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La cuestionada libertad de Jorge Luis Alfonso López, hijo de la exempresaria del chance, “la Gata” Enilce López, no duró sino un poco más de 48 horas. En medio de un revuelo político y judicial, en cuestión de dos días, el mismo juez que dejó libre al “Gatico”, condenado por haber mandado a matar a un periodista en 2005, ordenó nuevamente su detención en prisión domiciliaria. ¿Qué hacía un condenado por homicidio, con nexos con grupos paramilitares, libre? ¿Por qué el Gobierno lo convirtió en facilitador de paz, figura que terminó usando para pedir su libertad? Las preguntas empezaron a acumularse una tras otras, mientras que las respuestas fueron llegando, atravesadas por la polémica. Aunque no todas se resolvieron, la semana acabó en medio de la controversia.
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Todo arrancó el pasado miércoles 8 de febrero, cuando la libertad del “Gatico” era inminente. Por una orden del juez Orlando Petro Vanderbilt, del 2 de febrero, las autoridades debían dejar libre a Alfonso López para que pudiera cumplir con la misión que le había encargado el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda. Su objetivo, como facilitador de paz, era “tender puentes”, como describió una fuente esta figura, con grupos armados ilegales para conectar a sus voceros con el Gobierno. De esa manera, podrían explorar salidas jurídicas para su eventual sometimiento a la justicia. Rueda aprobó esa designación el 22 de diciembre del año pasado, en una resolución reservada, y para el siguiente mes, Alfonso López ya estaba moviendo el sistema judicial para pedir su libertad.
Con la boleta de libertad en mano, el escándalo ya estaba a la orden del día. El Gobierno se apresuró a explicar que nunca pidió que “el Gatico” quedara libre y aseguró que pediría, de inmediato, revocar la orden del juez Petro Vanderbilt. Tanto el ministro del Interior, Alfonso Prada, como el comisionado Rueda se pronunciaron en contra de la decisión, mientras que el togado defendió su decisión, asegurando que el Gobierno siempre estuvo al tanto del proceso de libertad, pues él mismo le había pedido información de Alfonso López a la Oficina del Alto Comisionado. Aunque en cuestión de horas el condenado volvió a estar preso, y Rueda le quitó su designación como facilitador, el trasfondo de su libertad sigue siendo secreto y la punta de lanza para los críticos de la paz total del gobierno de Gustavo Petro.
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No es para menos. No solo la resolución que podía explicar por qué “el Gatico” podía ser útil para acercar al Gobierno a grupos armados quedó reservada, y literalmente dice que las actuaciones de Alfonso López serían secretas, sino que, aun con ese documento eliminado, el alto comisionado no aclaró mucho más. En diálogo con este diario, una fuente cercana al alto funcionario explicó que se trata de información que debe permanecer secreta porque, de lo contrario, queda en riesgo la persona “facilitadora” e, incluso, su familia. “Estamos hablando de personas que están metidas en el mundo ilegal y podían acercarnos a esos grupos que están en total clandestinidad. Por ese riesgo que corren tendiéndonos los puentes, cualquier información que se filtre puede ponerlos peligro”, agregó otra fuente.
En el caso de Alfonso López, las preguntas sobre su rol de facilitador son más problemáticas. Abogados penalistas que asesoran al Gobierno en temas de sometimiento a la justicia, que por esa posición prefirieron no ser citados, le contaron a este diario que la situación es particular. “Las cosas no están claras. La principal razón es que el comisionado tiene libertad de nombrar a facilitadores y todavía no tenemos información concreta de cómo un hombre, que estaba preso hace 10 años, podía seguir teniendo contacto con grupos armados como para ser facilitador”, aclaró una de las abogadas, que puntualizó que, de todas maneras, con el poco control que hay en las cárceles, tampoco sería sorprendente que un personaje como “el Gatico” hubiera mantenido sus nexos criminales, aun desde prisión.
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Otro penalista agregó: “No solamente no sabemos realmente cuáles eran sus conexiones con grupos armados, sino que tampoco tenemos claro cuál es el plan del alto comisionado Rueda para controlar que facilitadores de paz como Alfonso López no se fuguen. No sabemos si hay más personas en esa situación. Como todo queda reservado, las suspicacias y este tipo de cuestionamientos terminan poniendo en duda la manera en que se está trabajando en la paz total. Por supuesto que todos la queremos, es un derecho. Pero no por eso se pueden pasar por encima las reglas de un Estado de derecho”. Ante la pregunta de cuántos facilitadores nombrados por el Gobierno podrían estar en libertad, Rueda le dijo a este diario: “Desconozco qué personas han pedido la libertad bajo el mismo argumento que Alfonso López”.
Sobre este punto, el alto comisionado agregó que lo que sí sabe es que hay un grupo de abogados que, a cambio de altísimas sumas de dinero, están ofreciendo, en varias cárceles del país, beneficios como libertades y la promesa de no extradición, supuestamente diciendo que son beneficios de la paz total. “Todo eso es absolutamente falso”, puntualizó Rueda. En una reflexión más pausada de lo ocurrido durante la semana, el alto comisionado comparte una de las preocupaciones del abogado asesor del Gobierno: ante situaciones como la del “Gatico”, se pone en riesgo “la credibilidad de la construcción del escenario de paz (…) no estamos hablando aquí de situaciones que no tengan efectos negativos sobre la confianza y la construcción de paz”.
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Aunque están claros los riesgos que corre el Gobierno nombrando a facilitadores de paz, el alto comisionado plantea el siguiente escenario: “Si no exploramos unos acercamientos con criminales o con quienes han participado en la criminalidad (a través de gente de su confianza, como en este caso parece ser Alfonso López), ¿cómo vamos a lograr un escenario de tránsito de todos estos grupos al Estado de derecho?”. Para quienes conocen los procesos de acercamiento para un eventual sometimiento a la justicia de grupos armados en total clandestinidad y sin voceros claros, como sí existen en las guerrillas, entablar comunicación con esas bandas es un trabajo quirúrgico. Primero, porque cualquier acercamiento de un civil o político con sus líderes puede terminar metiéndolos en líos judiciales.
Y segundo, porque sus círculos de confianza son muy reducidos y, para llegar a ellos, “muchas veces toca recurrir a criminales que sí están en esos círculos íntimos. Eso es lo que vemos que pasó con “el Gatico”. El problema es que la línea entre darles ese estatus de facilitadores y volverlos actores políticos en un proceso de tránsito, como lo dice el comisionado, es delgadísimo. Y aquí nunca podemos olvidar que estamos frente a narcotraficantes, asesinos de periodistas, abusadores y perpetradores de toda clase de violaciones a los derechos humanos y, en consecuencia, lo único que se les puede brindar es un sometimiento a la justicia, en donde la justicia no puede defraudar a las víctimas”, explicó uno de los asesores del Gobierno sobre este tema.
Pistas en el pasado judicial
Ahora bien, los mismos penalistas asesores, al analizar el caso del escándalo de la semana, mencionan otros peros al caso. Si bien no se saben los vínculos que podría tener Jorge Luis Alfonso López con grupos armados, su pasado judicial, y el de su familia ofrece varias pistas. Condenado en primera y en segunda instancia por haber ordenado el asesinato del periodista Rafael Prins, en febrero de 2005, “el Gatico” fue reseñado por la justicia como el líder de una banda criminal dedicada a infundir el terror en Magangué (Bolívar). Cuando llegó a la Alcaldía del municipio, en 2003, bajo el amparo de su madre, la poderosa exempresaria conocida como “la Gata”, “La Silla Vacía” contó que por las calles había hombres armados y que, incluso, él mismo despachaba en su oficina con un arma sobre la mesa.
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Aparte de ser el líder de la banda, que además habría desviado dinero público a sus bolsillos, según las denuncias del periodista que, por hacerlas, terminó asesinado, la justicia ha reiterado que hubo pocas familias más poderosas y temidas que la del “Gatico”. Su madre, como reposa en su condena por vínculos con el paramilitarismo, lavó dinero de Salvatore Mancuso durante años. Según el expediente, la exitosa mujer se valió de los buenos rendimientos de los juegos de azar y apuestas para servirle al temido exjefe paramilitar y, de esa manera, ocultar los lujosos bienes que consiguió a punta de sangre y violencia. Cuando la justicia logró judicializar a “la Gata”, la Fiscalía aseguró que su fortuna estaba avaluada en más de $1,5 billones.
Enilce López también fue condenada a 37 años de cárcel por el homicidio de Amaury Ochoa en 2000, un trabajador de un peaje que fue acusado por “la Gata” de ser informante de la guerrilla, y terminó asesinado a manos de paramilitares. Ahí no acaban los vínculos de la familia de Alfonso López con la guerra. Su padre, Héctor Julio Alfonso; su hermano, José Luis Alfonso; y un tío lejano, Arquímedes García, fueron capturados en 2014, sindicados de pertenecer a una red de lavado de activos al servicio de paramilitares. Pese a todas las evidencias en su contra, “la Gata” nunca ha aceptado sus vínculos ilegales. La última vez que lo hizo fue el año pasado, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en donde pidió pista para entrar, pero recibió un portazo.
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Los dos “Gaticos”, como son reconocidos los hijos de Enilce López, también pidieron ser aceptados en la JEP y recibieron la misma respuesta que su mamá. Sus versiones fueron todavía más confusas. La de Jorge Luis Alfonso López estuvo llena de inconsistencias. Por ejemplo, en tres escritos que envió en 2018, “el Gatico”, explicó la jurisdicción especial, dio a entender que hizo parte de la estructura urbana de las Autodefensas Unidas de Colombia y que les brindó apoyo logístico y económico. Sin embargo, en otra comunicación, aclaró que jamás perteneció a ninguna estructura armada ilegal y que su “actuar fue el de apoyo a las acciones ilegales e ilícitas adelantadas por las Fuerzas Armadas de Colombia, representadas en hechos ilícitos del Ejército colombiano, del extinto DAS y de otros terceros”, explicó él mismo.
Por las contradicciones en su relato en la JEP es que los asesores del Gobierno también critican la decisión de Rueda de volver a Alfonso López facilitador. “Lo que le ha dicho este hombre son solo declaraciones contradictorias e, incluso, mentirosas. ¿Por qué darle el estatus de facilitador a un personaje que se ha burlado de los investigadores y de la justicia? ¿El Gobierno solo está recurriendo a criminales como él?”, comentó la abogada , aclarando que la respuesta a esta pregunta es compleja, pues las resoluciones que haya firmado el alto comisionado designando a facilitadores siguen en total reserva. Aun así, Danilo Rueda, consciente de los riesgos que corre la paz total con facilitadores como “el Gatico”, concluye que “absolutamente ninguna decisión de este Gobierno está hecha para la impunidad”.
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