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Álvaro Uribe Vélez fue llamado a rendir cuentas ante la justicia por su presunta relación con grupos paramilitares. Después de casi seis años en los que uno de los expedientes en su contra no se movió ni un milímetro, la Fiscalía llamó al expresidente a indagatoria por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja (Ituango), el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, en 1998, y la conformación de un grupo de autodefensas en el municipio de San Roque (Antioquia). El caso empezó a moverse en 2002 y ha pasado por los despachos del búnker y de la Corte Suprema de Justicia, sin que hasta ahora se vinculara de manera oficial a la investigación al jefe natural del Centro Democrático.
El llamado a indagatoria, que se conoció en la noche del 18 de junio, es sobre varios expedientes que tiene más de 26 años. Durante este tiempo, versiones de exmilitares y paramilitares en la justicia ordinaria, en Justicia y Paz, incluso en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han alimentado las pruebas que involucrarían al expresidente en crímenes cometidos por grupos paramilitares. El 16 de mayo de 2000, la Fiscalía abrió una investigación previa en contra Uribe Vélez por su presunta responsabilidad en dos masacres en 1996 y 1997, cuando era gobernador de Antioquia, y por su posible participación en la creación de un grupo paramilitar en la hacienda Guacharacas, ubicada entre Yolombó y San Roque, que fue propiedad de su familia.
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Pocos meses después, el 28 de diciembre del año 2000, la Fiscalía a cargo de Alfonso Gómez Méndez emitió un auto inhibitorio con el que cerró la investigación contra de Uribe Vélez por falta de mérito para seguir adelante con el proceso. Sin embargo, la declaración de un exparamilitar de nuevo puso la atención sobre la posible relación del expresidente con los expedientes. En noviembre del 2008, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el exjefe paramilitar Francisco Enrique Villalba señaló que Uribe Vélez “ordenó” la masacre de El Aro, ocurrida el 22 de octubre de 1997. Ese día, más de 200 hombres de las Autodefensas de Córdoba y Urabá (ACCU) entraron a ese corregimiento de Ituango, asesinaron a 17 campesinos, incendiaron 24 casas y desplazaron a más de 1.400 personas.
“La orden se dio por ocho secuestrados que había (…) Él nos explicó sobre el secuestrado Mario (Uribe Escobar), El primo de Uribe (…) el presidente mismo me dio en su momento la orden personalmente en el año 97 de cometer esa masacre”, le dijo Villalba a la Comisión. También aseguró que Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente y condenado por homicidio y vínculos con paramilitares, habría respaldado a un bloque de autodefensas en el municipio de Santa Rosa de Osos entre 1995 y 1997, cuando su hermano era gobernador de Antioquia. Villalba, uno de los tres condenados por la masacre de El Aro, fue asesinado por sicarios el 23 de abril de 2009 en La Estrella (Antioquia), mientras estaba en detención domiciliaria.
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El 7 de septiembre del 2011, el entonces representante a la Cámara Iván Cepeda, hoy candidato presidencial, hizo una denuncia y entregó pruebas en contra de Uribe Vélez por el mismo caso de presunta relación con autodefensas. Entre esa información estaban los testimonios de los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra. Con esa información en sus manos, el 2 de enero del 2013, la Fiscalía de Eduardo Montealegre tumbó el inhibitorio y la fiscal sexta delegada ante la Corte Suprema ordenó reabrir el caso por las masacres de El Aro y la Granja. Esta incursión ocurrió el 11 de junio de 1996, cuando 20 paramilitares al mando de Fidel y Vicente Castaño y de Salvatore Mancuso asesinaron a cinco civiles en el corregimiento.
En noviembre del 2014, después de que Uribe se posesionó como senador, el caso pasó a manos de la Sala Penal de la Corte Suprema, por ser aforado. Por esos días, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín compulsó copias en contra del expresidente por sus supuestos vínculos en la expansión de las autodefensas en Antioquia y por presuntas omisiones cuando fue gobernador para evitar las masacres de El Aro y La Granja. “La Sala ratificará la orden de expedir copias para investigarlo por promover, auspiciar y apoyar grupos paramilitares y convivir vinculadas con estos y/o concertarse con ellos, no solo como gobernador de Antioquia, sino después y aún como presidente de la República”, decía la decisión.
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Luego, con una reforma a la Corte, el caso pasó a la Sala de Instrucción del alto tribunal en octubre del 2018. El magistrado César Reyes Medina asumió el caso y lo tuvo hasta que Uribe Vélez renunció al Senado y a su fuero como congresista, luego de que el ponente resolvió llamarlo a juicio por fraude procesal y manipulación de testigos. En ese caso, el expresidente fue condenado en primera instancia, pero absuelto en segunda. Su salida del Congreso significó que todos los procesos en su contra regresaron a la Fiscalía y, en esa “migración” de expedientes, la Corte agregó unas consideraciones importantes sobre el avance de su investigación. Sobre la masacre de San Roque, en abril de 1996, la Corte dijo que el grupo de paramilitares que estuvo al frente “al parecer utilizó como base de operaciones la hacienda Guacharacas, ubicada entre los municipios de Yolombó y San Roque, de propiedad de la familia Uribe Vélez para esa época”.
De las ya mencionadas masacres de El Aro y La Granja, cuando Uribe Vélez era gobernador de Antioquia, el alto tribunal dijo que “en ese mismo contexto sucedieron otros crímenes como fueron el secuestro de 17 personas, el incendio de la mayoría de las viviendas, el hurto de ganado y el desplazamiento forzado de un número importante de residentes de Ituango”. Estas dos masacres, al parecer, estuvieron directamente relacionadas con el asesinato del defensor de derechos humanos y concejal de Ituango, Jesús María Valle Jaramillo, en febrero de 1998. Incluso, en una sentencia de octubre de 2025 contra José Miguel Narváez Martínez, exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quedó reseñada esa posible relación.
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La sentencia recoge un testimonio de Francisco Enrique Villalba en el que menciona que en 1997 hubo una reunión en la finca La Marranera, de Yumbo (Valle del Cauca), a la que habría asistido el expresidente y en la que se habría fraguado, entre otros, el asesinato de Valle Jaramillo. “El gobernador para esa época, Álvaro, y Santiago Uribe y unos agentes de Policía de San José de la Montaña, ellos eran los que estaban ahí”, dijo el exparamilitar. Agregó que querían asesinar a Valle Jaramillo y al abogado Eduardo Umaña porque “ellos estaban molestando sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban llevando entre paramilitares y militares de la Cuarta Brigada; la orden que dieron fue que a esas personas tocaba callarlas para que no molestaran más”. En esa misma sentencia de 2025 se ordenó compulsar copias contra los hermanos Uribe Vélez por ese asesinato y los crímenes por los que ahora es investigado.
Desde el primer momento en el que Uribe fue mencionado en este contexto de investigaciones sobre paramilitarismo, el expresidente ha insistido en su inocencia. Fue él mismo quien dio la noticia sobre el llamado de indagatoria y, en su cuenta de X, escribió: “A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”. En otro mensaje del viernes pasado, agregó: “¿Dónde están mis garantías judiciales? La Fiscalía me llama a indagatoria sin practicar todas las pruebas pedidas y decretadas, sin decretar otras. A una fiscal comisionada para practicar pruebas le ampliaron el plazo aún no cumplido”. Como estos procesos sucedieron durante los años 90, el procedimiento se rige bajo las reglas de la ley 600.
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En palabras sencillas, esto significa que la fiscal del caso vincula formalmente al investigado porque considera que existen indicios serios sobre su posible participación en los hechos materia de investigación y le da la oportunidad de defenderse antes de decidir si avanzaba o no hacia una acusación. En todo caso, el llamado a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez termina con décadas de pocos avances judiciales en tres investigaciones que han atravesado diferentes momentos de la política colombiana. Y, esta ocasión, no es la excepción. El llamado a indagatoria se conoció tres días antes de las elecciones que definirán quién será el próximo presidente: Abelardo de la Espriella, que cuenta con el respaldo del propio Uribe, o Iván Cepeda, uno de los denunciantes del expresidente.
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Por Gustavo Montes Arias
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