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Sin ninguna experiencia en administración pública, ni en liderazgo político, ni en la gestión de cargos públicos, Rosa María Cotes llegó a la Gobernación del Magdalena en 2016. Llegó al cargo con el respaldo político del clan Cotes, una poderosa familia de la zona que ocupó por varios periodos las sillas de alcaldes y gobernadores del departamento. Hoy, Cotes es una investigada de la Fiscalía por, al parecer, haber cometido actos de corrupción cuando llegó al cargo sin ninguna experiencia previa. El ente investigador está listo para imputarle cargos por el delito de contratación pública.
En el hackeo que sufrió la Fiscalía en agosto del año pasado, en una filtración de miles de documentos, quedó en evidencia las pruebas que hoy tienen a Cotes contra las cuerdas. El Espectador tuvo acceso al borrador de la imputación de cargos en su contra, donde la Fiscalía argumenta que entregó un millonario contrato a dedo. Y a un peor, se lo entregó a una vieja conocida de su campaña a la Gobernación. Según el documento, la exgobernadora eligió a la empresa R&R Consultores como la encargada de desarrollar tres contratos que terminaron costando $1.023 millones.
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El propósito de los negocios fue uno: implementar las normas internacionales de contabilidad, aquellas que sirven para controlar los estados financieros de las empresas, como políticas contables y análisis de los impactos financieros adoptados por la entidad pública. El problema es que Cotes, ni hizo un concurso de méritos para encontrar a la mejor empresa que pudiera ejecutar los tres contratos, ni abrió una licitación pública para que el proceso de contratación fuera trasparente. Para la Fiscalía, esta falta fue un total desconocimiento del deber.
En el documento en poder de este diario, el ente investigador afirma que, al no realizarse el concurso de méritos: “Se hacía necesaria la recepción de diferentes ofertas que permitiera a la entidad departamental proceder a la escogencia del contratista a partir de criterios diferentes a su discrecionalidad y cercanía con el contratista; es decir, hubo total desconocimiento del deber de selección objetiva e incumplimiento del principio de transparencia”. Además de que no hubo concurso de mérito ni licitación para adjudicar estos millonarios contratos, la Fiscalía también le reprocha a Cotes su relación con quien quedó con el negocio.
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La representante legal de la empresa R&R Consultores, Etilvia Terán del Toro, fue la contadora de la campaña electoral de Rosa Cotes para la gobernación. Aunque la Fiscalía no hizo ningún reproche penal por esta relación, sí aprovechó la oportunidad para aclarar que le llama la atención “que la representante legal de la empresa contratista haya tenido un vínculo previo con la imputada”. Esta empresa, como si fuera poco, tampoco cumplió con el objeto del negocio que le entregó a dedo la exgobernadora, tal y como quedó consignado en el borrador de la imputación en su contra al que tuvo acceso esta diario.
Según la Fiscalía, la empresa contratada no implementó las normas internacionales de contabilidad, sino que se limitó a hacer, apenas, una consultoría. Por estar razones, la Fiscalía asegura que Rosa María Cotes “no dio cumplimiento al principio de transparencia, pues eludió los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos para la definición de las modalidades de contratación de concurso de méritos y contratación directa (…) y no agotó un verdadero proceso de selección del contratista que garantizara la transparencia y la objetividad”, por parte de la gobernación.
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Antes de ser gobernadora, durante el periodo 2016-2019, Rosa Cotes Vives se desempeñó como primera gestora departamental, entre 2012 y 2014, por ser esposa del exalcalde condenado por parapolítica Francisco “Chico” Zúñiga, y hermana de Álvaro y Luis Miguel Cotes, más conocidos como Los Conejos. Según La Silla Vacía, ambos fueron contratistas y empresarios bananeros que llevaron a Luis Miguel el “Mello” Cotes a la Gobernación del Magdalena, un año antes de que llegara Rosa Cotes a la dirigencia del departamento.
El lío por el negocio que la exgobernadora habría entregado a dedo no es su único problema. La Fiscalía también le imputará cargos por supuestas irregularidades que ella y su sobrino, el “Mello” Cotes, habrían cometido en el contrato que prometió construir la Vía a la Prosperidad, que terminó costando más de $466.000 millones. Al parecer, ambos firmaron contratos y adiciones, con todo tipo de errores, que habrían generado millonarias pérdidas. Por este caso, los Cotes serán imputados por los delitos de contrato si cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, ambos agravados.
Por estas presuntas irregularidades, la Procuraduría ya había sancionado con multa a ambos exgobernadores. Pero ahora, la Fiscalía vinculó a ambos a una investigación penal, en el marco de un caso que el ente investigador denominó: Robo del Magdalena. Se trata de una de las investigaciones por corrupción regional más importante de los últimos años, que también tocará al hoy gobernador, Carlos Caicedo. Una fuente cercana al búnker le contó a El Espectador que este caso promete ser más grande e importante que el conocido como el de Las Marionetas, en el que cayó el senador liberal, Mario Castaño.
Ninguno de los Cotes se ha pronunciado sobre la decisión de la Fiscalía de llamarlos a imputación de cargos. Según los cálculos de los investigadores, en esta investigación en contra de los últimos tres gobernadores del Magdalena, se habrían perdido $74.789 millones, una cifra casi igual que el dinero que se perdió en el escándalo de corrupción de Centros Poblados y el Ministerio de las Telecomunicaciones. Por ahora, nadie da razón de dónde podría estar esa plata y cuál habría sido la razón de Rosa Cotes para entregar el millonario contrato a su contadora de campaña.
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Por Valentina Arango Correa
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