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La curtida abogada e investigadora Luz Merly Acevedo Cortés, con más de 27 años en el servicio público y una hoja de vida respetada, sin tacha y ad portas de su pensión, está hoy viviendo el episodio más amargo de su carrera. Desde hace casi seis años es la coordinadora del Grupo de Policía Judicial del CTI de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y por su despacho han pasado los informes reservados y las investigaciones más sensibles contra influyentes congresistas. Expedientes tan sensibles como el caso del expresidente Álvaro Uribe; del exgobernador de Santander, Richard Aguilar; de los exsenadores Arturo Char, Mario Castaño, Ciro Ramírez y León Fredy Muñoz, entre otro largo etcétera. Tal es su nivel de importancia en la Corte, que ha sido designada muchas veces para liderar los operativos de captura y allanamientos en estos procesos.
A pesar de su destacada trayectoria, su trabajo fue el centro de una delicada controversia que debatió el jueves pasado la Sala de Instrucción. El motivo: las denuncias cruzadas entre la magistrada Cristina Lombana y Luz Merly Acevedo. La primera denunció a Acevedo ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en su cargo, mientras que ella hizo lo mismo ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes contra Lombana por persecución y acoso laboral. Al margen de lo que resuelva la justicia, hoy el respaldo lo tiene la actual coordinadora de policía judicial de la Sala de Instrucción. En pocas palabras, la mayoría de magistrados le creen a Luz Merly Acevedo en este pulso. Tan es así, que la Sala se negó a apartarla de sus funciones, tal como lo había solicitado la magistrada Lombana, y tampoco accedió a retirar a siete investigadores del CTI que trabajan con la Corte.
Los documentos
El Espectador tuvo acceso a todos los documentos del caso. El 18 de marzo de 2024, la investigadora Luz Merly Acevedo le informó al presidente de la Sala de Instrucción, el magistrado Misael Rodríguez, que había sido maltratada y hostigada por la magistrada Lombana. Cuatro días después, y con más detalles, formalizó su denuncia ante la Comisión de Acusación. Allí relató que el 8 de marzo de este año, al caer la tarde, fue contactada telefónicamente por la magistrada, quien le solicitó comparecer a su despacho. A las 6:30 de la tarde ella llegó a la oficina de Lombana, quien se encontraba con Claudio Alejandro Calderón, líder del Grupo de Policía Judicial de la Fiscalía delegada ante la Corte. “La magistrada me increpó sin mediar saludo y de manera hostigante sobre mi desempeño como coordinadora. Fue hostil, denigrante y amenazante en extremo”, señaló Acevedo.
Según dejó consignado en su denuncia, Lombana la acusó de apropiarse indebidamente de $87 millones en viáticos de órdenes de trabajo durante su gestión, en los últimos cinco años, en desplazamientos a varias ciudades del país. “Me llamó mentirosa, atrevida y arbitraria en el cumplimiento de mis deberes. Aseguró que he abusado de la confianza y la buena fe de todos los honorables magistrados integrantes de la Sala”, pues “a su juicio me apropié de recursos públicos sin que se hubieran proferido las comisiones correspondientes. Todo lo anterior lo hizo gritándome”. Y añadió: “La magistrada me llamó negligente e irresponsable”, afirmó que “no servía para nada y por ello no era posible esperar nada de mi equipo de trabajo, igualmente me llamó inepta”. Según ella, la magistrada Lombana la humilló y ultrajó afectando su buen nombre y su salud.
Lombana cuestionó a Acevedo porque, además de sus funciones administrativas, continuaba como investigadora del CTI, algo que para ella era incompatible con su cargo e incluso ilegal. Para sustentar su acusación, la magistrada le dijo que tenía un informe hecho por Claudio Alejandro Calderón, de la Fiscalía delegada ante la Corte, en donde se relacionaban los detalles de las comisiones de trabajo en las que participó Luz Merly Acevedo con varios funcionarios del CTI adscritos a la Sala de Instrucción. Según la denuncia, Acevedo le señaló que tenía todas las facultades legales para ejercer como investigadora y coordinadora, y que todos esos viáticos los recibió cumpliendo las órdenes impartidas por los magistrados en sus investigaciones. Además, le recalcó que existe un acuerdo entre la Corte y la Fiscalía para que todas las misiones de trabajo del CTI adscrito al alto tribunal se manejen con total reserva.
La respuesta de Lombana, según Acevedo, fue acusarla de peculado y prevaricato, así como de negligente e irresponsable. Para la coordinadora de policía judicial de la Corte este episodio fue la gota que rebosó la copa de un historial de maltrato de la magistrada contra ella y varios agentes del CTI. Acevedo recordó que ha sido testigo de comportamientos desobligantes y agresivos de Lombana contra varios miembros del CTI que han terminado “llorando y enfermos”, al punto de que algunos de ellos le han solicitado que “por favor no les asigne órdenes de ese despacho por el miedo que les infunde y los maltratos de los que han sido objeto”. Al final, Acevedo aseguró que no ha tenido ningún cuestionamiento a su trabajo por parte de otro magistrado de la Sala, ni tampoco por el director del CTI y ni siquiera por el coordinador Claudio Alejandro Calderón. Es más, añadió que le han hecho dos auditorías de seguimiento que “dan fe de mi gestión”.
No es todo. Entre las pruebas que aportó Acevedo a la Comisión de Acusación en contra de la magistrada hay un documento de 12 páginas firmado por siete investigadores del CTI adscritos a la Sala de Instrucción que viajaron con su jefa, Luz Merly Acevedo, a las comisiones de trabajo delegadas por la Corte. Se trata de Nelson Cardozo, Misael Aldana, John Wílmer Rodríguez, Roque Duarte, Mónica Gaitán, Carolina Vargas y Luz Mireya López. Todos ellos relataron los pormenores de una reunión a la que fueron citados el 13 de marzo pasado por parte de Lombana. Según ellos, la magistrada les pidió, antes de ingresar a una sala de audiencia, que se quitaran chaquetas y sacos, y dejaran afuera sus bolsos, esferos y celulares. Lombana estaba acompañada por varios funcionarios de su despacho y telefónicamente enlazó al encuentro a Claudio Alejandro Calderón, coordinador de policía judicial de la Fiscalía delegada ante la Corte.
La magistrada cuestionó el trabajo de esos investigadores y las comisiones en las que viajaron con Acevedo, pues dijo tener dudas sobre el trabajo de la coordinadora del grupo. Por eso preguntó por los informes que presentaron. Ellos le explicaron que todo estaba conforme a la ley y que, en muchos casos, los magistrados le delegaron a Acevedo expresamente tareas de investigadora por tratarse de temas sensibles. Es más, contaron que en muchas ocasiones, por la complejidad de las órdenes solicitadas por los magistrados, o si había mucha carga laboral, se le pedía apoyo a la coordinación, es decir, a Acevedo, y ella los apoyaba en esas diligencias. También se quejaron de que estuvieran en esa reunión como si estuvieran siendo investigados y que no entendían por qué aparecían en un informe de Claudio Calderón enviado a la magistrada, como si fueran sospechosos de algo.
La reunión de dos horas fue tan tensa, que los investigadores les hicieron saber a la magistrada y a su equipo que le resultaban preocupantes y tristes esos cuestionamientos, “cuando al doctor Claudio y a la señora magistrada Lombana les constaba la dedicación y entrega” de ellos y que si estaban siendo investigados les dijeran para defenderse en donde correspondiera. Los investigadores se quejaron del trato de la magistrada en ese encuentro y señalaron que se le vio “enojada y gritando”, y que en varias ocasiones los mandó a callar. Por último, reivindicaron su trabajo y el de su jefa, y le confesaron que cada vez que recibían una citación de Lombana “nos estresábamos, sentíamos angustia y hasta nos enfermábamos”. A pesar de sus explicaciones, la magistrada les insistió en que tenía graves sospechas contra Luz Merly Acevedo y su trabajo. En la otra orilla, siete de los más curtidos investigadores del país respaldaron a Acevedo.
Incluso al día siguiente fueron citados por el despacho de la magistrada Lombana para que firmaran el acta de esa reunión y cuando, según ellos, solicitaron el documento para leerlo, concluyeron que no lo iban a firmar como quiera que no constaba allí ninguna de sus intervenciones y defensa de su trabajo. Además, dejaron la siguiente constancia: “Sentimos miedo y nos estamos sintiendo amenazados y estigmatizados (…) Nunca hemos sido objeto ni testigos de algún mínimo acto de grosería, atrevimiento e irrespeto por parte de nuestra coordinadora; por el contrario, muchos de nosotros hemos sido objeto de atropello, grosería, humillación y trato indigno por parte de la doctora Lombana en su despacho y vía telefónica”. Y remataron su queja señalando que, aunque pueden presentarse errores, “esto no significa que seamos delincuentes” y que están dispuestos a entregar las explicaciones donde sea.
La versión de la magistrada Cristina Lombana
El Espectador consultó a la magistrada Lombana, quien se negó a dar declaraciones. No obstante, en su denuncia enviada a la Fiscalía el 18 de marzo pasado reseñó hechos que, según ella, podrían derivar en “comportamientos con relevancia penal y disciplinaria” respecto del trabajo de Acevedo. En ese documento de 13 páginas, con más de 100 folios de anexos, la magistrada reconoció que ella hizo averiguaciones sobre las funciones y el trabajo de la coordinadora de policía judicial de la Sala de Instrucción y, en su criterio, resultaba irregular que Acevedo se autoasignara órdenes de trabajo en comisiones de servicio. Su indagación, incluso, llegó a la Fiscalía, pues le solicitó a Claudio Calderón el reporte de los viajes hechos por Luz Merly Acevedo. Calderón, en teoría, es el superior administrativo de Acevedo en el CTI, pero ella, por disposición de la Corte, depende funcionalmente de la Sala.
En pocas palabras, la magistrada sostuvo que Acevedo no podía estar en comisiones de trabajo, porque sus funciones eran puramente administrativas y explicó que, entre 2019 y 2024, Acevedo había hecho este tipo de viajes en 33 oportunidades. Lombana aseguró que ella nunca le asignó labores de investigadora a Acevedo, por lo que no entendía por qué aparecía en cuatro comisiones de trabajo relacionadas con su despacho. Además, manifestó que en muchos de esos viajes no encontró registros de qué fue realmente lo que hizo Luz Merly Acevedo en esas pesquisas. “Es dable concluir en principio que no se encuentra justificación de por qué Luz Merly Acevedo Cortés gestionó órdenes de trabajo a su nombre para desarrollar labores investigativas (…). No existe soporte documental a partir del cual se pueda inferir que la misma haya desarrollado alguna actividad investigativa”, puntualizó Lombana.
Además de su denuncia, la magistrada dejó constancia en la Sala del pasado 18 de abril que, sobre la reunión que sostuvo con los siete investigadores del CTI, nunca hubo malos tratos ni momentos tensos, contrario a lo explicado por los funcionarios, y que, en realidad, fueron ellos quienes no acudieron a firmar el acta que elaboró su despacho de ese encuentro, “a petición del magistrado Marco Antonio Rueda”. En ese documento, Lombana pidió formalmente la desvinculación de los funcionarios cuestionados por ella y que la Sala estudiara el tema con urgencia, pues señaló que llevaba un mes tratando de que sus colegas conocieran sus hallazgos. Solo hasta esta semana los seis magistrados se reunieron para discutir el asunto y darle una respuesta formal al nuevo director del CTI, Henry Arturo Cruz Vega. No obstante, la Sala no accedió a sacar a esos funcionarios y, por el contrario, los respaldó.
Este viernes 26 de abril, el presidente de la Sala de Instrucción, Misael Rodríguez, le envió un documento de dos páginas a Cruz Vega, en el que le notificó que la mayoría de los magistrados desaprobaron la solicitud de su colega Lombana de pedir el retiro de Luz Merly Acevedo y los siete investigadores. Fuentes cercanas al alto tribunal añadieron que los magistrados estaban muy incómodos con todo este episodio, pues se enrareció el ambiente laboral, hubo una petición inconsulta a la Fiscalía por parte de la magistrada, sin haberle informado a la Sala, y hay dudas sobre si Lombana podía hacer esas averiguaciones en la Fiscalía sobre procesos reservados llevados por sus colegas en total confidencialidad. Asimismo, por la intervención de Claudio Calderón en el informe que este le presentó a Lombana y si ella se extralimitó en sus indagaciones ya que no tiene competencia para investigar a funcionarios del CTI.
En síntesis, mientras las autoridades resuelven de fondo las denuncias, Luz Merly Acevedo cuenta con todo el respaldo de la mayoría de la Sala de Instrucción, así como de los investigadores del CTI que trabajan con ella. En la otra orilla, la magistrada Lombana insiste en que “el vínculo de confianza que debe existir entre los miembros de la Sala y su cuerpo de investigación, en lo que respecta a mi despacho, se ha roto”. Acevedo, ad portas de pensionarse, según su denuncia, está convencida de que tiene cómo probar que siempre ha actuado de forma correcta y que la que se ha comportado indebidamente es la magistrada Lombana.
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