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Hace exactamente dos años, tres peces gordos de Odebrecht en Colombia, Éder Ferracuti, Amilton Hideaki y Marcio Marangoni, le dijeron a la Fiscalía que estaban dispuestos a sentarse a negociar con las autoridades colombianas. Se lo hicieron saber a los fiscales a través de su abogado. El fiscal Daniel Hernández fue el encargado de acercarse a los empresarios, quienes para esa época ya habían escapado a Brasil. Los tres le dijeron lo que sabían del escándalo de corrupción y de los hombres que habrían participado en él y le expresaron que querían colaborar en las investigaciones a cambio de beneficios en sus procesos legales en Colombia.
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Dos años después de ese acercamiento no hay colaboración, ni capturas, ni proceso en marcha, pues, pese a los últimos intentos de la Fiscalía ad hoc de imputarles cargos, la audiencia programada para junio de este año se aplazó y todavía no ha sido reprogramada. Sin embargo, desde septiembre de 2017 el ente investigador conoce detalles de lo que dijeron quienes hasta ahora han sido los “intocables” de la justicia. El primero en hablar fue Marangoni, quien de entrada explicó que es un ingeniero civil y que ingresó a Odebrecht en 1988 como auxiliar técnico, pasó por diferentes obras en Brasil, Angola y Ecuador, para finalmente aterrizar en Colombia. “No ha habido otra empresa en mi vida”, añadió.
El 1.º de abril de 2013 es la fecha que señaló como referencia de su llegada al país, como director de contratos. “Fue natural que me designaran para hacer los presupuestos de obras civiles de Ocaña-Gamarra entre 2013 y 2014. A partir de 2015 fui designado director de contrato de Consol (la empresa encargada de ejecutar las obras de la Ruta del Sol 2)”, señaló, y aclaró que, además de él, el contrato tuvo otros directores: Manuel Jiménez, Ricardo Paredes y Marcelo Piller. Marangoni asumió el tramo ubicado en la zona norte, con aprobación de la junta directiva del consorcio, compuesto en su mayoría por Odebrecht y minoritariamente por Corficolombiana, del Grupo Aval, y CSS Constructores.
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Al fiscal Hernández le contó que en las oficinas de la multinacional conoció a Federico Gaviria y Otto Bula, dos fichas claves del escándalo. Aunque dijo que no se acordaba de quién se los presentó, señaló que se la pasaban en las instalaciones de la empresa y que su trabajo con Gaviria consistió en “generar caja para el pago al señor para gestión del contrato”. Lo que la Fiscalía ha contado hasta ahora es que el empresario habría sido clave para que la multinacional mejorara sus condiciones contractuales en el país en época de reforma tributaria. Para eso, Gaviria se habría comprometido a ayudarles con sus amigos congresistas a cambio de millonarios pagos.
Marangoni agregó en su declaración que la estrategia fue sobrevalorar contratos de la obra para que el sobrante se utilizara para pagar la gestión de Gaviria. Una de las empresas que se prestaron para “generar caja” fue el Grupo Mundial de Ingenieros. Andrés Salazar Ferro, quien trabajaba en ese grupo, ya aceptó que le entregó $4.000 millones a Gaviria por su “colaboración” para que el consorcio de la Ruta del Sol 2 se quedara con la adición del contrato Ocaña-Gamarra. Marangoni aclaró que utilizó la misma dinámica para pagarle sobornos a Otto Bula, a través de empresas que ya han sido mencionadas en las investigaciones: Consorcio Sion, Consultores Unidos y Técnicas Territoriales y Urbanas.
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A manera de conclusión, Marangoni le aclaró al fiscal que nunca supo que esos pagos se fueran a utilizar para la entrega de coimas a servidores públicos. La declaración de Ferracuti fue similar. Arrancó por explicar que entró a Odebrecht cuando apenas terminaba su pregrado como ingeniero en 1985 y allí hizo su carrera profesional. En 2015 fue designado director de inversiones y trabajó en Perú y Ecuador, para después llegar a Colombia, no como empleado de la multinacional, sino como contratista de la concesionaria Ruta del Sol 2, en donde se desempeñó como representante legal y gerente. Sobre Gaviria, el portugués lo describió como un lobista que trabajaba para ellos y a quien conoció hacia 2011.
“Gaviria, cuando tenía un proyecto que él consideraba pudiera ser interesante para la concesionaria, lo presentaba para (saber si) me interesaba o no”, explicó Ferracuti, aclarando que ninguno fue aprobado. El ingeniero respaldó la versión de Marangoni sobre el pago a Gaviria por su trabajo para la adición del tramo de Ocaña-Gamarra, pero dijo que, a pesar de las investigaciones de la Fiscalía, éste siempre estuvo bajo el marco de la legalidad. Sobre Bula, el ingeniero dijo que su labor fue similar a la de Gaviria y que para pagarle su labor, la concesionaria sobrevaloró dos contratos de la obra. En cuanto a si ese dinero terminó en cuentas de políticos, Ferracuti dijo: “No tengo conocimiento y no instruí a nadie en este sentido”.
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El último en hablar fue Amilton Hideaki. Lo hizo en la tarde del 3 de noviembre de 2017, en el consulado de Colombia en São Paulo. Lo primero que dijo fue que su contrato siempre fue con Odebrecht y que llegó a Colombia en 2009, como director de ingeniería de la empresa, de la que también fue representante legal por algunos períodos. Su declaración, a diferencia de la de sus colegas, fue mucho más escueta. Aclaró que nunca firmó contratos pues no tenía el permiso de hacerlo, que tampoco tuvo contacto con las empresas que se prestaron para sobrevalorar los contratos y que “no cree” que haya participado en ningún pago irregular a los lobistas Federico Gaviria y Otto Bula, aunque admitió que los conocía.
Los tres coincidieron en que el trabajo de los colombianos en Odebrecht se dio gracias a los contactos con Luiz Bueno y Eleuberto Martorelli, exdirectivos de la multinacional, quienes también tienen procesos judiciales en el país. Sobre los procesos de Marangoni, Ferracuti y Hideaki, la Fiscalía ad hoc, a cargo de Leonardo Espinosa, dejó lista la base de la imputación de cargos en su contra, pues aseguró tener las pruebas suficientes para relacionarlos con este grupo empresarial de crimen organizado que, a través de coimas, contratos falsos y poder económico y político consiguió negocios millonarios, lavó dinero y se concertó para cometer delitos.
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De acuerdo con los investigadores, los tres habrían sido los “cerebros” de los planes para hacer que el dinero de los sobornos tuviera la apariencia de legalidad y conseguir a los intermediarios de los pagos, a pesar de que dos de ellos lo niegan y uno aseguró no saber nada al respecto. Ahora, al menos hasta que el presidente Iván Duque presente una terna a la Corte Suprema y ésta escoja al próximo fiscal general, este espinoso tema está en manos de la administración temporal de Fabio Espitia. Fuentes de la Fiscalía aseguran que ya se solicitaron de nuevo fecha, hora y sala de audiencias para llevar a cabo la imputación de estas tres personas, aunque ninguna está en el país. Hasta el momento, sin embargo, la imputación sigue en el aire.
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