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Un panorama desalentador es el que reporta la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) en cuanto al estado en que se encuentra Chocó con relación a la situación humanitaria de la población que vive el departamento por los enfrentamientos entre grupos armados como Eln y el Clan del Golfo. Uno de los datos más preocupantes que arroja esta dependencia de la ONU en Colombia es que el 36% de los chocoanos han sido víctimas de algún hecho relacionado al conflicto entre enero y septiembre de 2019.
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El monitoreo de Naciones Unidas reportó durante este lapso 13.263 personas confinadas, 1.823 desplazadas de manera forzada y 3.418 con restricciones en sus movimientos. Además, de los afectados 58% son indígenas y 40% de comunidades negras. Los municipios más afectados por desplazamiento son Juradó (971), Litoral de San Juán (417), Medio San Juan (307), Nuquí (84) y Bojayá (44).
En 2019, la Defensoría del Pueblo ha emitido 13 alertas tempranas para la población civil del departamento por los riesgos y afectaciones como consecuencia del conflicto y acciones de violencia armada por parte de los grupos armados. «Preocupa el incremento del 44% en los afectados por confinamiento respecto a 2018. Hasta julio de 2019 se han reportado 127 casos de violencia de género. A su vez, existe un subregistro en el reclutamiento forzado en menores de edad.
Según cifras de la Defensoría, la población más afectada es Bojayá, pues allí habría más de 6.500 personas, de 28 comunidades, confinadas. Las otras zonas afectadas son Pogue, Piedra Candela, Caimanero y Corazón de Jesús. “Vamos a buscar cómo establecer un canal humanitario para que termine el confinamiento. La gente no quiere irse, por ejemplo, a Quibdó, sino que quiere seguir allí”, afirmó Negret.
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Los enfrentamientos entre el Eln y el Clan del Golfo han generado algo más de 9.000 víctimas (59%); entre esa guerrilla y la Fuerza Pública 5.300 (29%). En cuanto ataques directos a la población, 12 personas han sido secuestradas, 23 homicidios y 330 amenazadas.
Uno de los puntos débiles que encuentra la ONU en el departamento costero es la baja presencia y garantías de seguridad por parte de la institucionalidad, frente a la ocurrencia de hechos victimizantes de los grupos al margen de la ley. Por ejemplo, la respuesta alimentaria es insuficiente con respecto a la cantidad de familias afectadas y las restricciones a la movilidad limitan el consumo de los alimentos necesarios por parte de las comunidades.
La Ocha también reportó que las condiciones de la infraestructura de los alojamientos no garantizan la seguridad e integridad de las comunidades afectadas y son propensas al colapso o que haya hacinamiento. “Los alojamientos no cuentan con enfoque diferencial en su distribución, lo cual aumenta riesgos en materia de violencia de género y otros incidentes de seguridad”, afirma la oficina de la ONU.
Además, el acceso a agua potable tanto en zonas rurales como urbanas es difícil, al igual que a mecanismos de saneamiento básico e higiene en comunidades con mayores necesidades. El acceso a educación y a las brigadas de salud también se ha dificultado por la presencia de los grupos armados y la instalación de de minas antipersona y artefacto sin explotar.
El caso del Alto Baudó
El último hecho grave reportado por la Ocha fue el desplazamiento forzado ocurrido el 4 de octubre pasado cuando se reportaron varias acciones de los grupos armados y el asesinato de una persona por parte del Eln. Al menos 159 personas (47 familias), pertenecientes a las comunidades afrocolombianas de Amparradó y Cocalito en zona rural del municipio de Alto Baudó (Chocó), se desplazaron hacia la cabecera municipal de Pié de Pató. Del total de las personas desplazadas se han identificado a 91 menores de edad y, según la administración municipal, las familias desplazadas se encuentran alojadas en casas de familiares y amigos.
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