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El gremio de vigilancia privada ha pedido por años que les permitan utilizar en sus servicios armas no letales. Este tipo de armamento, distinto a las armas de fuego y a las llamadas traumáticas, disparan proyectiles que no hacen mayor daño a quien impactan y son ampliamente utilizadas en otros lugares del mundo. Con la publicación del borrador con el que el Ministerio de Defensa busca restringir la circulación y el uso de armas traumáticas, el debate volvió a tomar fuerza.
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Nicolás Botero, director ejecutivo de Fedeseguridad, el gremio que representa a las principales empresas de vigilancia, seguridad y transporte de valores que operan en Colombia, le explicó a El Espectador las claves de esta discusión. Por ejemplo, en qué se diferencian las armas no letales de las traumáticas y por qué le piden al Gobierno que aproveche la oportunidad para reglamentar sobre este tema.
¿Por qué entraron al debate de la reglamentación de las armas traumáticas?
Yo aquí veo tres debates separados. El primer debate es el de las armas de fuego. Nosotros allí somos partidarios de que, entre menor número de armas haya en circulación y más controladas estén, mejor.
El segundo debate en el que sí intervenimos es el de las armas traumáticas, o de fogueo. Técnicamente, no son armas porque son réplicas a tamaño escala que disparan elementos que pueden generar traumas.
Pero en la literatura, ni en la reglamentación aparecen como tal. Sin embargo, si yo le pongo sobre el escritorio un arma de fuego y una traumática, y usted no es experto en armas, no sabe cuál es de fuego y cuál no. Entonces, los delincuentes se dan cuenta de que, si sacan una de estas armas, que no tienen restricción alguna y son mucho más económicas que las de fuego, y la saca contra una persona en la calle, la persona no se va a poner a preguntar: ¿eso dispara balas de verdad o de juguete? En algunos casos, las intervienen y las convierten en armas de fuego hechizas.
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Aquí, entonces, nuestra posición ha sido: sí, la reglamentación puede reducir el número de armas que hay en el mercado y para la Policía sí es más fácil su trabajo si hay menos armas. No es que mañana se van a acabar los problemas de seguridad en las sociedades, pero sí tendrá un efecto.
¿Y el tercer debate cuál es?
Las empresas de seguridad privada no usan armas traumáticas porque técnicamente no son armas. Pero sí creemos que hay una tercera categoría, que existe en otros países y está reglamentada, por ejemplo, en Estados Unidos y desde la OTAN, que es una categoría de armas llamadas: no letales. Esas armas hoy tienen un problema para su uso en la vigilancia de seguridad jurídica. Es decir, no es claro si las podemos usar o no porque la Superintendencia de Vigilancia las ha aceptado en algunas ocasiones como un medio tecnológico, como si fuera una cámara o un radio, y en otras no las ha aceptado.
La industria debe transitar hacia reemplazar las armas de fuego, porque para nosotros es muy importante disminuir todo lo posible las armas que hay circulando. Las armas no letales son anaranjadas, azules, o de otros colores; disparan proyectiles de pimienta y su principal característica es que están diseñadas desde su concepción para proteger la vida. Estas armas no pretenden generar un daño permanente.
¿Qué es lo que piden entonces?
Nosotros estamos de acuerdo en que se deben reglamentar las armas traumáticas y, además, le pedimos al Gobierno que permita que sean directamente las empresas las que determinen si la protección de sus clientes requiere un arma de fuego o una no letal. Hoy esto no está permitido, hoy el mundo es blanco y negro: solo se puede prestar el servicio con arma o sin arma.
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Algunos sectores del gremio de vigilancia dicen que las armas no letales pueden ser mejores que las de fuego para sus servicios, ¿por qué?
Cuando usted contrata un servicio de vigilancia lo que contrata es un profesional que le dice cómo reducir los riesgos de hurto, de atracos, de extorsiones. Y tienen en su poder distintas herramientas para administras esos riesgos: tecnología, recursos humanos, armas. Entonces, ese experto debería ser quién le diga cómo manejar ese riesgo y no una norma de hace treinta años (como el decreto que regula el porte de armas, que data de 1993). Las normas deben es fomentar el crecimiento de las industrias, no limitarlo.
Las armas no letales para la vigilancia privada son una urgencia. Los guardias no quieren matar a nadie con las armas, esa sería la primera previsión: solo buscan disuadir a los delincuentes. Además, el manejo de un arma de fuego trae cargas administrativas muy pesadas, como todo el trámite permisos, los mantenimientos, se tienen que crear armerillos para guardarlas. Y son menos costosas.
¿Qué tan receptivo ha sido el Gobierno a esta discusión?
El Gobierno ha sido muy renuente, muy apático para esto. No entendemos por qué, ni cuál es la oposición. ¿Qué está protegiendo detrás de esto?, ¿que haya más armas de fuego?, que además no las puede controlar. La Policía y la oficina de control de armas de las Fuerzas Militares están desbordadas y uno que levanta la mano y dice: ‘yo quiero tener menos armas’, no le paran bolas.
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Con las armas no letales, la Superintendencia de Vigilancia se ha excusado diciendo que no tiene la competencia, que no tiene la capacidad, que debería hacerlo el Ministerio de Defensa. Y con el Ministerio la relación solo ha sido a través de cartas, pero no nos ha sentado a escuchar lo que tenemos por decir. El único con el que nos hemos podido sentar es con el consejero para la Seguridad, Rafael Guarín. Ya hasta le escribimos al Gobierno cómo aprovechar esta oportunidad del decreto de armas traumáticas para regular las no letales en la seguridad privada.
¿Qué comentarios le hicieron al decreto del Ministerio de Defensa?
El primero, y más obvio, era que, con los mismos argumentos que utiliza para regular las armas traumáticas aplican para la regulación de las no letales. Le propusimos, incluso, que si no lo pueden hacer en este momento le de la orden a la Superintendencia de Vigilancia para que en un plazo razonable, de unos seis meses, reglamente el uso de estas armas en la seguridad privada.
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