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El exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadia Campo, quien se desempeñó en ese cargo entre 2008 y 2010, año en el que la Procuraduría lo destituyó por participación indebida en política, fue recientemente declarado por la Corte Suprema de Justicia como culpable de corrupción. Según la decisión del alto tribunal, el político cometió irregularidades en un contrato para la compra y distribución de textos escolares en 40 bibliotecas de 10 municipios del departamento. Sin embargo, seguirá en libertad hasta que se dicte la sentencia en su contra. Decisión que causó divisiones en el alto tribunal y que generó que el magistrado Jorge Emilio Caldas aclarara su voto.
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Aunque el magistrado Caldas estuvo de acuerdo con que el exgobernador Abadía fuera condenado por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, no concuerda con que el alto tribunal no haya ordenado privarlo de la libertad. Para el togado, los argumentos que tuvo en cuenta la Sala de Primera Instancia para dejarlo temporalmente el libertad son incompletos y confusos. El alto tribunal tomó la decisión bajo el argumento de que el político asistió voluntariamente a la audiencia de formulación de imputación, no se solicitó medida de aseguramiento en su contra, y en la etapa de juzgamiento concurrió al juicio oral. Todo esto, para Caldas, se ajusta más a la etapa de investigación del caso, pero no a la actual etapa en la que Abadia Campo ya fue condenado.
“La simple mención de la comparecencia al proceso orientó la decisión de no privación de la libertad, sin que se ofreciera una argumentación suficiente que permitiera comprender de qué manera se ponderó este aspecto, las circunstancias concretas relacionadas con el caso y la conducta ejecutada, lo que impide comprender la motivación de la decisión y consecuentemente, adelantar un juicio crítico de la misma”, dice el salvamento de voto del magistrado Caldas.
Aunque Caldas fue respetuoso de la decisión que tomó la Sala, su conclusión fue que “la decisión que se ocupa de definir la situación de libertad del declarado culpable no evalúa las particularidades del caso tales como la modalidad del comportamiento y su afectación social”. Asimismo, el magistrado señaló en sus argumentos que Abadía Campo “nunca estuvo afectado con medida de aseguramiento” y que, por otra parte, la decisión de dejarlo en libertad se dio “sin ofrecer explicación alguna sobre el ejercicio de razonamiento que uso para emitir la determinación de no aplicación de la detención”.
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Juan Carlos Abadia Campo fue declarado culpable por la Corte Suprema de Justicia por irregularidades en la firma de un contrato que suscribió en enero de 2010 junto con el entonces secretario de educación del departamento, Eiber Navarro. El convenio se firmó por un valor de $1.072 millones con la fundación Calimio para dotar 40 bibliotecas en centros educativos del departamento. Sin embargo, tal fundación en realidad no tenía experiencia para ejecutarlo y además compró los elementos por un valor de $182 millones, subcontratando a diferentes editoriales, lo que significa que gran parte del dinero cayó a manos de terceros.
“Producto de esas negociaciones, los representantes legales de Ediciones Alfa & Omega y La Clave del Saber valiéndose del sobrecosto se apropiaron de $817.482.400.00. Pago que Juan Carlos Abadia Campo en su condición de representante legal y ordenador del gasto al celebrar el convenio autorizó”, dice la acusación de la Fiscalía, que fue acogida por el alto tribunal. Con esta decisión lo que resta del proceso es conocer la pena a la que será condenado el exgobernador del Valle y si la Corte Suprema cambia de decisión y lo envia a la cárcel.
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Pero esta no es la única investigación que la justicia sigue en contra de Juan Carlos Abadia Campo. En julio de este año fue acusado por presuntamente pagar un soborno para archivar un proceso en su contra en la Corte Suprema de Justicia. El exgobernador Abadía fue vinculado formalmente a la investigación penal por el escándalo del cartel de la toga en junio de 2022. Luego de que, por años, testigos lo señalaran como supuesto beneficiario de la red de sobornos que se desarrolló en la alta esfera de la justicia.
Concretamente, la justicia lo investiga por el delito de cohecho por dar u ofrecer, porque, al parecer, Abadía intentó torcer un proceso penal que andaba en su contra por hechos de corrupción cuando estuvo al frente de la Gobernación del Valle. Los elementos de prueba dan cuenta de que el exmandatario regional, al parecer, le entregó $400 millones al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, exfiscal contra la corrupción, en 2014. Este dinero fue direccionado al hoy condenado y exmagistrado Francisco Ricaurte.
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