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“Para ser presidente de un país se requiere contenido, y a usted le sobra contenido. Yo lo puedo ayudar a ser presidente de Colombia”. Estas 24 palabras hechas promesa son hoy la punta de un iceberg que tendría las horas contadas para su colapso. El autor de la frase es el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, más conocido como Duda Mendonça, y quien la creyó fue el entonces candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Él le explicó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que, de esa manera, el brasileño terminó colaborando en su campaña en 2014. La alianza entre el político y el publicista, y la manera en que se pagaron sus honorarios, tienen hoy al político al borde de una investigación penal sin precedentes.
Si todo sale como lo tiene planeado la Fiscalía, este lunes 10 de julio el ente investigador vinculará a Zuluaga y a su hijo David, exgerente de la campaña, a un proceso penal. Al primero por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares, y al segundo por fraude procesal. El caso representa el avance más contundente en años en la investigación por el escándalo de Odebrecht y, de esta manera, Zuluaga se convierte en el personaje de más alto nivel en ser tocado por la justicia. Sin embargo, su caso está lleno de contradicciones, versiones engavetadas durante años y, como ya había sucedido en otro capítulo de esta historia judicial, solo unas grabaciones secretas lograron poner contra las cuerdas a uno de sus protagonistas.
Aunque la imputación de cargos ya la había anunciado la Fiscalía hace un mes, este expediente judicial fue noticia esta semana por cuenta de unos audios revelados por la revista Semana, en los que Zuluaga, sin decirlo explícitamente, dijo que sabía mucho más de lo que por años le afirmó al país. En pocas palabras, que sabía que Odebrecht había pagado los honorarios de Duda Mendonça, una práctica ilegal, pues ningún extranjero puede financiar campañas políticas. “Un secreto de sangre”, aseveró el propio Zuluaga, en referencia a que su hijo David también lo sabía. Pese a que las grabaciones podrían entenderse como una confesión del propio Zuluaga, lo cierto es que la versión de la entrada de dinero de la multinacional corrupta a la campaña del candidato del Centro Democrático no es nueva.
Además de poner en entredicho la versión que el excandidato siempre pregonó, que era inocente y no sabía nada del dinero de Odebrecht en sus cuentas, el caso puso también en serios problemas a dos políticos que tuvieron todo que ver en el cierre de la investigación en contra de Zuluaga en el CNE: el hoy defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y el registrador Alexánder Vega. Aunque ninguno de los dos tomó la decisión de manera unilateral, en los audios de Zuluaga se escucha la versión que durante años corrió en completo sigilo por los pasillos del Consejo Nacional: que en este caso, y en la investigación por la supuesta entrada de dinero de la empresa brasileña a la campaña de Juan Manuel Santos, el objetivo era que quedara “en tablas”.
Es decir, que en ninguno de los dos expedientes hubiera decisiones que pudieran meter en problemas al excandidato o al presidente. Y así ocurrió. En el de Zuluaga la investigación se archivó por falta de pruebas. Y en la de Santos, el expediente corrió la misma suerte, pero por otra razón: el caso prescribió sin que el CNE tomara una determinación de fondo. Sin embargo, las carpetas de Zuluaga estuvieron llenas de contradicciones que, a la luz de su próxima imputación de cargos, cobran toda la relevancia. En el expediente completo de la autoridad electoral, al que tuvo acceso este diario, los magistrados dejaron varios nudos sin desatar. Pese a que tanto Vega como Camargo explicaron que todo fue legal, hoy persisten las preguntas y los reproches por su decisión.
Una de las primeras cuestiones sin resolver es por qué el magistrado ponente Carlos Camargo cambió de opinión de manera radical. Primero aseguró que había suficientes pruebas para abrir una investigación a la campaña de Zuluaga. Lo hizo cuando el escándalo de Odebrecht estaba en plena efervescencia, en marzo de 2017, y en la ponencia que presentó ante la Sala Plena dejó claro que había serios “indicios de la ocurrencia de infracciones a las reglas de financiación”. En el documento, Camargo recopiló todo tipo de pruebas y testimonios, no solo de los investigados, sino de los brasileños que confesaron que sí sabían del pago de US$1,6 millones a Mendonça. “Este material da cuenta de la aparente participación (de Zuluaga) como determinante en la presunta violación a la prohibición de aportes de personas extranjeras en campañas electorales”, escribió el propio Camargo.
La ponencia fue aprobada el 18 de julio de 2017 y los Zuluaga, y otros miembros de la campaña, terminaron vinculados a una investigación en el CNE. No obstante, la versión de Camargo fue cambiando de tono y, cuando fue la hora de presentar su nueva ponencia, para decidir si había o no una financiación ilícita de la campaña, nada de lo que había sustentado quedó en firme. Su nueva conclusión fue que no había evidencias para probar que el dinero de Odebrecht había entrado a la campaña. Sobre las versiones de los brasileños, dijo que no podía tenerlas en cuenta porque “eran de oídas”, contrario a lo que había dicho en su primera ponencia, y que tampoco habían logrado probar que el dinero que la multinacional transfirió a unas cuentas en Panamá, realmente fue a parar a los bolsillos de Mendonça.
Eso sí, Camargo dejó por escrito que, pese a que pidió más de dos veces que el CNE pudiera entrevistar a los brasileños implicados en el caso, la Fiscalía y la Cancillería siempre le negaron esa posibilidad. ¿La razón? Como el Consejo Nacional Electoral es una autoridad administrativa y no judicial, no tiene competencia para solicitar este tipo de pesquisas. Aunque en ese momento el propio Néstor Humberto Martínez explicó que la Fiscalía le había enviado todas las pruebas que el CNE necesitaba para sacar adelante las investigaciones sobre las campañas de Zuluaga y Santos, pero que se le estaba yendo el tiempo sin decisiones. El entonces fiscal le envió esa advertencia en julio de 2018 a quien en ese momento era el presidente del Consejo Nacional, Alexánder Vega.
Pese a las pruebas, y a los propios argumentos de Camargo, que fue quien encontró méritos para iniciar la investigación a la campaña de Zuluaga, el excandidato terminó absuelto. En la Sala Plena triunfó la nueva tesis del hoy defensor, no sin varios detractores que advirtieron que había algo que no cuadraba. Por ejemplo, el entonces magistrado Armando Novoa señaló que el caso no se había investigado con seriedad y menos teniendo en cuenta que se trataba de un expediente inmerso en el caso de corrupción más grande que haya sacudido a Latinoamérica. La Procuraduría, por su parte, también sentó su rechazó a la decisión del CNE. Se lo hizo saber por escrito a Camargo y volvió a insistir en que existían evidencias suficientes para sancionar a Zuluaga y los demás miembros de su campaña.
“Para la Procuraduría, es importante que el CNE señale que existen pruebas y argumentos jurídicos suficientes para declarar que los investigados son responsables de las faltas consistentes en recibir contribuciones monetarias de personas jurídicas extranjeras y presentación parcial de informes de ingresos y gastos de campaña”, advirtió el Ministerio Público. Sin embargo, la decisión estaba tomada, el Consejo Nacional mantuvo su decisión y archivó el caso. Un año después Alexánder Vega fue elegido como registrador y, en agosto de 2020, Carlos Camargo llegó a ser defensor del Pueblo. Ante la polémica por esta decisión que revivió esta semana, ambos funcionarios rechazaron cualquier ilegalidad en su trabajo en el CNE y señalaron que nunca hubo un pacto para que los casos quedaran “en tablas”.
Las evidencias en la Fiscalía
Cuando Néstor Humberto Martínez le advirtió al expresidente del CNE Alexánder Vega que ya tenía todas las pruebas para avanzar en las investigaciones, el cuestionado exfiscal incluyó un detalle crucial. Para ese momento la Fiscalía ya había concluido “certeramente” que Odebrecht sí “asumió costos” en las campañas presidenciales de los dos candidatos que en 2014 pasaron a segunda vuelta. No obstante, las evidencias que le permitieron al ente investigador llegar a esa conclusión estuvieron engavetadas durante al menos tres años. Si bien la justicia logró la condena contra Roberto Prieto, exgerente de la campaña de Santos Presidente, en el expediente de Óscar Iván Zuluaga las fichas empezaron a moverse solo hasta marzo de 2022, con Francisco Barbosa a la cabeza del búnker.
Sin embargo, las principales declaraciones y pruebas del caso ya llevaban años en poder de los fiscales. El Espectador tuvo acceso a esas piezas procesales en el reciente hackeo a la Fiscalía General, en el que quedaron expuestas más de 38.000 carpetas de información, incluyendo la línea que tomaron los investigadores para sacar adelante esta y otras investigaciones del caso Odebrecht. Por mencionar las pruebas más importantes, en el expediente contra los Zuluaga reposan testimonios de los exdirectivos brasileños que, entre 2017 y 2018, le dieron sus versiones a la Fiscalía colombiana. Los más importantes fueron: Eleuberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, y su superior, Luiz Mameri, exdirector de la empresa para Latinoamérica y el Caribe.
Ambos le dijeron a la fiscal Amparo Cerón, una de las primeras investigadoras del escándalo y quien renunció en 2020, que sí le pagaron a Duda Mendonça los honorarios por el trabajo que realizó para la campaña de Zuluaga, pues a Odebrecht le interesaba “apoyar” a quien podía convertirse en el presiente de Colombia. “La compañía resolvió asumir de forma directa el pago adicional con el publicista en Brasil”, explicó Martorelli, quien confirmó que el monto de ese desembolso fue de US$1,6 millones. Esa versión se la confirmó Mameri a la fiscal Cerón: “Hubo una autorización de mi parte a Martorelli en 2014 para un pago de US$1,5 millones aproximadamente, con relación a la campaña del candidato a la presidencia de Colombia llamado Óscar Iván Zuluaga”.
Esas confesiones han estado en la Fiscalía al menos desde 2018. El fiscal Martínez, que en su momento dijo con certeza que había pruebas del ingreso de dinero de Odebrecht a la campaña política, terminó su administración con una súbita renuncia en mayo de 2019, sin tomar alguna decisión al respecto. El caso, con todo y polémica, lo heredó Francisco Barbosa, quien anunció que iba a dedicar un grupo de tareas especiales únicamente a sacar adelante la investigación de la multinacional brasileña. En el caso de Zuluaga, el expediente siguió casi dos años más sin que ocurriera nada. Aunque en agosto de 2021 la fiscal del caso pidió a Brasil el testimonio de varias personas que podían dar detalles de lo sucedido en 2014, no hubo mayor movimiento.
Todo cambió hacia marzo de 2022, cuando la Fiscalía anunció que le imputaría cargos a Daniel García Arizabaleta, el exdirector del Invías que había esquivado la mano de la justicia durante cinco años. Su nombre siempre estuvo relacionado con las primeras investigaciones por los sobornos que pagó Odebrecht para quedarse con obras de infraestructura en el país. Sin embargo, nadie había podido concretar la participación del excandidato al Senado del Centro Democrático en la estructura corrupta de la multinacional brasileña. Esa situación cambió cuando la Fiscalía señaló que García Arizabaleta habría recibido pagos de la constructora desde 2009 hasta 2013. Esas transferencias se habrían dado a través de la empresa Consultores Unidos, para que no quedara vínculo directo entre García y Odebrecht.
Que el exdirector del Invías quedara formalmente vinculado a un proceso penal fue un terremoto para el expediente de los Zuluaga. Durante años, García Arizabaleta guardó como el tesoro más preciado las grabaciones que reveló la revista Semana. Tenía toda la razón para proteger con tanto recelo esos audios: a la Fiscalía se los presentó como el amuleto para salir inmune de esa investigación en su contra, y su estrategia le funcionó. Hace unos meses un juez de Bogotá aceptó la negociación a la que llegó García con el ente investigador y su proceso quedó congelado. Casi de manera simultánea, el búnker anunció la imputación de cargos contra el excandidato presidencial y su hijo, en una decisión en la que incluyó llamar también a otra imputación a la exministra del gobierno Santos, Cecilia Álvarez.
Esa audiencia está programada a las 8 de la mañana de este lunes. Desde que se supo del llamado de la justicia, los Zuluaga han mantenido completo silencio. Del excandidato presidencial solo se conoce un comunicado que hizo público esta semana, en el que comunicó su renuncia al Centro Democrático, en medio de este escándalo judicial. Todo está listo para la audiencia de mañana que está para alquilar balcón. La Fiscalía destapará todas sus cartas, incluyendo las evidencias engavetadas desde la era de Néstor Humberto Martínez y las que el CNE, con Carlos Camargo y Alexánder Vega a la cabeza, consideró insuficientes para sancionar a Óscar Iván Zuluaga.
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