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El Bajo Cauca es la subregión con una de las mayores tasas de homicidio a nivel nacional. Las cifras en todas sus poblaciones superan entre dos y nueve veces la cifra nacional. Las estadísticas en esta zona de Antioquia siempre han sido altas, pero actualmente están desatadas. En los dos últimos años, los asesinatos han triplicado la tendencia de años anteriores.
Son múltiples las causas de violencia en esta región, pero la principal tiene nombre propio: la lucha entre los grupos paramilitares Caparros y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -también conocidas como Clan del Golfo-. Desde que comenzó los choques entre estos dos actores armados, a finales de 2017, las cifras de asesinatos en tres de los seis municipios del Bajo Cauca crecieron de la mano.
(Puede ver: El eterno regreso de los cultivos de coca al Bajo Cauca)
Con la salida de las Farc de los territorios del Bajo Cauca, el Clan del Golfo iba a quedar con el dominio de esta zona, esencial para el tráfico de cocaína por su ubicación -colinda con el Urabá, el norte del país y en su prolongación tiene rutas de conexión con la frontera venezolana. Se esperaba que no hubiera mayor confrontación en la ocupación de estos territorios. Sin embargo, hubo un cisma en el interior de las AGC.
(Además: “En el Bajo Cauca estamos desesperados, parece que esto no fuera Colombia”: alcalde de Caucasia)
Dicha división a finales de 2017, causada por las negociaciones de Dairo Antonio Úsuga -alias Otoniel- con el gobierno de Juan Manuel Santos, le dio origen a los Caparros, dirigido por alias Caín. Desde entonces, la lucha ha sido a muerte entre ambas agrupaciones y la población ha quedado en el medio. Ambos grupos han sido sus verdugos.
Las cifras de homicidios en la zona lo demuestran. Según cifras del la Gobernación de Antioquia, en lugares como Caucasia -capital comercial de la zona- se pasó de 37 homicidios en 2016 a 153 en 2018, se cuadriplicó los asesinatos en tan solo dos años, los mismos en los que comenzó la disputa entre grupos narcoparamilitares. Una situación similar a Cáceres y Tarazá. En el primer caso se reportaron 19 homicidios en 2016 mientras que en 2018 las cifras llegaron a 54 muertos. En Tarazá el aumento en las cifras fue exponencial: de 20 homicidios en 2016 se pasó a 110 en 2018.
(También: «En el Bajo Cauca se habla de más de 2.000 desplazados»: director del PNUD Antioquia)
Estas cifras no parecen disminuir en la actualidad. Por ejemplo, en Cáceres ya hay más homicidios reportados en lo que va de 2019 que en todo 2018. Solo hay tres casos en los que el número de homicidios reportados no ha variado de forma tan brusca: Zaragoza, Nechí y El Bagre. Aunque las tres poblaciones tienen un antecedente de violencia considerable, por la presencia de la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito, en ellos no se han reportado un incremento sustancial en cifras de asesinatos, sobre todo porque en estas zonas no tienen una presencia importante de Caparros y Clan del Golfo.
::La Caucana (Bajo Cauca), atrapada en medio del fuego paramilitar::
Además de los homicidios, en los últimos años se ha disparado las cifras de desplazamiento. Según el observatorio de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Antioquia, en Cáceres, Caucasia y Tarazá los fenómenos de desplazamiento forzado aumentaron entre 200% y un 900% entre 2017 y 2018. El caso más preocupante es el de Tarazá., allí salieron 7.682, principalmente hacia a Medellín (Antioquia) y Montería (Córdoba). Otra situación de ponerle atención es el caso de Cáceres, allí 4.896 personas tuvieron que abandonar sus lugares de residencia por la presión de los armados.
Los números de la violencia en el Bajo Cauca:
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