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Las declaraciones del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López, y del exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Sneyder Pinilla tienen contra la cuerda a dos poderosos de la política nacional: el senador de la Alianza Verde Iván Name y el representante a la Cámara del Partido Liberal Andrés Calle. Los dos congresistas tendrán que darle la cara formalmente a la investigación de la Corte Suprema de Justicia en su contra por, presuntamente, haber recibido $4.000 millones de contratos corruptos de la entidad, que se les habrían entregado para favorecer reformas del gobierno de Gustavo Petro.
Este martes, la Sala de Instrucción del alto tribunal, que adelantaba una indagación previa en contra de los dos legisladores desde mayo de este año, encontró mérito suficiente para abrir una investigación formal en contra de los expresidentes de la cámara alta y la cámara baja. Las averiguaciones fueron adelantadas por el despacho del magistrado Francisco Farfán, quien en estos meses ordenó una serie de pruebas e inspecciones para hallar pistas que pudieran probar la culpabilidad de Iván Name y Andrés Calle en presuntos delitos de corrupción relacionados con dineros públicos (cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros).
Las movidas de la Sala de Instrucción
En estos meses, el despacho de Farfán se encargó de hacer la inspección judicial a las oficinas de la Presidencia y la Secretaría del Senado, así como a las de la Cámara de Representantes, para obtener información sobre el trámite de la reforma a la salud y la reforma pensional. Estas dos iniciativas, supuestamente, habrían sido algunas de las cuales, supuestamente, fueron movidas a cambio de las coimas a los políticos. Asimismo, Farfán ordenó que se tomara declaración jurada al presidente de la República, Gustavo Petro, así como al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo y al Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República Andrés ldárraga Franco.
Asimismo, la Sala se valió de información recaudada por la policía judicial, testimonios recopilados por el propio Farfán y pruebas que había recopilado en su investigación la Fiscalía. Al revisar todo esto, el despacho de Farfán encontró que había argumentos y evidencia suficiente para que se pudiera abrir una investigación formal en contra del expresidente del Senado y de la Cámara. Por eso, también se determinó que Name y Calle deben ser citados a indagatoria, mientras que un equipo de policía judicial practica otras pruebas al rededor de los dos congresistas y su posible participación en el mayor escándalo del gobierno de Gustavo Petro.
¿Para qué habrían usado Name y Calle los $4.000 millones?
El exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Sneyder Pinilla dijo públicamente que $4.000 millones producto de la corrupción de la entidad fueron repartidos en 2023 entre Iván Name, entonces presidente del Senado; y Andrés Calle, quien para la época presidía la Cámara de Representantes. Según manifestó Pinilla, él mismo fue quien hizo la entrega de los dineros personalmente y dio $3.000 millones para Name y $1.000 para Calle. Dichas entregas, según su relato, se llevaron a cabo entre septiembre y octubre del año pasado, después de varias reuniones que, manifiesta, se llevaron a cabo con Olmedo López, con el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y la exconsejera para las regiones, Sandra Ortiz.
Según el mismo Pinilla, la plata con la que se habría comprado la ayuda de Iván Name y de Andrés Calle para supuestamente impulsar las reformas del gobierno Petro salió del contrato con sobrecostos con el que se compraron los 40 carrotanques con los que se buscaba suministrar agua potable en La Guajira y que actualmente se mantienen varados. Ese dinero, al parecer, habría sido destinado por los congresistas para la financiación de campañas para las elecciones de mandatarios locales y regionales que se desarrollarían el 29 de octubre de 2023.
Los otros congresistas salpicados
Además de los expresidentes del Senado y la Cámara, los testimonios de Olmedos López y Sneyder Pinilla han salpicado a, por lo menos, otros siete congresistas. El presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Misael Rodríguez, es quien adelanta las averiguaciones sobre la posible participación de Wadith Alberto Manzur Imbett (Partido Conservador), Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Karen Astrith Manrique Olarte (Citrep), Julio Elías Chagüi Flórez (Partido de la U), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), y Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde) en hechos de corrupción relacionados con la contratación en la Ungrd. Al igual que en el despacho de Farfán, esta indagación previa avanza en total hermetismo.
A pesar de los movimientos que hacen los magistrados desde la Sala de Instrucción, las pruebas principales, que se esperan de Pinilla y López, están en veremos. Los dos están en medio de una complicada negociación con la Fiscalía, que los investiga directamente a ellos por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado. Además, el próximo jueves enfrentarán una nueva audiencia de imputación, esta vez por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
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