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Ser parte del ala “liberal” de la Iglesia católica, esa que profesaba su fe desde la teología de la liberación, que conformó el grupo Golconda y que, a toda costa, era percibida como “comunista”, les costó la vida a decenas de hombres y mujeres a lo largo y ancho del país, especialmente por cuenta de la expansión paramilitar. Así lo señala un informe de 139 páginas entregado por la Mesa Ecuménica por la Paz a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad hace unos días, en el cual le piden al organismo que tenga en cuenta a quienes fueron asesinados, desaparecidos o partieron al exilio solo por pertenecer a la llamada Iglesia de los Pobres (IP).
“Los sectores más retardatarios de la Iglesia catalogaban a la teología de la liberación y a la pastoral que acompañaba esta teología como heterodoxa, impura, una teología manipulada e instrumentada por las izquierdas. Especialmente, el caballito de batalla era que la teología de la liberación hacía (uso) del marxismo para hacer análisis sociales, y como el marxismo era ateo, entonces la teología de la liberación acudía a un recurso espurio, no legítimo, de una herramienta que no se podía usar en la Iglesia porque provenía de sectores ateos”, se lee en el informe que en nombre de la Comisión de la Verdad recibió, justamente, un hombre de la Iglesia: el jesuita Francisco de Roux, presidente del organismo.
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Satanizar a religiosos liberales no ocurrió solo en Colombia. Un ejemplo claro es el de un hombre declarado santo por el Vaticano en 2018. En la guerra civil de El Salvador, monseñor Óscar Romero habló fuerte desde el púlpito en contra de los abusos que cometían las fuerzas militares de su país, de las desigualdades, de la vida dura de los campesinos. Para 1979, Romero ya era persona non grata en el Vaticano. Es famosa su anécdota de cómo viajó hasta Roma en mayo de 1979 y, una vez allí, le tocó “mendigar” una audiencia con el papa Juan Pablo II, reconocido por su anticomunismo. “Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: ¡cese la represión!”, dijo antes de que una bala penetrara su pecho el 24 de marzo de 1980 y apagara su vida.
En Guatemala fue similar. En el informe que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico lanzó en 1999 se lee que “aunque el número de ejecuciones arbitrarias de sacerdotes católicos fue menor en comparación al de catequistas, el efecto sobre los feligreses se multiplicó por la relevante posición del sacerdote en la vida de la comunidad. Los sacerdotes se involucraban con la comunidad, no solo en la esfera de lo estrictamente religioso, sino que trataban de aliviar materialmente la pobreza y el sufrimiento de la población, a la vez que alentaban a las personas a luchar por sus propios derechos”. Lo mismo que, de acuerdo con el informe elaborado por la Mesa Ecuménica por la Paz, ocurrió en Colombia.
“Al ejecutar al sacerdote, su congregación quedaba aterrorizada y desprotegida tanto en el orden material como en el espiritual”, se concluyó en Guatemala, nada lejos de lo que concluyó en Colombia la Mesa Ecuménica por la Paz: “(Los) hechos victimizantes de figuras claves de la IP generaron que las formas organizativas de las comunidades adscritas a este proyecto de Iglesia también fuera victimizado, desestimulando la formación de otras organizaciones. Se truncó el proyecto de Iglesia de los pobres en diversos procesos organizativos y se afectaron los procesos de organización de campesinos, sectores populares, comunidades cristianas y CEBS (comunidades eclesiales de base) en los territorios”.
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Ómar Fernández Obregón es uno de los ocho investigadores de la Mesa Ecuménica por la Paz que elaboraron este informe recién entregado a la Comisión de la Verdad. “Las fuerzas de seguridad vieron en la Iglesia de los Pobres el llamado enemigo interno. Eso llevó a que se desarrollaran ininterrumpidamente, por más de tres décadas, asesinatos y masacres”, le dijo a El Espectador. Fernández Obregón explica que, como las personas de la Iglesia ejecutadas eran muy reconocidas en los territorios y hacían parte de un movimiento católico y progresista, motivadas “a comprometerse con los sectores pobres de la sociedad”, los crímenes “estaban orientados a neutralizar su trabajo pastoral y social”.
El listado de víctimas del informe incluye 48 nombres, de los cuales 42 corresponden a homicidios. Allí figura, para empezar, monseñor Gerardo Valencia Cano, quien “regresó del Concilio Vaticano II convencido de que el evangelio realmente vivido requería de un mayor compromiso del clero”. Como obispo de Buenaventura trabajó con comunidades negras y fue “presionado, calumniado, estigmatizado (y) amenazado de sacarlo de su diócesis por obispos, miembros del clero de su misma comunidad religiosa, por el Estado y la ‘alta alcurnia social’”. Lo intimidaron y lo persiguieron hasta el 21 de enero de 1972, cuando la avioneta de Satena en que viajaba desde Medellín se cayó.
A Valencia Cano lo llamaban despectivamente el “obispo rojo”. Fernández Obregón explica que la persecución a los movimientos más liberales de la Iglesia católica fue el resultado de “una política agenciada desde Estados Unidos, que indicaba que las iglesias progresistas debían ser contrarrestadas”. Golconda —grupo del que hacía parte monseñor Valencia Cano— era, en palabras del historiador colombiano Álvaro Acevedo Tarazona, un intento de la Iglesia católica de ponerse a tono con los cambios sociales y políticos. Los sacerdotes que se reunieron bajo esa organización fueron llamados los “curas rebeldes” y si alguien se opuso a ellos, advierten el informe y el historiador Acevedo, fue Alfonso López Trujillo.
Decano de todos los cardenales católicos en Roma, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, candidato a papa, el cardenal López Trujillo tuvo gran ascendencia en la institución católica. Sodoma. Poder y escándalo en el Vaticano, un libro del filósofo francés Frédéric Martel lanzado este año en abril, recoge testimonios que cuentan que López Trujillo, además de exigir trato de rey y haber amasado gran fortuna, se relacionaba con grupos paramilitares y ante estos señalaba a los curas que hacían labor social en los barrios pobres. Esa versión la confirma, en el informe entregado a la Comisión de la Verdad, un sacerdote antioqueño que aseguró que su exilio y las amenazas que recibió tenían que ver con las “listas de muerte” del cardenal López Trujillo.
La lista sigue. Sergio Restrepo, jesuita, trabajaba con la población del Alto Sinú y San Jorge. Hizo pintar un mural en el que “se incorporó a la memoria de las torturas, violencias y muerte” que sufrió su antecesor en la parroquia de Tierralta, Bernardo Betancurt, al parecer en manos militares. Restrepo fue asesinado en 1989. Tiberio Fernández Mafla, párroco de Trujillo (Valle del Cauca), acompañó a organizaciones campesinas y de base en una época en que el cartel del Norte del Valle comenzó la conocida masacre de Trujillo. Hombres armados lo interceptaron en la vía de Tuluá a Trujillo, en abril de 1990, y lo mataron, así como a sus tres acompañantes, entre ellos su sobrina, que también fue torturada.
Esos son algunos de los casos más conocidos. Hay otros de más bajo perfil, en los que se cuenta que, por ejemplo, la víctima murió mientras adelantaba una jornada de vacunación. A un sacerdote se lo llevaron hombres armados luego de hacer bautizos en un corregimiento de influencia guerrillera y al mes se halló su cuerpo “semienterrado” en las montañas de los Montes de María, “con el cráneo destrozado por culatazos de fusil”. Otro más fue desaparecido forzosamente tras ser sometido a torturas en la casa de su padre y, 12 años antes de su desaparición, siete miembros de su familia fueron masacrados en un velorio por orden de un cabo del Ejército.
Está también, por supuesto, el caso que Tumaco no olvida: el asesinato de la hermana Yolanda Cerón. Según el documento, inició su trabajo pastoral en los 80 con niños de Nariño y luego llegó a la Pastoral Social de Tumaco, de la que fue directora entre los años 1994 y 2001. “Acompañó a los afrodescendientes de los consejos comunitarios de la Acapa, del Alto Mira, Frontera, Rosario e Imbilpi del Carmen, donde desarrolló un gran afecto hacia estas comunidades”, reza el reporte. Se volvió una denunciante incansable de los abusos y violaciones de derechos humanos en el municipio, tanto por parte de la Fuerza Pública como de paramilitares. El 19 de septiembre de 2001, un sicario descargó tres tiros sobre ella.
“Lo que esperamos es que la sociedad colombiana pueda conocer una realidad que ha estado oculta”, agrega el investigador del informe Ómar Fernández Obregón. “Que el Estado pida perdón a ese sector de la iglesia. Que se genere reconciliación. Hay que eliminar cualquier idea de persecución, trabajar por una sociedad más equitativa y justa. Crear las condiciones para el pensamiento diverso y crítico, en este caso desde lo eclesial”. Pues, como resume el informe que ahora tiene la Comisión de la Verdad en su poder, “el proceso de desestructuración de estas iniciativas (de cambio social), a raíz de la persecución de la Iglesia y los grupos armados, generó que muchos de los trabajos adelantados se perdieran y desaparecieran”.
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