Las cuentas de los desplazados

Así las cosas, según la Contraloría General de la República (CGR), 287.114 familias, de las cuales 78.000 son también víctimas de otros delitos como tortura o el reclutamiento forzado de menores, fueron descontadas del Conpes 3712 (del 1º de diciembre de 2011), que le da liquidez a la política pública sobre desplazamiento forzado. El DNP argumenta este recorte manifestando que “esa población no se ha acercado a solicitar atención por parte del Estado.

En consecuencia el cálculo del número de víctimas se efectuó sobre un total de aproximadamente 618 mil hogares activos en el registro, cifra a la que se descontaron 78 mil víctimas que, además de ser desplazados, sufrieron otro hecho victimizante”. Según la CGR, de ser así se pasaría de 618.000 a 540.000 familias reconocidas como víctimas del desplazamiento.

De acuerdo con la Contraloría, “la determinación del número de personas que se encuentran en desplazamiento ha sido variable, con tendencia a considerar cada vez menos población objeto de ese delito, sin que exista claridad de las razones por las cuales esa disminución sucede”.

El órgano de control señala además que “no sólo existe un subregistro de cerca de un millón de personas, como está plenamente documentado por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, sino que adicionalmente, a la hora de aplicar los cálculos para tasar la indemnización, surgen argumentos como la “reserva técnica”.

Aparte de lo anterior, las cuentas de los desplazados no sólo disminuyen en número de víctimas, sino también en dinero. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tasó un monto de reparaciones judiciales y por daños inmateriales a las personas por $110,5 billones para 4’850.559 víctimas del desplazamiento forzado en Colombia.

Por su parte, el Consejo de Estado fue más generoso y consideró que esa suma debería ser por $137,4 billones, para ese mismo número de personas. En el primero de los casos a cada una de las víctimas se le entregaría, $22’780.879. En el segundo, se beneficiarían con $28’326.632.

Sin embargo, estos dos conceptos quedaron en simples cuentas alegres cuando el Estado colombiano formuló, en 2008, el Programa de Reparación Individual por vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley. Programa que fue catalogado por la Comisión de Seguimiento como un “escenario mínimo” que redujo las ambiciosas cifras anteriores a $13,8 billones. Pero la reducción no paró ahí. En 2011, la Ley 1448 redujo aún más la tasación por el delito de desplazamiento forzado.

Luis Higuera, contralor delegado Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, responsable nacional del Programa Desplazamiento Forzado, explica que “de pagar 27 salarios mínimos en 2008, el Gobierno pasó a 17 por grupo familiar, constituyéndose en un retroceso. Así, en 2008 se reconocían $15,3 millones a cada familia y ahora ese monto se reduce a $9,6 millones. Con esta medida, la indemnización global para la población desplazada para los próximos 10 años pasa de $13,8 billones a $8,7 billones a partir del 20 de diciembre de 2011. Si a ello se agregan otros delitos que también afectan a buena parte de la población desplazada, la indemnización total en 2008 era de $25,6 billones y pasó, en 2011, a $20,5 billones. No hay claridad sobre las razones por las cuales se realizó esa tasación”.

En la actualidad el proceso de indemnización para los desplazados está en manos del DNP. Allí sólo se reconocen $3,6 billones para la población en situación de desplazamiento, suma que tendrá que ser repartida entre 540.000 familias.

Sandra Morelli Rico, contralora general de la República, fue enfática en asegurar ante la Corte Constitucional que “ha imperado solamente el criterio de la sostenibilidad fiscal, debilitando el justo equilibrio que debe haber con la defensa de los derechos de los ciudadanos desplazados. Debe tenerse presente que la reparación administrativa implica que se reconozca el problema bajo una perspectiva lo más amplia posible”.