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Fue en noviembre de 2007. Ya entonces la ola de denuncias de organizaciones de derechos humanos y de Naciones Unidas sobre la poca claridad de múltiples operativos militares en todo el país, en los que se reportaban muertos en combate, se había multiplicado, así como los informes de la sociedad civil que desmentían o ponían en tela de juicio la supuesta participación de los civiles muertos como integrantes de algún grupo ilegal. Ante ese panorama, el comandante de las Fuerzas Militares Freddy Padilla de León expidió la directiva 300-28 de 2007 mediante la cual redireccionó la medición de resultados operacionales. Según esta nueva orientación, se debían privilegiar “las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas y estas, a su vez, sobre las muertes en combate”. Así se trató de ponerle un freno de mano a un fenómeno criminal que hizo metástasis durante la comandancia del general Mario Montoya Uribe en el Ejército.
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Pero ni siquiera dicha directiva fue respetada por los subalternos del general Padilla. De hecho, de acuerdo con distintos reportes judiciales y, en particular, el informe de 302 páginas de la Fiscalía titulado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, enviado a la Jurisdicción Especial para la Paz hace un año, el pico de violencia de estos mal llamados falsos positivos se dio entre 2006 y 2008 y solo disminuyó dramáticamente a partir de octubre de 2008, cuando estalló el escándalo. Un episodio que, además, cobró las cabezas de 27 oficiales y suboficiales en una publicitada rueda de prensa que encabezaron el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el presidente Álvaro Uribe Vélez. Pocos días después de la purga pasó su retiro el general Montoya. Desde entonces el excomandante del Ejército ha estado bajo la lupa de la justicia. De hecho, el año pasado, la Fiscalía estuvo a punto de imputarle cargos por este caso. Pero cuando esa ruta estaba ad portas de materializarse, Montoya pidió pista en la JEP y hasta ahí llegó la competencia de la justicia ordinaria.
El Espectador conoció los detalles de esa imputación que no fue y los nombres y hechos que rodearon las muertes de un centenar de civiles presentados por el Ejército como positivos operacionales entre diciembre de 2007 y agosto de 2008. Es decir, después de la directiva 300-28 del 20 de noviembre de 2007 del general Padilla de León. La tesis que tenía la Fiscalía es que el general Montoya contrarió dicha directiva y, aun más, continuó promoviendo la política de resultados que privilegiaba las muertes en combate. En tal sentido, sería responsable de los crímenes perpetrados por sus hombres. La Fiscalía documentó 98 casos de víctimas de falsos positivos y dos NN (en total cien), en cuyos procesos ya hay sentencias ejecutoriadas en las que se probó la responsabilidad de agentes del Estado.
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Actualmente el expediente del general Mario Montoya está en la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP en el marco del caso 003 que investiga las ejecuciones extrajudiciales. Germán Romero, abogado de las víctimas, explicó que durante tres años ha venido reclamando, junto con sus representados, una imputación de cargos contra el oficial en retiro, que jamás se materializó. Aun cuando en la Fiscalía de Eduardo Montealegre se alcanzó a radicar una solicitud de imputación, esta súbitamente fue retirada. Y a pesar de los avances de los fiscales en tiempos de Néstor Humberto Martínez, tampoco se alcanzó a imputar. “La Fiscalía ha incumplido sus deberes”, sentenció Romero y añadió: “Teniendo cien casos identificados con ese mismo patrón es absurdo que no se haya imputado. Montoya siempre ha dicho que jamás dio órdenes ilegales y que solo pedía resultados. Pero en el expediente hay prueba exhaustiva de cómo Montoya únicamente exigía muertos”.
En la otra orilla está Andrés Garzón, abogado del excomandante del Ejército. De acuerdo con él, a Montoya jamás podrá probársele delito alguno y su llegada a la JEP se explica porque es el tribunal de cierre en materia de conflicto, no porque exista algún ánimo de reconocimiento de responsabilidad. “No conocemos a profundidad el estudio y nunca se nos permitió siquiera leerlo, pero de lo poco que se puede conocer es evidente que acudieron a las más descabelladas e inaplicables teorías para tratar de vincular al general Montoya con esas atrocidades. Dentro del desespero por sustentar una imputación imposible, olvidaron leer las directivas firmadas por el general Montoya posteriores a noviembre de 2007, que demuestran cómo se requirió que el 100 % de las operaciones estuvieran acordes con las instrucciones dadas en las pistas de derechos humanos por las que se hicieron los reentrenamientos de las tropas”, dijo Garzón.
El abogado agregó: “Y como esta directiva existe, muchas otras que fueron presentadas en los dos interrogatorios que obviamente no leyeron (en la Fiscalía). ¿Por qué acudir a estas excéntricas teorías para realizar la imputación? Porque no existe prueba alguna que demuestre una acción y mucho menos una omisión del general Montoya que diera lugar a estos reprochables hechos. Si esta era la base de la imputación, es apenas lógico que el fiscal general de la época no permitiera que un fiscal delegado ante la Corte y sus auxiliares fueran ante un juez a sostener semejante teoría, que no iba a ser más que un evidente prevaricato”. Por ahora el debate sigue abierto y el caso deberá dirimirlo la Jurisdicción Especial para la Paz. A continuación, la base de datos construida por la Fiscalía sobre el centenar de civiles asesinados por distintas unidades militares en todo el país. Son éstas las víctimas que pretendía acreditar la justicia ordinaria contra Montoya.
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Los nombres de las víctimas y el estado de las investigaciones
Francisco Segundo Salazar y Víctor Alfonso Pérez. Asesinados el 3 de diciembre de 2007 en el Cerro La Ahuyama, de Turbo, Antioquia. El soldado Óscar Enrique Brunal fue condenado por el delito de homicidio en persona protegida.
Daniel Suárez Martínez. Asesinado el 5 de diciembre de 2007 en Ocaña, Norte de Santander. Fue trasladada de Soacha a Ocaña. Varios soldados de la Brigada 30 están condenados por este crimen.
Jorge Luis Villanueva. Asesinado el 6 de diciembre de 2007 en el corregimiento Guatapurí de Cesar. El Tribunal de Valledupar condenó a tres militares de la Brigada 10. Según el fallo, la víctima era paciente siquiátrico. Le plantaron un revólver para simular un combate.
Camilo Andrés Valencia. Asesinado en Ocaña, Norte de Santander el 7 de diciembre de 2007. Es otra de las víctimas de Soacha. Un juzgado de Cúcuta ya dictó sentencia.
Juan Javier Manco Molina. Ultimado el 14 de diciembre de 2007 en Apartadó, Antioquia, por uniformados de la Brigada 17. Cinco soldados profesionales fueron condenados por el Juzgado Primero del Circuito de Antioquia. Se probó que lo asesinaron por presión de los comandantes y para que los militares accedieran a un permiso.
Luis Francisco Pamplona Imbacuen. Ejecutado el 16 de diciembre de 2017 en San Luis, Antioquia, por uniformados de la Brigada 14. Fue señalado de intentar robar una tractomula. Se probó que era sordo, mudo e iletrado. Fue condenado el teniente Giovanni Velasco Suárez.
Parmenio Manuel Hernández Anaya. Asesinado el 28 de diciembre de 2007 en la vereda La Poza, de Cantagallo, Bolívar. En 2015 un juzgado de Cartagena condenó al teniente Javier Danilo Páez, quien se acogió a sentencia anticipada, y a nueve soldados profesionales. Según el expediente, le plantaron un arma a la víctima que había sido incautada en otra operación. El objetivo fue mostrar un resultado para obtener un permiso en épocas de fin de año.
Yhon Soto Marín y John Fredy Herrera. Baleados en la vereda El Guamo de Manizales el 28 de diciembre de 2007. Un juzgado de Manizales condenó al teniente Juan Carlos Ostos por el delito de homicidio en persona protegida.
Jesús Hermides Quintana Balaguera. Asesinado el 29 de diciembre de 2007 en El Tarra, Norte de Santander por militares de la Brigada Móvil 15. El soldado profesional Walter Sosa se acogió a sentencia anticipada que profirió un juzgado de Cúcuta.
Edwin José Payares Bravo. Ultimado el primero de enero de 2008 en un corregimiento de Magangué, Bolívar. Un juzgado de Cartagena condenó por este hecho, entre otros, al coronel Luis Fernando Borja, a dos cabos y a cuatro soldados.
Édgar Fabián Cuello Granados. Asesinado el 5 de enero de 2008 en Duitama, Boyacá. Por este crimen fue sentenciado el sargento Óscar Darío Goyes por un juzgado de Santa Rosa de Viterbo en el año 2016.
Óscar Javier Ortiz (menor de edad), Israel Bastidas, William Hernández, Efrén Sánchez y José Danilo Mata. Asesinados el 6 de enero de 2008 en Colombia, Huila. Un soldado profesional fue condenado por este múltiple crimen.
Rodrigo Antonio Avilez Salgado. Ultimado el 8 de enero de 2008 en la finca La Juliana de Corozal, Sucre por militares de la Brigada 11. El coronel Luis Fernando Borja y ocho soldados profesionales fueron sentenciados por un juzgado de Sincelejo en abril de 2012.
Carlos Mario Ramírez Londoño, Héctor de Jesús Grisales y José Luis García. Asesinados el 11 de enero de 2008 en Barbosa, Antioquia, por hombres de la Cuarta Brigada. Ya fue condenado el coronel Róbinson González del Río, quien aceptó los cargos.
Faír Leonardo Porras Bernal. Ajusticiado el 12 de enero de 2008 en Ábrego, Norte de Santander por militares de la Brigada 30. Es otra de las víctimas de Soacha. Un juzgado de Cundinamarca condenó a un mayor, un teniente y varios soldados por este crimen. Porras tenía una discapacidad mental como consecuencia de una meningitis.
Julián Andrés Arroyave y Álvaro Hernán Díaz. Asesinados en Sabana de Torres, Santander, el 13 de enero de 2008 por uniformados de la Brigada Cinco. Un juzgado de Medellín condenó al subteniente Manuel Cuéllar y al sargento William García.
Elkin Gustavo Verano y Joaquín Castro Vásquez. Ultimados el 15 de enero de 2008 en la vereda El Salado, en Ocaña, Norte de Santander, por hombres de la Brigada 30. A ambos les ofrecieron falsamente trabajo y está condenado el civil Alexander Carretero por homicidio agravado y desaparición forzada en calidad de reclutador.
Éver Urquina Rojas. Ultimado el 17 de enero de 2008 en San Agustín, Huila, por militares de la Brigada Nueve. Un juzgado de Neiva condenó a un sargento y a cuatro soldados profesionales por homicidio agravado y desaparición forzada.
Humberto Antonio Zapata, ajusticiado en Segovia, Antioquia, el 19 de enero de 2008. Hombres de la Brigada 14 fueron procesados y condenados por homicidio agravado.
Carlos Andrés Orrego y Armando Areiza Echavarría. Asesinados en el sector El Tíbet de Don Matías, Antioquia, el 19 de enero de 2008. Un juzgado de Antioquia, en julio de 2016, condenó al coronel (r) Róbinson Javier González del Río.
Aldemar García Coronado, de 17 años. Ultimado el 23 de enero de 2008 en la finca Buenos Aires, de Agustín Codazzi, Cesar. La justicia condenó a un dragoneante, cuatro soldados y un civil. El menor fue engañado con una oferta de trabajo.
Israel González. Era el presidente de la Junta de Acción Comunal de San Antonio, Tolima. Asesinado el 24 de enero de 2008 en Chaparral. El Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá sentenció a cinco soldados por este homicidio.
Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto (menor de edad). Ajusticiados el 26 de enero de 2008 en Ocaña, Norte de Santander por hombres de la Brigada Móvil 15. Los sacaron de Soacha engañados. El teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón, el mayor Henry Blanco, dos sargentos, cuatro cabos y 13 soldados fueron condenados por este crimen.
Saleth de Jesús Caldera. Baleado el 29 de enero de 2008 en el corregimiento de Valencia en Sincé, Sucre. Un cabo segundo fue sentenciado por este caso, así como el coronel (r) Luis Fernando Borja.
Javier Leonardo Franco y Róbinson Antonio Trujillo. Ambos asesinados el 30 de enero de 2008 en Yondó, Antioquia. El coronel Wilson Ramírez, el capitán Javier Enrique Alarcón, el teniente Javier Páez y tres soldados profesionales fueron condenados por un juzgado especializado de Antioquia.
Daniel Alexander Martínez, Diego Armando Marín y Jaime Stiven Valencia, de 16 años. Fueron ajusticiados el 7 de febrero de 2008 en Ocaña, Norte de Santander por uniformados de la Brigada Móvil 15 según sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito de Cundinamarca y fue también sentenciado el reclutador Alexander Carretero. Los sacaron de Soacha.
Álex Hernando Ramírez y Darbey Mosquera Castillo. Baleados en la vereda La Jaba, de Manizales el 8 de febrero de 2008. El Tribunal de Manizales condenó a ocho militares y un civil por estas ejecuciones extrajudiciales por los delitos de homicidio y falsedad en documento público. Los engañaron con ofertas de trabajo y así los sacaron de Pradera, Valle.
Alber Augusto Lizcano y Juan Perdomo Claros. Asesinados el 15 de febrero de 2008 en Suaza, Huila. Un mayor, un cabo y ocho soldados fueron sentenciados por un juzgado de Neiva. Las víctimas tenían problemas mentales.
Ángel Gabriel Berrío. Ultimado por hombres de la Brigada 11 en San Benito Abad, Sucre, el 17 de febrero de 2008. La víctima era un campesino. Un juzgado de Sincelejo condenó en 2011 al coronel Luis Fernando Borja y a cuatro soldados.
Mario Alexánder Arenas Garzón. Ajusticiado el 21 de febrero de 2008 en Floridablanca, Santander. El Juzgado Segundo Especializado de Medellín sentenció en 2018 a dos sargentos, Manuel Cuéllar y William García, y a un soldado.
Argiro de Jesús Montoya. Fue asesinado en la vereda Las Brisas, en Urrao, Antioquia, en hechos acaecidos el 22 de febrero de 2008, por hombres del Batallón de Infantería Cacique Nutibara. Aquí fue sentenciado el civil Luis Norberto Serna, quien llegó a un preacuerdo con la justicia. Serna, como reclutador, le entregó a Montoya a los uniformados.
Gustavo Enrique Mapuro y Larry Mosquera Nagle. Ultimados el 22 de febrero de 2008 en la vereda La Honda de Montebello, Antioquia. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Antioquia condenó al coronel (r) Róbinson González del Río por los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir, falsedad en documento y peculado.
Julián Oviedo Monroy. Asesinado por hombres de la Brigada Móvil 15 en Teorama, Norte de Santander el 3 de marzo de 2008. Fue condenado el reclutador Alexander Carretero.
Daniel Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez. Asesinados por militares de la Brigada 15 en Cimitarra, Santander el 5 de marzo de 2008. Un juzgado de Bucaramanga, en marzo de 2014, sentenció al coronel Wilson Castro, un teniente y seis soldados profesionales.
Walter Rey Pesca, Jorge Benavides, Joiver Henao, Alexander Mota, Juan Carlos Perafán y Alix Amparo Insuasty. Ultimados en la vereda El Chuzo en Manizales, Caldas, el 5 de marzo de 2008 por militares. El civil Juan Carlos Arenas fue hallado responsable de servir como reclutador en este expediente.
Gerardo Castro Orozco. Ultimado el 7 de marzo de 2008 en Villanueva, La Guajira. Un soldado profesional aceptó el crimen.
Luis Evelio Ríos, Manuel Esteban Medina y Rondano Jiménez. Civiles asesinados el 8 de marzo de 2008 en San Juan del Cesar, La Guajira. Un soldado profesional adscrito a la Brigada 20 ya fue sentenciado.
Carlos Andrés Churi Llanos. Ajusticiado el 8 de marzo de 2008 en Buenos Aires, Antioquia. Un juzgado de Manizales condenó al capitán Edwin Javier Madroñero, quien llegó a un preacuerdo en abril de 2017.
Luis Carlos Cárdenas. Ultimado el 8 de marzo de 2008 en Yarumal, Antioquia, por militares de la Cuarta Brigada. En julio de 2016 fue sentenciado por este crimen el coronel Róbinson González del Río.
Mauricio Hernández Cuadrado. Asesinado el 12 de marzo de 2008 en Socotá, Boyacá. Un cabo primero y dos soldados profesionales fueron sentenciados por este hecho. La víctima trabajaba en el terminal de transportes de Tunja.
Luis Horacio Ladino Guarumo. El 19 de marzo de 2008, en hechos ocurridos en la vereda Campo Bijao, de Remedios, Antioquia, fue baleado. El subteniente Edwin Mauricio Chavarrio, el cabo Jovany Zapata y tres soldados fueron hallados culpables por un juez de Antioquia.
Jhon Mauricio Cadavid Carmona. Minero asesinado el 28 de marzo de 2008 en el Alto la Mica, en Segovia, Antioquia, por hombres de la Brigada 14. Nueve militares fueron condenados. A la víctima le robaron sus pertenencias de oro y sus victimarios obtuvieron un permiso por el supuesto resultado operacional.
Juan Camilo Vélez. Ajusticiado también el 28 de marzo de 2008 en el paraje Las Brisas de Santa Rosa de Osos, Antioquia. Por este hecho un juzgado de Antioquia sentenció al coronel Róbinson González del Río en julio de 2016.
Manuel Baldovino y José Manuel Caballero. En la vereda El vergel de Puerto Berrío, Antioquia, fueron baleados por hombres de la Brigada 14. Un juzgado de Antioquia aceptó un preacuerdo con el teniente Javier Páez, condenado por homicidio agravado y otros tres delitos. A las víctimas las uniformaron como paramilitares, les dieron armas de fuego y posteriormente las acribillaron.
Jean Pierre Londoño y Nelson Alberto Posada. El 9 de abril de 2008 fueron asesinados en la vereda Chorrera, en Barbosa, Santander. Por este crimen fue condenado el coronel Róbinson González del Río.
Henry González, Géner Alberto Álvarez y Jorge Hernández Cuartas. Todos baleados el 26 de mayo de 2008 en Ciudad Bolívar, Antioquia. El coronel Róbinson González del Río también resultó sentenciado en este caso.
Mauricio Ferney Gaviria Robledo. Ultimado el 7 de junio de 2008 en Puerto Berrío, Antioquia. En febrero de 2014 un juzgado de Antioquia condenó al teniente Javier Páez Herrera. Según la sentencia, “asesinaron a personas absolutamente ajenas a los actores delincuenciales que les atribuyen (FARC o bacrim) y las reportaron como bajas en combate. Todo, según las palabras de quien ofreció el interrogatorio, con el incentivo de satisfacer las políticas planeadas desde el comando de la Brigada y presentar resultados operacionales que reportaban beneficios distintos dependiendo del nivel y grado de cada militar involucrado”.
Martín Emilio Becerra, Eider de Jesús Pérez y Ferney Arcila. Todos asesinados en el sector de Yarumito, en Barbosa, Antioquia, el 12 de junio de 2008. El coronel Róbinson González del Río fue sentenciado por estas ejecuciones extrajudiciales en 2016.
Nixa Merbelis Martínez y Geovanny Zapata. Las víctimas fueron ultimadas en Pueblo Bello, Cesar, por militares adscritos a la Décima Brigada. Un cabo, un sargento y tres soldados fueron sentenciados.
Domingo Manuel de la Hoz, Arturo de Jesús Uribe, Alfonso López y Yuliana Cano. Asesinados en Guarne, Antioquia, el 17 de junio de 2008. Fueron engañados con una propuesta de trabajo. El coronel Róbinson González del Río fue condenado por este hecho en 2016.
Manuel Augusto Torres. Ejecutado en el corregimiento de Barcelona, en Calarcá, Quindío, el 29 de junio de 2008. El teniente Juan Carlos Ostos Cepeda fue sentenciado por este crimen en noviembre de 2014.
Aicardo Antonio Ortiz Tobón. Fue ajusticiado en Yondó, Antioquia, el 8 de julio de 2008. El teniente Édgar Flórez fue condenado por un juzgado de Antioquia por el delito de homicidio en persona protegida. Por este crimen fue condenado el Estado colombiano.
Miller Andrés Blandón, Juan Diego Martínez y Álvaro Ramírez. Asesinados en la vereda San Vicente, de Suaza, Huila, el 18 de julio de 2008. Un juzgado de Neiva sentenció a cuatro soldados por el delito de homicidio agravado.
Hermes Hernán Ramos, María del Pilar González y Arlet Peña. Baleados en Aquitania, Boyacá el 23 de julio de 2008 por hombres adscritos a la Quinta División. Según el proceso, una de las víctimas “se fugó de los militares” y denunció a la Fiscalía. Contó el testigo que un conocido de infancia le ofreció un negocio y cuando llegó allá los estaban esperando varios uniformados. Un civil fue condenado como reclutador.
Jaime Castillo Peña y Yonny Duvián Soto. Ultimados en la vereda San Antonio, en Bucarasica, Norte de Santander, el 12 de agosto de 2008. En la acción estuvieron involucrados militares del Batallón de Infantería Número 15 Francisco de Paula Santander. Y fue condenado el civil Alexander Carretero como reclutador.
Diego Alberto Tamayo, Víctor Gómez y Jáder Palacios. Ultimados por militares de la Brigada Móvil 15 el 25 de agosto de 2008 en Ocaña, Norte de Santander. Los sacaron engañados de Soacha y les ofrecieron trabajos para trasladarlos a Norte de Santander. Un juzgado de Cundinamarca condenó al coronel Gabriel Rincón y a 20 militares más por estas ejecuciones extrajudiciales.
*Y hay dos casos más, de dos NN: el primero encontrado en San Benito Abad, Sucre, en enero de 2008, hecho que reconoció el coronel en retiro Luis Fernando Borja; y otro más hallado en Cesar en marzo de ese mismo año.
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