“Las afirmaciones de la Procuraduría son absurdas”: Claudia Rincón, exfuncionaria de la DIAN

Como dos funcionarias idóneas para recibir un reconocimiento por la calidad de su gestión y por su servicio al país describió Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a dos mujeres que trabajaron durante su administración y a quienes la Procuraduría les abrió hace una semana pliego de cargos por supuestamente cometer una falta grave con culpabilidad gravísima. Su supuesto error: no haber ejecutado el 100% del presupuesto que tenían a su cargo en 2012. Se trata de María Elena Botero, directora de Gestión Organizacional de la DIAN, y Claudia Rincón Pardo, directora de Fiscalización de la misma entidad.

Según el documento en el que el Ministerio Público basó su decisión de formularles cargos, los problemas para Botero y Rincón comenzaron el 22 de julio de 2013. En esa fecha, la Contraloría presentó un informe en el que detallaba cuánto dinero había utilizado la DIAN en 2012 para su plan de inversión y cuánto había dejado de ejecutar. Los contralores que revisaron las cuentas que manejaban ambas funcionarias hallaron que en sus oficinas se dejó de gastar el 21% del presupuesto total, es decir, $38.525 millones.

Al revisar el informe, la Procuraduría decidió abrir una investigación preliminar el 31 de octubre de 2013, para averiguar qué pasó con el dinero. Dos años después, el Ministerio Público comenzó una investigación disciplinaria en contra de Botero y Rincón. El pasado 11 de marzo, el procurador delegado para la economía y hacienda pública, Rafael Guzmán Navarro, formuló pliego de cargos contra las funcionarias y calificó de una falta grave con culpabilidad gravísima el hecho de no gastar el 100% de los $179.998 millones de presupuesto.

Para la Procuraduría, “esta situación evidencia la falta de gestión para comprometer la totalidad de los recursos apropiados, por cuanto los mismos deben ser de resultado de una adecuada planeación de las actividades a realizar”. Además, el procurador Rafael Guzmán señala que la culpabilidad gravísima cometida por ambas funcionarias está justificada en el hecho de que supuestamente no hubo eficacia para optimizar el uso de los recursos y que habrían incurrido en dilaciones y retardos, sin justificación alguna, al no comprometer todo la plata a su cargo.

Claudia Rincón le explicó a El Espectador por qué dejó de ejecutar el presupuesto que tenía en sus manos, qué hizo con ese dinero y por qué cree que esta medida del Ministerio Público tiene un oscuro mensaje de intimidación a quienes, como ella, trataron de ponerle freno a la defraudación de impuestos en el país.

¿En qué se debía gastar la plata que no utilizaron en 2012?

En tres proyectos: la compra de unos escáneres de inspección, en la adquisición de un laboratorio de informática forense y en la contratación de nuevo personal. Comenzamos las averiguaciones para comparar los dos primeros proyectos. Tuvimos asesoría de una agencia norteamericana para que nos indicara cuáles eran los mejores escáneres que podíamos comprar según nuestras necesidades. Esa consultoría se demoró más de lo pensado y por eso no se compraron. Es más, todavía no existen en Colombia. Pasó algo similar con el laboratorio. Pedimos asesoría en la Dijín, pues ellos tienen una muy buena infraestructura, y nos guiaron en todo el proceso. Abrimos la licitación pero nadie se presentó. Fue en 2014, cuando por fin hubo proponentes, que se ejecutó el dinero pensado para el laboratorio.

¿Y cuál fue el problema con la contratación del personal?

Cuando Juan Ricardo Ortega llegó a la DIAN, se decidió que todos los empleados pasaríamos por una prueba de polígrafo, pues no cualquiera puede estar trabajando en una entidad que maneja los impuestos de todos los colombianos. Ahí se manejan miles de millones de pesos, no siempre con las mejores intenciones. Todos nos sometimos a la prueba. De 500 empleados que pasaron por el polígrafo, sólo 50 superaron el examen. No podíamos contratar a toda esa gente solamente por ejecutar el presupuesto que habíamos pedido. Eso habría sido una irresponsabilidad de nuestra parte. Es ahí donde uno empieza a pensar en qué es lo que quiere la Procuraduría: lo deseable es que se despilfarre la plata o gastarla como sea con tal de lograr el gasto de ese 100%. Eso no puede ser.

Finalmente, ¿qué pasó con esos proyectos?

Ya no trabajo en la DIAN. Estuve cinco años frente a la Dirección de Fiscalización. De lo que sé es que los escáneres no se han comprado y el laboratorio ya está en marcha. Nosotros no queríamos comprar cualquier cosa, queríamos tener lo mejor de lo mejor. Lo hubiéramos podido hacer, pero estábamos completamente convencidos de que podíamos lograr un cambio positivo en el tema de impuestos en el país. Ya estábamos cansados de ver tanta ilegalidad y que nadie dijera nada.

¿Qué pasó exactamente con esos $38.000 millones que no se gastaron?

Nada. Simplemente no salieron del Tesoro Nacional. Es importante tener en cuenta que yo nunca tuve el presupuesto en mis manos. Nosotros simplemente le pedimos al Ministerio de Hacienda las sumas de los proyectos cuando ya debemos pagar. Lo que pasó en 2012 es que no necesitamos el 100% de lo que habíamos pedido para el plan de inversión, pero esa plata jamás llegó a mis manos. No me he robado un centavo. Las razones por las que no se ejecutó toda la plata están documentadas. Yo voy a aportar cada correo electrónico y prueba que muestra que no se gastó, no por negligencia o ineptitud, sino porque no era lo mejor para la DIAN. Por eso no entiendo cuál es la falta tan grave que cometí. Yo estaba haciendo mi trabajo.

Además de los correos electrónicos, ¿cómo va a probar que no cometió ninguna falta?

Le pedí a la Subdirección de Contratación de la DIAN que le explique a la Procuraduría los problemas de contratación que se tenían en 2012 dentro de la entidad. No hay que olvidar que durante la administración de Juan Ricardo Ortega se logró detectar un esquema de lavado de activos y defraudación al fisco por medio de devoluciones ficticias de IVA en el que se vieron involucrados muchos funcionarios de la entidad. Y ese no fue el único hallazgo. Logramos identificar que grandes empresas y constructoras estaban robando identidades y creando perfiles falsos, y se detectó el sistema de defraudación de impuestos por medio de las exportaciones de chatarra.

Cuando la DIAN reveló esas investigaciones, la Procuraduría pidió todos los expedientes para que ellos fueran quienes investigaran a los funcionarios involucrados. ¿Qué ha pasado?

Ninguno se ha movido y la mayoría de ellos fueron cerrados por vencimiento de términos. Uno no sabe qué pensar. Pero que el Ministerio Público nos formule pliego de cargos podría ser una respuesta a la incomodidad de algún investigado. De lo contrario, es difícil entender que la Procuraduría haga semejante afirmación tan absurda.

¿A quién le pudo incomodar tanto su trabajo que ahora planearía una especie de venganza?

No me atrevo a decir nombres.