 18 de marzo pasado cobra una relevancia mayúscula en el marco de las graves revelaciones que la prensa ha venido destapando desde que Ricardo Roa llegó a Ecopetrol en abril de 2023. Giraldo fue el encargado de remodelar el lujoso apartamento ubicado en un exclusivo sector del norte de Bogotá, cuya compra y millonaria adecuación tiene hoy en apuros a Roa. Según su versión, por ese trabajo le pagaron COP 2.000 millones, pero no Ricardo Roa, sino el fallecido empresario William Vélez.
Quien le llevó la plata a Giraldo en septiembre de 2024 a una finca en Rionegro (Antioquia) fue el abogado Hernando Ballesteros, una persona de entera confianza de Ricardo Roa. El periodista Coronell publicó un documento firmado por el abogado Ballesteros en el que este asegura que recibió ese dinero de parte de Franky Ramírez, muy cercano a William Vélez. Lo que dijo Giraldo es que a través de esa triangulación le cancelaron sus servicios como remodelador del ostentoso apartamento 901. Además, se quejó de que le pagaran esa plata en efectivo en cajas de cartón, insistió en que ese tipo de negociaciones nunca se cancelan así y que ese negocio coincidió con el pago que le hizo Ecopetrol al grupo empresarial de William Vélez por USD 42 millones por las plantas de generación de energía de Termomorichal. En palabras sencillas, el examigo de Roa y Caicedo aseguró que la remodelación se pagó con el negocio de Termomorichal.
(Le puede interesar: Ricardo Roa y Ecopetrol: los seis episodios para entender la crisis (Parte 1))
Giraldo ya declaró en la Fiscalía por estos hechos y sostuvo en la entrevista radial: “El presidente de Ecopetrol es Julián. Ese hombre es el que toma las decisiones (…) Recién empezado Ricardo en Ecopetrol, Julián Caicedo se sentaba con Victoria (Sepúlveda) mientras Ricardo y yo almorzábamos a tomar las decisiones de quién entraba y quién no a Ecopetrol (…) Si algo me pasa a mí, a mi familia, a mi entorno, es el señor Julián Caicedo Cano y Ricardo Roa Barragán”. Victoria Sepúlveda Ballesteros es la vicepresidenta de Talento Organizacional de la petrolera y, según Giraldo, sobrina del abogado Hernando Ballesteros, el mismo que le entregó COP 2.000 millones en la finca de Rionegro en 2024. Con otra particularidad: el abogado Ballesteros fue el que acompañó a la diligencia de versión libre que tuvo Carlos Julián Caicedo en la Procuraduría el 21 de junio de 2024 por el episodio de sus contrataciones públicas.
Es decir, las fechas coinciden con tres momentos clave de este enredo judicial: el negocio de Termomorichal, la remodelación del apartamento de Roa y Caicedo y la representación de Ballesteros como abogado de confianza de la pareja del presidente de Ecopetrol. Dada la magnitud del escándalo sobre el posible desangre de la estatal petrolera y el supuesto direccionamiento de contratos, en los que también terminó salpicado el coronel en retiro, Juan Guillermo Mancera, amigo personal de Roa, Caicedo y Johny Giraldo, el expediente por el cual hoy está siendo investigado Carlos Julián Caicedo Cano parece insignificante. El 4 de junio de 2025, la Procuraduría le formuló cargos tras constatar que tuvo dos contratos al tiempo con el Instituto Universitario Pascual Bravo y el Instituto Nacional de Vías (Invías), lo cual sería una falta disciplinaria, pues era funcionario público cuando suscribió el segundo contrato.
La génesis de ese expediente fue una investigación de La Silla Vacía que documentó las fechas, los detalles de los contratos y los acuerdos que firmó Caicedo en enero de 2023, tres meses antes de que Roa aterrizara en Ecopetrol. Según los documentos oficiales, el 23 de enero de ese año Caicedo firmó un contrato de prestación de servicios por casi COP 26 millones con la Institución Universitaria Pascual Bravo de Medellín, donde tendría injerencia el entonces alcalde Daniel Quintero, aliado del petrismo. Su trabajo consistía en asesorar a la entidad en la ejecución de un convenio con la Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad. Al día siguiente de firmar ese contrato, suscribió otro con el Invías para asesorar a su director de asuntos técnicos y se mantuvo allí durante dos meses. Ese escenario es el que provocó la investigación disciplinaria y los cargos formulados.
Fue en ese contexto que Carlos Julián Caicedo Cano rindió versión libre ante la Procuraduría. Esa diligencia fue conocida por El Espectador y tiene varias perlas. Ante la procuradora Helga Díaz, y como ya se dijo, junto a su abogado Hernando Ballesteros, la pareja de Roa arrancó diciendo al ser preguntado cuál era su estado civil: “Eh, comprometido”. Seguidamente contó que era administrador de negocios internacionales y que toda su vida laboral la había hecho en el sector privado. “En el año 2022 me fui del país a estudiar inglés a San Francisco (Estados Unidos). Me fui por una crisis que había tenido, un tema de ansiedad y depresión, y me fui con el objetivo de estudiar y salir del bucle”, relató. Luego explicó que para hacer ese viaje renunció a la compañía en la cual ejerció como jefe de compras durante dos años. Se trataba ni más ni menos que de Termomorichal, la misma del negocio que benefició a William Vélez.
(Lea también: Ricardo Roa y Ecopetrol: los seis episodios para entender la crisis (Parte 2))
Con otra conexión ya conocida: Vélez también fue jefe de Ricardo Roa cuando el hoy presidente de Ecopetrol gerenció la Empresa de Energía de Honduras en 2016. De vuelta a la declaración de Julián Caicedo, el investigado sostuvo que tras su regreso al país en junio de 2022, “ya con un nivel de inglés avanzado”, empezó a tocar puertas. Ya entonces había ganado Gustavo Petro la Presidencia y era vox populi que quien llegaría a Ecopetrol era Ricardo Roa. Más allá del futuro laboral que se le abría a Roa, Caicedo quería labrarse su propio camino, pero “no se me presentaron las oportunidades, hubo unas dos o tres de donde me llamaron, pero el salario no me daba para mis gastos personales”. Fue ahí que empezó a mirar trabajos fuera de Bogotá. “Conversando con mi pareja sentimental, Ricardo, en el mes de octubre (2022) le digo: ‘Ayúdame y empecemos a tocar puertas para mirar dónde puedo enviar mi hoja de vida’”.
Y agregó que Roa le sugirió que empezara a buscar ofertas laborales en Medellín. “Empiezo a hablar con mis amigos y a enviar hojas de vida. Mi sueño era trabajar en Nutresa, pues venía de trabajar en consumo masivo, conocía ya a Nestlé, pero no se dio la oportunidad”, manifestó Caicedo. A principios de noviembre de 2022, lo contactaron del Instituto Pascual Bravo, le pidieron su hoja de vida y le dijeron que iban a iniciar el proceso de contratación, de acuerdo con su perfil profesional. Caicedo Cano explicó que cumplió con todos los formalismos y que incluso se percató de que ese tipo de procesos laborales con el Estado eran demasiado engorrosos, pero llegó diciembre de ese año y nada que lo llamaban, así que siguió tocando puertas, otra vez en Bogotá, y “como tengo expertis en la parte logística dije: ‘¿Por qué no meterme en el rubro de transporte?’, entonces mandé mi hoja de vida al Invías”.
De acuerdo con Caicedo, llegaron las fiestas de fin de año, pero en el Invías nadie le daba razón de su trabajo. Se fue de vacaciones a visitar a su familia al Valle y el 23 de enero de 2023, por fin recibió una buena noticia: el Instituto Pascual Bravo le dijo que sí y, sin pensarlo, suscribió digitalmente ese contrato. “Yo tenía unos contactos que había realizado en Silicon Valley durante los meses que estuve estudiando inglés. Tuve la oportunidad de conocer a gente que trabajaba en Google, Microsoft, Meta”, dijo, y detalló que su idea era incentivar el fortalecimiento empresarial de las Pymes y jóvenes emprendedores en Medellín. Al mismo tiempo lo llamaron del Invías para que empezara su contrato en Bogotá como asesor y firmó con la entidad un día después de comprometerse con el Pascual Bravo, el 24 de enero de 2023. Quien dirigía el Invías en ese momento era Juan Alfonso Latorre.
Según contó La Silla Vacía, Latorre llegó a ese alto cargo por una recomendación expresa que habría hecho Ricardo Roa a la Presidencia y allí fue a parar su pareja apenas unas semanas después. Esa doble condición de contratista y servidor público tiene a Carlos Julián Caicedo Cano en un juicio disciplinario. Según él, solo recibió COP 1.800.000 del Pascual Bravo como honorarios por la única semana en la que trabajó con ellos, y además en marzo de 2023 también renunció al Invías. El mundo de lo público sencillamente no era para él, explicó. Y a la Procuraduría le dijo lo siguiente para defenderse: “En mis 12 años de vida profesional, nunca he tenido antecedentes disciplinarios ni judiciales ni investigaciones. Siempre me he destacado por ser un buen joven ejemplar en la parte laboral con mis compañeros y en la parte personal también. He tenido muy buenas referencias”.
(En contexto: Así está Ecopetrol frente a otras petroleras en medio de los escándalos de Ricardo Roa)
Y añadió: “Siempre me he ganado los trabajos por méritos propios, en entrevistas, por buenos resultados, y en todos los trabajos nunca me han echado, siempre he sido yo quien ha renunciado porque he encontrado una mejor oportunidad. Éticamente he tenido una muy buena hoja de vida teniendo cargos en temas de gestión de compras y manejando presupuestos muy grandes para multinacionales como Nestlé”. En ese momento, haciendo referencia al problema legal que tiene hoy, manifestó: “Para mí este tema impactó mi salud mental, algo que venía trabajando (sic) por la parte de inteligencia emocional a través de la ansiedad y depresión. Pero bueno, son parte de la experiencia que le ayuda a construir en el día a día”. Por último, relató que tras su accidentado paso por el servicio público decidió emprender con unas amigas en una veterinaria. “Amo los animales, tengo dos gatos y me encantan. Voy a empezar en eso”.
Al final, el abogado Hernando Ballesteros recalcó que su cliente no solo era un joven emprendedor, sino que quien se había equivocado aquí era el Estado y no él. Según dijo, el sector público tenía la obligación de verificar si su cliente tenía o no una inhabilidad. Y concluyó, para reforzar su teoría: “En este caso no se dio (esa verificación), no sé si fue por falta de experiencia de la gente de personal o de incorporación, pero yo he sido funcionario público y a mí cuando me voy a posesionar, publican mi hoja de vida y me hacen una serie de averiguaciones y me dicen: ‘Qué pena, Hernando, usted no se puede posesionar porque tiene una inhabilidad e incompatibilidad”. Además, recalcó que Carlos Julián Caicedo siempre tuvo la disposición de devolver el dinero que le pagó el Pascual Bravo. En síntesis, a pesar de la prohibición expresa de la norma, para el abogado Ballesteros aquí no pasó nada grave.
Más allá de este caso particular en el que está siendo juzgado disciplinariamente Carlos Julián Caicedo, su versión sobre este capítulo contractual parece un caso intrascendente en comparación con la tormenta judicial que acecha a Ricardo Roa en la Fiscalía y a él mismo, aunque todavía no está siendo formalmente investigado. Las declaraciones que ya le entregó a esa entidad su examigo Johny Giraldo aumentan las sospechas que desde hace años rondan sobre su posible intervención en la contratación de Ecopetrol y en negocios multimillonarios. Si bien en su testimonio sostuvo que es “un joven con buenos valores”, Giraldo lo contradice y lo señala de ser uno de los protagonistas de la crisis en Ecopetrol, junto a Roa, con quienes solía departir en cenas, viajes y eventos sociales. El Espectador buscó a Caicedo y a su abogado Ballesteros, pero solo el primero contestó un cuestionario vía correo electrónico.
En sus respuestas, insistió en que no ha tenido ningún tipo de injerencia en la contratación de Ecopetrol y calificó como infundadas las acusaciones en su contra. “No tengo ni he tenido vínculo contractual, laboral o de asesoría con Ecopetrol, por lo que no he participado, ni directa ni indirectamente, en decisiones de esa compañía”, aseguró. Sobre los señalamientos de su examigo Johny Giraldo, quien lo ubicó como un actor clave en la toma de decisiones dentro de la estatal, fue enfático: “Esa afirmación es completamente falsa y carece de sustento”. También negó haber intervenido en reuniones o procesos internos: “Nunca he participado en reuniones donde se discutieran contratos, nombramientos o decisiones relacionadas con Ecopetrol”. En su versión, cualquier intento de vincularlo con decisiones estratégicas responde a interpretaciones sin respaldo fáctico.
El empresario también se refirió a los episodios concretos que han alimentado las sospechas en su contra, incluyendo su paso por Termomorichal y los supuestos pagos en efectivo relacionados con la remodelación de un apartamento. “Mi vinculación con Termomorichal finalizó en diciembre de 2021, mucho antes de los hechos que hoy son objeto de cuestionamiento”, afirmó, al tiempo que subrayó que su rol fue “estrictamente interno”. Frente a las versiones sobre pagos por COP 2.000 millones, respondió: “No tengo conocimiento alguno de pagos de esa naturaleza ni he participado en hechos relacionados con esa afirmación”. Sobre su relación con el abogado Hernando Ballesteros, señalado en ese episodio, indicó que es “un abogado cercano a mi entorno familiar”, cuya labor ha sido exclusivamente jurídica. Y concluyó, de manera categórica: “No tengo ningún poder de decisión ni influencia en Ecopetrol”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más