Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Hace dos semanas, el caleño Andrés Escobar acudió a la cita que le puso la Fiscalía para imputarle cargos por haber disparado contra manifestantes en el paro nacional de la capital del Valle, en mayo de 2021. El hombre, que se ha hecho célebre en redes sociales por defender lo que hizo, estaba acompañado de su abogado, quien al final se fue dejando en punta la audiencia. Asimismo, en la diligencia se ausentó una persona más que ha sido central en el proceso para llevar a Escobar y a otros señalados de abusos en las protestas ante los estrados judiciales: el fiscal que llevó toda la investigación.
Lea: (AUDIOS): Esta es la imputación completa contra Andrés Escobar por tres delitos
Se trata del fiscal 94 de la Unidad de Derechos Humanos, Juan Carlos Oliveros. La audiencia de Escobar la hizo otro fiscal de apoyo. Pero Oliveros se ha ausentado más. Tampoco estuvo en la audiencia en la que se llamó a juicio al coronel de la Policía Édgar Vega y al teniente Néstor Mancilla, por homicidios cometidos durante el paro, al parecer, por hombres bajo su mando. Días antes faltó al juicio contra los policías señalados del homicidio de Javier Ordóñez, ocurrido en septiembre 2019, en Bogotá. A pesar de tener estos importantes expedientes a su cargo, el fiscal ha mantenido un perfil bajo en las últimas semanas por una razón que ha causado preocupación en instancias internacionales.
El fiscal Oliveros ha denunciado seguimientos, llamadas y personas extrañas rondando su casa. Amenazas. El funcionario judicial ha estado al frente de algunas de las principales investigaciones por la violencia que se registró en Cali en el paro nacional de 2021. Además del caso de Escobar y los demás civiles armados que salieron en Ciudad Jardín, y que el país vio por redes sociales, el fiscal lleva el caso de los oficiales Vega y Mancilla; investiga a algunos miembros de la Primera Línea en la capital del Valle que, al parecer, estarían detrás de algunos desmanes, y también está al frente de las pesquisas sobre las lesiones oculares sufridas de algunos manifestantes.
Lea también: Paro Nacional 2021: Dos oficiales irán a juicio por homicidios en Cali
A pesar de que investiga tanto a los civiles señalados de los destrozos que se vieron en Cali, como a varios miembros de la Policía que estarían detrás de los abusos cometidos, la primera amenaza que recibió el fiscal Oliveros lo acusaba de estar parcializado. Según la denuncia que instauró el funcionario, y que ya está en poder de la Fiscalía 16 de Intervención Temprana de Cali, el 15 de enero de este año recibió una llamada de un número desconocido, en la que le aseguraban que “solo se había dedicado a investigar policías” y que tuviera “cuidado”, porque su labor podría traerle represalias contra su familia.
Oliveros, inicialmente, no le prestó mucha atención a la amenaza. Con varios años en la Fiscalía, llevando procesos de derechos humanos, en los que generalmente hay de por medio organizaciones criminales o personas poderosas, no era la primera vez que recibía una. Pero esa llamada fue apenas el abrebocas de lo que estaba por venir. Después llegaron desconocidos preguntando por él en lugares que frecuentaba, vehículos que sospechosamente coincidían en los mismos sitios de la capital del Valle que el fiscal visitaba, entre otras situaciones que han puesto en alerta al ente investigador en la ciudad.
Antecedentes: Paro nacional en Cali: 13 homicidios, 34 heridos y una amenaza de bomba en un día
Las ausencias que ha tenido el fiscal Oliveros en procesos claves, según fuentes de la Fiscalía, han sido precisamente por este contexto de amenazas. Esas mismas fuentes explicaron que, cuando un fiscal denuncia hostigamientos de este tipo y pide protección, debe atravesar un proceso demorado y lleno de burocracia. De hecho, la resolución que reglamenta la protección para los funcionarios de la Fiscalía establece que, primero, deben someterse a un estudio de riesgo. De las conclusiones de ese análisis depende la medida de seguridad que les asignan: o les dan un esquema de seguridad, o los reubican a otra zona del país, o les quitan el proceso del que se piensa que surgió la amenaza. A Oliveros todavía no le han hecho el estudio.
“Cuando saben lo complejo que es el trámite, los fiscales lo dudan mucho antes de acudir a la Fiscalía para pedir protección”, explicó a este diario el presidente del sindicato de la Rama Judicial Asonal, José Freddy Restrepo, sobre la forma en que se asignan medidas de protección en el ente investigador. Y añadió que, cuando se le quita un caso a un servidor judicial tras concluir que la investigación es el origen del riesgo, no se soluciona el problema, sino que, en la práctica, se traslada el peligro al siguiente fiscal que tome el caso. Así, “si el programa de protección no es efectivo, se afecta la independencia del funcionario y se viola el derecho a la justicia de las víctimas”, aseguró.
Historias del paro: Buscando justicia por el asesinato de su hijo en el paro, padre terminó exiliado
Este diario supo que las amenazas en contra de Oliveros ya llegaron a oídos de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia, que ha pedido respuestas al Estado por los abusos y desmanes que se vivieron en el paro nacional. Según cifras que presentó la misión internacional, en todo el país se registraron 63 muertes durante el paro, el 71 % de las cuales ocurrieron en el Valle. En un informe publicado a finales del año pasado, le recomendaron al Estado “conducir investigaciones -penales y disciplinarias- independientes, imparciales, exhaustivas, efectivas y transparentes en relación con todas las denuncias de abusos de la Fuerza Pública ocurridos desde el 28 de abril”. Muchos de los procesos que apuntan a lograrlo serían la causa de las amenazas del fiscal que tiene en sus manos las carpetas de los expedientes. Por ahora.
Conoce más