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Sobre una canasta, Raiza Isabela Salazar arroja con cuidado unas papas que sembró en la huerta de su hogar. Lo hace con turbante y vestido de colores pasteles, en una entrevista otorgada a la Presidencia. Ella, mujer trans de la tercera edad, cumplió en 2001 el sueño de tener esa casa propia en Dagua (Valle). Pero la dicha no duró. Raiza Isabel Salazar, desde entonces, recibió el constante rechazo de vecinos y mayordomos del condominio. Que abandonara el pueblo o la mataban, le decían. La agredieron con disparos, con heces de animal. Salazar soportó cuatro años esa situación, tuvo que dejar de cultivar sus plantas y, como les pasa a las víctimas de la guerra, su única salida fue huir y comenzar una lucha que apenas hoy ve sus frutos con el ofrecimiento de disculpas y el mea culpa del Estado.
En el marco de una solución amistosa entre Raiza y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), Colombia ofreció excusas por la omisión de las autoridades judiciales en atender los reclamos. Por no mover un dedo a pesar de que esta mujer exigía frenar la transfobia que sufre casi a diario, tal como la suelen padecer personas trans en Colombia. “No contamos ni para la sociedad ni para el Estado. Nos dejan abandonados y tirados a la deriva. Quisiera que no se arrodillaran ante mí, sino ante todas nosotras: negritudes, población gay e indígenas. Es muy importante que el Estado pida perdón, agradezco que sea a mí. Pero el perdón debe ser para todas”, dijo Raiza en el video. No habló en público por razones personales.
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Solamente este 2024, seis años después de que el caso fuese admitido en el sistema interamericano y más de 20 desde la primera amenaza contra Raiza, llegó una luz de justicia. La Agencia llegó a un acuerdo con la víctima para reconocer responsabilidad, pero únicamente por fallar en las garantías y la protección judicial de esta mujer trans, y no por otros derechos como a la libertad de expresión. “El Estado reconoce su responsabilidad internacional por la falta de adopción de medidas, específicamente por no haberle dado garantías judiciales. Al Estado le asistía la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables que vulneraron sus derechos fundamentales. Y, la verdad, llegamos tarde”, explicó el director encargado de la Agencia, Jhon Jairo Camargo.
El caso Raiza Salazar
Los vecinos de Raiza Salazar han hecho de su vida una historia de terror. La mujer ha reclamado su derecho a permanecer con tranquilidad en el hogar que libremente escogió y, a cambio, recibió un ataque con balas de salva que le disparó un vecino en 2005. Impactaron su cabeza y le comprometieron un ojo, lo que la obligó a desplazarse de su propia casa por cuatro años. En 2009, Salazar regresó al hogar y acudió a la Fiscalía y a la Personería de Cali, con la denuncia: “Se han dedicado a hacerme la vida imposible”. La transfobia de sus vecinos llegó a tal punto que le tiraban basura y heces de caballo en la puerta de la casa. Autodenominados guerrilleros y paramilitares se subían a su techo para gritarle que la matarían si no se iba.
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Pero no se fue. Como dice la semblanza que su comunidad entonó durante esta ceremonia de reconocimiento de responsabilidad, “Raiza Isabela Salazar aún resiste. Aún les dedica una sonrisa a sus visitantes. Aún los recibe con ternura”. Sin embargo, al tiempo que se oponía a salir de su hogar, esperaba una respuesta de la justicia. Pero jamás llegó. Lo máximo que recibió fue una respuesta de la Procuraduría, en la cual se le indicó que su denuncia fue tramitada como una contravención que debía resolver autoridades de Policía y no como una pesadilla sistemática de amenazas y atentados en su contra. Al final, su caso ha quedado en el olvido de las denuncias a las que la Fiscalía apenas si conoce.
Mientras Raiza Salazar repartía condones y apoyaba como pudiera a mujeres trans en prostitución, la justicia seguía sin darle respuestas. Ante ese silencio, defensores de derechos humanos presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Contextualizaron su petición de investigar al Estado en la “violencia que sufren las personas trans por parte de particulares, así como de agentes estatales”. Solicitaron la investigación contra el país por haberle fallado en la garantía de siete de sus derechos, entre ellos a la vida y la libertad de pensamiento y expresión. En 2018, la CIDH admitió el caso y, desde entonces, Colombia tenía la posibilidad de negociar una solución amistosa con la víctima que se materializó en esta ceremonia.
En-raizadas: la historia de Raiza es la de todas
Raiza Salazar, estilista y modelo, conocida por sus amigas de la Fundación Santamaría como “una mujer resiliente”, es ahora un símbolo de justicia para la población trans en Colombia. Renata Jank Vivas, activista de esta organización, que defiende el acceso y garantía de los derechos humanos y constitucionales de las personas trans, dice que “Raiza fue quien caminó para que otras podamos estar aquí vivas. De alguna manera, con su legado avanzamos hacia la transformación de esa realidad que sigue siendo tan violenta con las personas trans”. Así pues, con imágenes y un acto cultural, las historias de resiliencia trans alcanzan este 19 de marzo una visibilidad internacional a través del caso de Raiza, la siempre sonriente.
Aunque en el centro de la reparación simbólica está Raiza Salazar, el ejercicio de perdón también mencionó las violencias estructurales y sistemáticas a las que históricamente han sido sometidas las mujeres trans. A corte de 2023, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, Colombia es el segundo país latinoamericano donde más homicidios contra la población LGTBIQ+ se registraron, solo detrás de Brasil. A nivel mundial, el país ocupa el cuarto puesto. Cifras de la Defensoría del Pueblo establecen que, durante 2023, 26 mujeres transgénero fueron asesinadas en Colombia en contexto de crueldad y sevicia. La entidad, de otro lado, acogió a 197 víctimas que denunciaron múltiples tipos de violencia, en su mayoría la psicológica y la física.
Cuando se agrede a una mujer trans, se mata lo que se considera diferente. Se mata una expresión del género que, en su diversidad, se sale del molde binario de los sexos. En 2023, por ejemplo, la corporación Caribe Afirmativo y otras redes de organizaciones sociales recopilaron un registro de 26 mujeres trans que fueron asesinadas. Por cifras como estas es que la Fundación Santamaría celebra el ejercicio de reparación con expectativas frente al mejoramiento de las condiciones, el gozo y la garantía de los derechos humanos, como aquellos que le fueron negados a Raiza Salazar, para toda la población trans. Lo que en palabras de Déborah Skenassy, describiendo a Raiza, es “nombrarse y ser quien es: una mujer libre, que camina por las cordilleras dejando huellas indelebles”.
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