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El supuesto plan para atentar contra el Palacio de Justicia y las altas cortes tiene acaparada la atención del país en lo relacionado con la rama judicial. Sin embargo, dentro del mismo edificio, en el Consejo de Estado, se cocina una decisión del más alto nivel que le pondrá punto final a un intenso debate que se mantiene desde más de un año sobre los poderes que tiene la Procuraduría para sancionar a funcionarios de elección popular, como alcaldes y gobernadores. La decisión se esperaba para antes de mitad de este año, pero por meses no se supo nada, hasta que un reciente roce entre decisiones de magistrados dejó entrever las grietas que hay al interior de la alta corte. Además, que la palabra final, caldeada y todo, se dirá pronto.
El pasado viernes, mientras el Consejo de Estado en pleno se reunió en Villavicencio (Meta) para liderar el encuentro de la jurisdicción contenciosa administrativa, la celebración se puso tensa. Por una parte, por el supuesto plan para atentar contra el Palacio de Justicia, detallado por el magistrado Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema. Por otra, y viniendo como un golpe desde adentro, por un choque que se presentó entre el magistrado Martín Bermúdez Muñoz, de la Sección Tercera, y el magistrado Milton Chaves García, presidente del alto tribunal. El meollo de ese choque fue una tutela que Bermúdez le aceptó a la Procuraduría de Margarita Cabello, con la que además se revivieron sanciones que el alto tribunal ya había tumbado.
Con la tutela, el órgano de control pedía que el alto tribunal revisara 11 fallos en los que ya la Sección Segunda del Consejo de Estado había anulado las sanciones impuestas a concejales y alcaldes de distintas partes del país, al considerar que la Procuraduría no tiene competencia para hacerlo. El ente de control, sin embargo, solicitó que mientras la revisión se hacía y se resolvía, se levantaran las medidas con las que el alto tribunal había congelado los castigos disciplinarios a esos funcionarios. Bermúdez aceptó la tutela y a todo eso dijo que sí. En palabras sencillas, el magistrado le puso un freno a todo lo que habían decidido otros consejeros de Estado. Al conocerse esa movida que le dio alas al Ministerio Público, el presidente Chaves salió al paso y enfatizó en que un fallo de la alta corte no puede tumbarse vía tutela.
Las razones con las que el magistrado Bermúdez argumentó la decisión que le dio vida al poder del Ministerio Público fueron, dentro de otras cosas, que, para el momento en el que el ente de control sancionó, “no existía duda acerca de la competencia de la Procuraduría General de la Nación para inhabilitar y destituir a servidores públicos elegidos por voto popular, por lo que dicha entidad actuó con apego a la Constitución y la Ley, garantizando el debido proceso”. Además, que las nulidades que había tomado el Consejo de Estado en esos casos pasaban por alto “la línea jurisprudencial unificada y pacífica de la Corte Constitucional que respaldaba la competencia para imponer sanciones de destitución e inhabilidad” a esas personas.
También, uno de los puntos más relevantes de los argumentos del magistrado Bermúdez tiene que ver directamente con el choque entre la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Petro Urrego vs. Colombia. Para el togado de la Sección Tercera, lo definido por el tribunal internacional en el fallo, que data de 2020, “no es un precedente obligatorio para todos los jueces de la República”. La Corte IDH, no obstante, fue tajante en ordenarle a Colombia que su Procuraduría está inhabilitada para sancionar a este tipo de funcionarios, dado que es considerado una violación a los derechos políticos. Y, ello, a raíz de la destitución de Petro como alcalde de Bogotá a manos del exprocurador Alejandro Ordóñez.
Aun así, el mismísimo presidente del Consejo de Estado, el magistrado Milton Chaves, en un fallo que respondió a la decisión del magistrado Bermúdez, sostuvo que una tutela no puede tumbar decisiones de altas cortes. Así las cosas, dejó claro que la acción de la Procuraduría que pintaba como un salvavidas para las 11 sanciones que había impuesto, pues no tiene validez y lo anulado quedaba tal cual. Sin embargo, el efecto que tuvieron esas dos movidas llevaron, según fuentes consultadas por este diario, a que el tema hiciera catarsis al interior de la alta corte y obligara a que la discusión ahora se lleve rápido en la Sala Plena, donde se resuelven los casos más importantes de esa corporación.
Asimismo, algunos consejeros y exconsejeros de Estado consultados por El Espectador, coincidieron en que la decisión sobre la competencia de la Procuraduría, que está en mora tiene, debe ser tomada lo más pronto posible, pues “lo único que resuelve la división que hay en este momento es un pronunciamiento de la Sala Plena. De resto, van a seguir apareciendo decisiones divididas”. Además, que lo mejor sería tener resuelto el tema de fondo antes de que se llegue al final del proceso de elección de procurador general, pues los candidatos podrían llegar con algunas intenciones de jugar con un posible interés político que se tenga de darle o quitarle poder al ente de control que llegarían a dirigir.
El largo proceso con el cual se viene buscando que se unifique la jurisprudencia en el Consejo de Estado sobre revisar, o no, las sanciones de la Procuraduría está en manos del vicepresidente de esa alta corte, el magistrado de la Sección Quinta Luis Alberto Álvarez Parra. De acuerdo con distintas fuentes consultadas por El Espectador al interior de la Sala Plena, la ponencia del togado Álvarez Parra ya está lista y a la espera de discutirse por toda la corporación. Según le manifestaron varios funcionarios del alto tribunal a este diario, el tema sería incluido en el orden del día esta o la siguiente semana y se le daría celeridad debido al reciente choque entre los magistrados Bermúdez y Chaves.
El debate dentro del Consejo de Estado sobre los poderes de la Procuraduría inició desde el año pasado, cuando el magistrado Jaime Rodríguez Navas era presidente de la corporación y se decidió revisar de fondo el tema. Sin embargo, desde ese entonces el tema empezó a acumular demoras, pues inicialmente aterrizó en el despacho de la magistrada de la Sección Tercera Martha Nubia Velásquez Rico. Aunque ella logró adelantar una ponencia, nunca llegó a debatirse, porque se acabó su periodo en el alto tribunal y el caso pasó de mano en mano por al menos tres magistrados que se declararon impedidos para llevar el proceso, como lo fue el aún togado Fernando Pardo, posesionado por el presidente de la República Gustavo Petro en enero de este año.
Por ahora, el tema quedará en manos de la Sala Plena cuando sea presentada la ponencia del magistrado Álvarez Parra en los próximos días. Al parecer, finalmente el tema tendrá cierre en medio de las caldeadas discusiones y tensiones por temas de seguridad, y votaciones para elegir al candidato del Consejo de Estado que compondrá la terna con la que el Senado escogerá al reemplazo de Margarita Cabello como jefe del Ministerio Público, desde enero de 2025. Un momento que será histórico, pues llegaría con un ente de control con poderes claros sobre cómo puede juzgar o no a gobernadores, concejales, alcaldes, diputados y congresistas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
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