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Las decisiones que ha tomado el canciller Álvaro Leyva Durán en el espinoso caso de la licitación de pasaportes han carecido de fundamento “serio, razonable y debidamente argumentado”. Las palabras son de la Procuraduría General de la Nación y quedaron consignadas en un documento con el que el Ministerio Público tomó la decisión de suspender al alto funcionario del gobierno por tres meses y llamarlo a juicio disciplinario. Una decisión inusual para la entidad que dirige Margarita Cabello, que ya levantó polémica política y judicial por tratarse de uno de los hombres más cercanos del presidente Gustavo Petro y por las consecuencias disciplinarias que ahora enfrenta el veterano político por cuenta de un millonario proceso de contratación que sigue sin resolverse.
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Leyva Durán estará tres meses por fuera del cargo porque la Procuraduría considera que hay que “evitar la posible reiteración de las faltas que se le atribuyen”. En total, son dos que ya fueron calificadas por el Ministerio Público a título de dolo. El primer cargo tiene que ver con el hecho de que la Cancillería, en septiembre de 2023, declaró desierta la licitación para encontrar quién se haría cargo de la fabricación de pasaportes que, durante más de 16 años, ha manejado la compañía Thomas Greg & Sons. Ese negocio, que vale aproximadamente de $599 mil millones, estipula que la empresa contratada debe suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana.
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Para la Procuraduría, el canciller Leyva no habría tenido los “fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos” para declarar que no había nadie en la licitación capaz de asumir el contrato, lo que habría podido “transgredir los principios que rigen la contratación estatal”, explicó el Ministerio Público. Y el segundo cargo está relacionado con la decisión que tomó la Cancillería de anunciar una urgencia manifiesta, cuando decidió no seguir con el proceso de contratación pese a que, al parecer, sí había una compañía capaz de seguir con el contrato, los ya conocidos Thomas Greg & Sons. En medio del ir y venir de decisiones, también se sumó otra polémica: al parecer, la licitación estaba hecha a la medida de esa empresa y, por eso, no tenían competencia.
Las tres alertas
Entre las evidencias que recopiló la Procuraduría para suspender y llamar a Leyva a juicio hay tres indicios claves que, al parecer, el canciller no tuvo en cuenta para seguir con el proceso. La primera, que el comité estructurador y evaluador de la Cancillería, que participó de la licitación, revisó que las empresas que estaban interesadas en el contrato cumplieran con los requisitos. Además, evaluó las propuestas y esa calificación arrojó el máximo puntaje para una de ellas. Aun así, el canciller Leyva ha insistido en que no había un solo oferente que pudiera hacerse cargo del negocio. El segundo indicio es que la propia Contraloría le había hecho seguimiento a la licitación y, para agosto del año pasado, advirtió que declarar desierta la licitación podía tener repercusiones fiscales.
Y el tercero, que desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado le sugirieron a Leyva que realizara mesas de trabajo para buscar una solución, porque no había ninguna razón jurídica para declarar desierta la licitación. Con estas y más evidencias, la Procuraduría concluyó: “Las pruebas practicadas, demuestran que las decisiones del ministerio fueron adoptadas de manera unilateral, en contravía de las recomendaciones emitidas por los funcionarios que participaron en el proceso”. Con la decisión notificada a las partes y sin que Leyva se hubiera pronunciado públicamente, las reacciones políticas empezaron a inundar redes sociales y titulares. Desde el gobierno, la defensa es que la suspensión del canciller es una decisión más política que judicial.
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Esa es el discurso que será potenciado por la Casa de Nariño y sus partidos afines, que se van a sumar a la tesis de que desde ya se debe organizar la izquierda, autodenominada como progresismo, para no perder el poder en las presidenciales del 2026. Quien comenzó con esa narrativa fue el propio presidente Petro. “El cambio nos va a costar. Nos van a suspender ministros aquí y allá. Eso ya lo vivimos en la Bogotá Humana. No nos van a dejar gobernar y, pues claro, es la mentalidad de quienes acostumbrados a dejar la gente abandonada no quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular y democrático”, aseguró el mandatario tras conocerse la suspensión de Leyva.
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Fuentes del Pacto Histórico y de Presidencia le confirmaron a este diario que la baja es sensible para el gabinete, pues Leyva es una de las personas más jugadas con el proyecto político de Petro y que, por lo mismo, la instrucción es defender su idoneidad en todos los escenarios públicos y potenciar la narrativa de la persecución contra la actual administración. Aunque Leyva ya había sorteado una moción de censura, y el Congreso le alistaba otra precisamente por este escándalo de los pasaportes, el petrismo busca ahora rodearlo para evitar que la decisión de suspenderlo sea leída como un acto sustentado en un posible acto de corrupción. Entre las estrategias y movimientos políticos se mueve este episodio, cuyo capítulo en la justicia todavía está por conocerse.
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