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Ministra, usted media entre el gobierno y la Rama Judicial y justo han sido meses en los que se ha escalado la tensión entre las partes. ¿Cómo es estar en esa posición y qué decirle al presidente, que debería representar unidad?
Lo único que he recibido directamente de las altas cortes es colaboración armónica y trabajo en conjunto. Hemos trabajado proyectos de ley y estado en todos los actos conmemorativos, académicos, de discusión y articulación, y yo lo único que puedo decir es que, con las cortes, las relaciones del Ministerio de Justicia han sido permanentes y lo seguirán siendo. Además, no he tenido ninguna disposición, orden o manifestación del presidente de la República de que mi actuación sea diferente. Él, de hecho, promovió la condecoración José Ignacio De Márquez al mérito judicial a favor de más de 15 funcionarios de la Rama Judicial. Yo fui su delegataria en ese reconocimiento a la labor de las cortes.
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Pero, al mismo tiempo, en sus comunicaciones públicas, el presidente Petro cuestiona la independencia judicial. Pasó recientemente con el Consejo de Estado, luego de que declarara nula la elección del alcalde de Duitama, cercano al movimiento político del primer mandatario. Es más, él se refiere mucho al término “golpe blando” …
Esa es una posición particular del presidente. El tema del “golpe blando” se lo he oído personalmente, entendiendo que hay cosas que jurídicamente para él son discutibles. Punto. Yo no puedo hacer comunicación ninguna de lo que escribe en sus redes sociales, porque no las leo. Pero, independientemente de eso, quiero decir algo: en términos jurídicos, hay decisiones judiciales que tienen salvamentos de voto (abstenerse de adoptar la decisión de la mayoría) de los mismos magistrados. Es decir, hay decisiones que son discutibles. Esto lleva a una polémica y a una dialéctica permanente sobre si las decisiones son ajustadas a derecho.
Pero, el mismo presidente de la Corte Constitucional, el magistrado José Fernando Reyes, dijo algo muy importante a la prensa durante la condecoración Ignacio De Márquez. Que quieren indisponer a los magistrados con el presidente, y al presidente con las cortes. Pero, no hay ninguna enemistad. Los jueces también están en todo el derecho de manifestarse como lo consideren, en el sentido de las afirmaciones que se hacen sobre la autonomía y la independencia, que son características esenciales del poder judicial. Aunque estuvimos en épocas como el cartel de la toga, ahora, tenemos la garantía de cortes independientes y autónomas, pero se pueden discutir las decisiones. El disenso también construye democracia.
El nuevo magistrado de la Corte Suprema, José Joaquín Urbano, no quiso posesionarse en frente del presidente, sino ante la Sala Plena. ¿Esos actos se enmarcan también dentro de la independencia judicial?
Eso se enmarca en la ley. De hecho, en la misma ley estatutaria de administración de justicia que firmó el presidente de la República, hay dos opciones para los nuevos magistrados: tomar posesión ante el presidente o ante los magistrados de las cortes. Yo no puedo hablar por el doctor José Joaquín Urbano, a quien conozco hace años, pero podría decir que creo que nunca pensó en crear una polémica. Habría que preguntarle a Urbano por qué lo hizo. Yendo más allá, quiero que vean los actos que ha hecho el presidente: el de suscribir la ley estatutaria, que genera más autonomía e independencia; el condecorar a los funcionarios de las cortes; el generar reuniones y acercamientos y el permitir que, una manera u otra, haya una articulación permanente con las cortes. Ahora, creo con convicción que las cosas pueden dialogarse y discutirse. Yo investigué mucho el tema del lawfare (guerra jurídica), un movimiento que busca utilizar el derecho para agredir a ciertos mandatarios. Tenemos casos como el de Cristina Fernández de Kirchner. Pero eso no está pasando aquí. Las cortes tienen toda la independencia y autonomía.
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¿Qué está fallando entonces? ¿Hay sectores a los que les interesa crear una enemistad?
No hay enemistad. Ahora, hay momentos en los que pueden evitarse palabras. Hay veces que uno está de mal genio y dice algo que no debe decir. Pero que haya un acto para tratar de oponerse a la justicia, no lo hay. El presidente, hoy en día, no ha salido como otros presidentes, con todo su gabinete, con la Policía y el Ejército, a hablar contra un juez de Colombia. Lo que sí pasó entre 2008 y 2010. El presidente de hoy no ha interceptado a las cortes de Colombia, ni ha generado una persecución y una infiltración, como se hizo en la Corte Suprema entre los años 2005 y 2010, cuando se estaba investigando la parapolítica.
Pero más allá de compararse con otros gobiernos, ¿cree que le ha hecho falta mesura al presidente? Pues, para que tengan relación sus actos con su discurso…
Los hechos son más importantes que las palabras. Y los hechos me están demostrando que efectivamente respeta la libertad y autonomía judicial, tanto, que en casos particulares ni siquiera ha tomado posición. Aquí magnifican y generan una cantidad de ruido. Él nunca ha tratado de hacer injerencia, solo espera a que salgan las decisiones. Ahora, cómo se manifieste, es un tema que tendría que evaluarse con él.
A mediados del año, usted sostuvo, sobre el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que debía garantizarse la presunción de inocencia. Desde entonces, se ha conocido información delicada y siete personas fueron enviadas a prisión. ¿Sigue en la misma posición?
Sí. La presunción de inocencia termina cuando hay sentencia en firme. Mucha gente puede decir: “yo preacuerdo”. Pero, yo, como experta en derecho penal, lo puedo decir: a veces las personas preacuerdan para quitarse de encima el proceso. He visto casos donde las personas son inocentes y también preacuerdan. Lo que sí es cierto es que hay muchas afirmaciones de personas donde ellas mismas dicen lo que hicieron (Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Ungrd), eso marca un componente. Pero no hay responsabilidad hasta que no lo diga un juez. Yo no puedo generar por convicción, pero además por formación, la anticipación de condenas.
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Teniendo colegas, ministros con los que usted se sienta, implicados…
Eso no me interesa. Yo puedo tener amigos, familiares, vecinos, compañeros, y a todos les respeto la presunción de inocencia. ¿Qué significa que alguien cometió un hecho delictivo? Que se pruebe y sea derrotado en juicio. Yo no puedo hacer lo que todo el mundo hace, que es dar a alguien por responsable. Eso afecta el buen nombre y la presunción de inocencia, que son garantías fundamentales.
Pasando a otros temas, el Inpec entregó su balance anual y los datos son alarmantes: entre ellos, que uno de cada cinco funcionarios está investigado y que hay más directores de cárceles investigados, que cárceles en toda Colombia. ¿Van a replantear cosas desde dentro?
Uno no puede tomar decisiones si no sabe qué está pasando. Eso implicó realizar los procesos de investigación disciplinarias y penales, cada vez que hubo lugar a hacerlos. Es un hecho que si yo tengo 3.000 celulares en un establecimiento, donde están prohibidos, por algún lado tuvieron que pasar. Lo mismo con la droga, los cobros indebidos y las extorsiones. Aquí no solamente son los guardianes los que han sido investigados. Estamos en un contexto donde hay gobernanzas locales de criminales, gobernanzas externas, gobernanzas de los condenados, utilización de familiares que eventualmente van y también colaboración de la guarida penitenciaria.
El Estado tiene que dar respuesta a las reglas de las cárceles. Desde que yo llegué, la primera comunicación fue con la Fiscalía, haciendo traslado de las denuncias que teníamos ya mapeadas. Hoy tenemos unidades especiales de la Fiscalía y el apoyo de la fiscal general Luz Adriana Camargo. He solicitado personalmente una serie de análisis, valoraciones, recolección de material y evidencia. Y muchas de las decisiones de investigación dentro del Inpec obedecen al trabajo de la Fiscalía.
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¿Qué es lo que más le preocupa de lo que le han reportado?
Todo me preocupa. Un centro carcelario debe garantizar la transparencia, el cumplimiento de la ley y no puede ser un sector de más criminalidad. El tema es que también hay gente buena. No podemos caer en el defecto de que todos son malos. De hecho, están siendo perseguidos, asesinados, extorsionados y amenazados. Ellos son quienes también, desde dentro, se oponen al sistema de corrupción. Y son tomados como un mensaje diabólico en la persecución al Inpec. No podemos sentarnos y decir que todo está perdido. Al contrario, identificaremos las manzanas podridas. Y estamos trabajando sobre la base de investigar lo que está pasando, y por ello se han abierto investigaciones disciplinarias y penales.
El Inpec está apostando por la Operación Dominó y, aunque los resultados en términos de investigaciones, incautaciones y sanciones son altos, pareciera que eso trajo consecuencias. Casi una decena de asesinatos, incluyendo al director de La Modelo, y atentados constantes. ¿Qué muestra ello?
Yo creo que demuestra varias cosas. Primero, que se ha ido a fondo. Segundo, se han pisado muchos cayos. Eso significa tener, como a le pasa al coronel Daniel Gutiérrez, amenazas y otra serie de cosas. Pero, cuando las acciones funcionan, la mayor satisfacción es poder brindarle al país un sistema de cárceles que sea transparente, adecuado y que funcione como tiene que funcionar. Esto lleva muchos años funcionando de manera indebida. Es una costumbre sistemática en un medio donde se normalizaron conductas que no debieron normalizarse.
Se han venido cayendo las reformas de gobierno, pero la reforma a la justicia sigue en firme y pasó su segundo debate en el Senado. ¿Cómo va eso?
Tengo algo muy especial en estos meses. En tres meses se aprobaron, para debate, tres proyectos que presentó el sector: la reforma a los artículos del procedimiento penal, la ley ordinaria de jurisdicción agraria y la de justicia ordinaria y justicia indígena. Se ha construido un diálogo y una comprensión de que el legislativo y el ejecutivo pueden trabajar conjuntamente para sacar una buena ley. Ahora, nosotros no estamos reformando a la justicia, buscamos reformar tres artículos del Código de Procedimiento Penal. Es una reforma fundamental para el sistema penal acusatorio, que lo devuelve su contenido natural, para ver si podemos funcionar mejor.
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Se renunció a uno de los artículos que creaba más polémica, que era la reducción de penas en casos de delitos contra niños, niñas y adolescentes. Pero, se enriquecieron otros artículos con el diálogo y las discusiones en mesa, con personas de diferentes partidos políticos, lo cual para mí es una gran satisfacción. Yo no soy política, ni tengo partido. Pero ver a diferentes partidos poniéndose de acuerdo es una satisfacción muy importante para que la ciudadanía tenga una mejor justicia penal.
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