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¿La política de la paz total del gobierno de Gustavo Petro ha servido para reducir los índices de violencia en Colombia? La pregunta se desprende de un reciente informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, más conocida como la Fiscalía de la JEP. Durante meses, funcionarios de la Unidad de Identificación y Advertencia Oportuna de Riesgos de esa entidad e investigadores y académicos de varias universidades y organizaciones sociales se pusieron a la tarea de estudiar las estadísticas y números de diferentes fuentes para medirle el aceite a esta política del Ejecutivo que ha tenido todo tipo aciertos y polémicas pero que, por ahora, pareciera estar teniendo éxito.
Al menos eso concluye el informe de la Fiscalía de la JEP, dirigida por Giovanni Álvarez Santoyo. En su reciente informe, lo que encontró la entidad es que, comparando los primeros 10 meses de 2022, con el mismo periodo de tiempo en 2023, se ha producido lo que llaman un “desescalamiento” del conflicto armado. A esa conclusión llegaron los expertos luego de ponerle la lupa a indicadores que miden la intensidad de un conflicto armado no internacional, luego de triangular y constatar 197 publicaciones periodísticas y 637 cuentas de X (antes Twitter) de organizaciones defensoras de derechos humanos, entidades del Estado y organismos multilaterales interesados en la implementación del Acuerdo de Paz.
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Además, también revisaron alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo; alertas humanitarias de Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios; datos de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía y bases de datos sobre asesinatos de líderes y lideresas sociales y defensoras de derechos humanos. Con esa robusta base de datos, la Fiscalía de la JEP llegó a la conclusión de que, entre enero y octubre de este año, existió una disminución en ataques armados contra la Fuerza Pública; combates entre la Fuerza Pública y grupos armados; enfrentamientos entre grupos armados; daños ocasionados a civiles por las hostilidades.
Asimismo, ocurrieron menos afectaciones contra la vida y la integridad de los integrantes de la Fuerza Pública y hubo una disminución del área geográfica afectada por las hostilidades. A manera de ejemplo, la investigación señala que en 2023 se registró una reducción del 47% de los ataques armados contra la Fuerza Pública, en comparación con el mismo periodo de tiempo en 2022; de las emboscadas que se redujeron en un 37%; de los ataques de francotiradores, en un 40% y los hostigamientos en un 52%. Así, mientras en 2022 se registraron 280 ataques armados contra la Fuerza Pública, este año hay registros de 148.
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El descenso en las cifras, dice el informe, está enmarcado en la política de la paz total y, por supuesto, en la firma de dos ceses al fuego claves. El primero con la guerrilla del ELN y el segundo con las disidencias de las FARC conocidas como Estado Mayor Central (EMC). En términos generales, la Fiscalía de la JEP asegura que ambos grupos armados han cumplido con lo acordado. Y, aunque el cumplimiento no ha sido del 100%, pues tres bloques del EMC no han acatado el cese y el Eln perpetró un ataque armado en contra de la Fuerza Pública en Tadó (Chocó) el 4 de agosto pasado, el informe asegura que en 2023 se registró una disminución del 32% de combates entre la Fuerza Pública y estos grupos armados.
Aunque podría sonar obvio, la reducción en los enfrentamientos ha traído efectos positivos en los ciudadanos. Las cifras que recopiló la entidad de la JEP dejan ver que en 2023, se protegieron más vidas de la población civil frente a los primeros 10 meses del año anterior, pues hubo una reducción del número de civiles asesinados y heridos producto de emboscadas y hostigamientos. En concreto, mientras en 2022 fueron asesinados 9 civiles, este año solo se han registrado 3; y, mientras el año pasado resultaron heridos 55 personas que nada tenían que ver con el conflicto, en lo que va de 2023 hay solo 41 registros de civiles heridos.
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Algo similar evidenció la Fiscalía de la JEP frente a otras violaciones graves de derechos humanos de civiles. En comparación con el año pasado, en lo que va de esta anualidad, hay 13.847 víctimas menos de desplazamiento forzado masivo y 76.500 menos de confinamiento, para una total de 90.347 ciudadanos. Como dato adicional, el documento de la JEP explicó que en la mayoría de los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, conocidos como PDET, donde se redujo el número de víctimas de estos dos delitos, aumentó el nivel de participación electoral en los comicios de autoridades locales de 2023.
Lo no tan bueno
El informe presenta, también, datos alarmantes. El primero de ellos es que solo se ha reducido en un 9% las masacres. Mientras en 2022 se registraron 85, este año la cuenta va en 77. Con un dato todavía más preocupante: el número de mujeres asesinadas en esos hechos aumentó. “Tras la revisión cualitativa de los casos, la Fiscalía de la JEP plantea que podría estar ocurriendo un cambio en los códigos de violencia en el crimen organizado, donde se promueve las violencias basadas en género como mecanismo de retaliación a los jefes o sicarios de los grupos criminales emergentes”, se lee en el documento. En números: mientras en 2022 fueron asesinadas 13 mujeres, en 2023 el registro es de 26.
Igual de inquietantes son las cifras de asesinatos de líderes sociales. Aunque la Fiscalía de la JEP advierte que entre enero y octubre de este año los homicidios se han reducido en un 25 %, en comparación al mismo tiempo en 2022, la situación sigue siendo grave, pues este año se registró el asesinato de una persona defensora de derechos humanos cada 48 horas. La alarma no para ahí. Según las cifras que recopiló el informe, en Córdoba se han intensificado los asesinatos y amenazas a los reclamantes, líderes de restitución de tierras y de reforma agraria. Se identificó al Clan del Golfo como presunto autor responsable.
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Para la Fiscalía de la JEP, lo que sucede en este departamento es importante “ya que Córdoba es uno de los epicentros de la reforma agraria impulsada por el Gobierno nacional”. Como si fuera poco, en 2023 los líderes que presiden o hacen parte de las Juntas de Acción Comunal (JAC) fueron las más afectadas. Para la entidad que dirige Giovanni Álvarez, el dato merece una alarma, pues “este fenómeno es producto del interés del EMC, Eln y el Clan del Golfo por cooptar estos espacios a través de la eliminación física de los miembros que oponen resistencia a las pretensiones de direccionamiento o manejo por parte de los ilegales”.
Otro panorama igual de preocupante es el que tiene que ver con los secuestros y extorsiones. Según el informe, hay un aumento significativo de casos. Mientras en 2022 la Policía registró 155 denuncias por secuestro, en 2023 fueron 276; y, sobre extorsión, el año pasado la cifra fue de 7.563, mientras que en esta anualidad, el número fue de 8.426. Un crecimiento similar evidenció la Fiscalía de la JEP frente a retenes ilegales: en los primeros diez meses de 2022 se registraron 96 casos, y en 2023 fueron 118. A manera de conclusión, el informe señala que es necesario tener en cuenta las cifras y resultados de la investigación para entender a fondo los logros de la paz total y los vacíos que todavía existen, especialmente con la situación de líderes sociales y las violencias contra la mujer.
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