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La Fiscalía General de la Nación “le puso los puntos sobre las íes” al Gobierno Nacional con relación a la suspensión de órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo y su movilización el próximo 25 de junio a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). La jefa del búnker, Luz Adriana Camargo, emitió en la mañana del 12 de mayo un pronunciamiento en el que dejó claro que no le pondrán freno a las órdenes de captura de integrantes de ese grupo criminal vinculados a la paz total del presidente Gustavo Petro, hasta que no se verifique el avance real de esa mesa de negociación. Diversos actores judiciales respaldaron la decisión, que no cayó nada bien en la oficina del consejero comisionado de Paz.
El origen de este nuevo choque entre la fiscal Camargo y el comisionado de Paz, Otty Patiño, está en una resolución del 22 de diciembre de 2025, con la cual la Presidencia de la República ordenó la creación de tres ZUT en las zonas rurales de Tierralta (Córdoba), Belén de Bajirá y Unguía (Chocó) para ubicar a 8.945 integrantes de ese grupo ilegal. Además, la medida ordenaba la suspensión de órdenes de captura y solicitudes de extradición vigentes en contra de quienes estarían en estos sitios entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2026. Para que esas personas pudieran ser trasladadas, la oficina del Consejero Comisionado de Paz emitió el pasado 29 de abril una segunda resolución que daba luz verde para movilizarlos.
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Esa resolución incluía la lista de 29 integrantes del Clan del Golfo que iniciarían su tránsito hacia las ZUT el 25 de junio. Entre ellos, Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, máximo jefe de esa estructura y pedido en extradición por Estados Unidos. De igual forma, puso sobre la mesa los lineamientos que, por orden del Gobierno, distintas entidades deberían cumplir para lograr la movilización, atendiendo a la suspensión de las órdenes de captura en su contra. A la Fiscalía le pidió garantizar la “seguridad jurídica” de estas personas, al Ministerio de Defensa le pidió garantizar su protección física, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA) le pidió liderar el seguimiento, monitoreo y verificación.
Ante esa petición del Comisionado de Paz, la fiscal Camargo sentó su postura de no acceder de forma automática a las pretensiones del Ejecutivo. En su pronunciamiento, la jefa del búnker expuso ocho puntos sobre el deber de la entidad frente a las suspensiones de las órdenes de captura. En primer lugar, señaló que la Fiscalía “resolvió abstenerse de implementar medidas orientadas a generar condiciones de seguridad jurídica para el tránsito” de integrantes del Clan del Golfo hacia las ZUT. Es decir, que mantendrá activas sus órdenes de captura hasta el 25 de junio o “hasta que cuente con información suficiente y verificable respecto al cumplimiento de los requisitos legales sobre el estado avanzado del proceso de paz”.
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No es la primera vez que el Gobierno es cuestionado sobre el estado real de avance de la negociación. En enero de este año, el abogado Mauricio Pava Lugo, quien fue uno de los abogados del presidente Gustavo Petro, interpuso una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado para tumbar la resolución que creó las ZUT para el Clan del Golfo. Como lo contó en su momento El Espectador, el recurso argumentaba, entre otras cosas, que la Presidencia de la República interpretó la ley a su antojo, se saltó decisiones previas de otras instancias como la Corte Constitucional y dio órdenes que solo le corresponden tomar al Congreso sobre la creación de ese tipo de espacios que deben existir cuando se ha verificado que las negociaciones tienen un avance real.
Dice la carta: “La información remitida a la Fiscalía por parte del Gobierno permite conocer el compromiso de ingreso de algunas personas a las ZUT, pero no permite verificar todavía el contenido de los acuerdos de paz, su cumplimiento efectivo, ni el universo de integrantes que quedaría bajo control institucional”. Y agrega: “Esta verificación no puede depender únicamente de lo informado por miembros del grupo, sino que debe ser realizada por autoridades del Estado mediante un mecanismo claro, trazable y verificable de identificación, movilidad y permanencia”.
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Para el ente investigador, es clave que haya certeza sobre temas como avances en la desarticulación de estructuras ilegales, suspensión de acciones criminales, entrega de menores reclutados de manera forzada, entrega de armas, búsqueda de desaparecidos, desminado humanitario, cese de hostilidades contra la población civil y otros aspectos que considera fundamentales. Agrega que concentrar a los integrantes del Clan del Golfo implica tener sobre la mesa un acuerdo concreto. “La ZUT debe entenderse como un medio para facilitar la desmovilización, el sometimiento a la justicia y el desmantelamiento del grupo, no como el punto final del proceso ni como una habilitación general de movilidad”, señala el pronunciamiento de la Fiscalía.
Por otro lado, el ente investigador ordenó iniciar una verificación inmediata de las identidades de los 29 integrantes del Clan del Golfo cobijados por la orden del Gobierno, para saber con certeza quiénes son y qué cuentas tienen pendientes con la justicia. En el caso puntual de alias “Chiquito Malo”, la fiscal recordó que está pedido en extradición por Estados Unidos, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ya le dio luz verde y solo falta la firma del presidente Petro. Y pidió “honrar los compromisos de cooperación judicial en materia de la persecución de delitos transnacionales”. Concluyó señalando que, pese a la orden del Ejecutivo, la Fiscalía y la justicia ordinaria no le pondrán freno a su obligación de perseguir, investigar, acusar y juzgar a quienes actúan en contra de la ley.
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El presidente Gustavo Petro respondió a través de su cuenta de X con un mensaje en el que, por un lado, defendió la paz total: “El presidente es el que ordena la política de paz de Colombia. Las zonas de concentración para la salida de combatientes se respetan por orden del presidente. Ese es nuestro Estado Social de Derecho que establece la Constitución Nacional. La paz es un derecho y un deber del pueblo colombiano y de todo el Estado”. Pero, por el otro, dijo que no tuvo conocimiento de los puntos cuestionados por la Fiscalía: “La Comisión de Paz hizo una lista de 29 que incluye extraditables, estaba en sus funciones, pero no fue consultada esa decisión al presidente que ha sido claro en que en las primeras fases del proceso no actúan extraditables”.
En las altas cortes también hubo pronunciamientos respaldando la postura de la fiscal Camargo. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez, anunció durante un evento académico en Bogotá que los togados de la Sala de Casación Penal se reunirán este 13 de mayo para estudiar las decisiones adoptadas desde el búnker al respecto. También el magistrado Hugo Quintero Bernate, vicepresidente del alto tribunal, se pronunció sobre la decisión. “Celebro como magistrado la decisión de la señora fiscal general de la Nación, porque puso los puntos sobre las íes y eso hace parte de la democracia”, dijo. Agregó que la fiscal está en su derecho de hacerlo, “porque las autoridades son controlables”.
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Pero en el despacho de Otty Patiño, la decisión no cayó bien. El consejero comisionado de Paz se reunió con el equipo que coordina la negociación con el Clan del Golfo y emitió un pronunciamiento en el que aseguró que la fiscal Camargo estaba dando órdenes fuera de sus competencias. Señaló que desde el búnker habían reconocido previamente “que la suspensión de las órdenes de captura ‘opera por mandato de la propia ley y no por disposición de la Fiscalía’”. Y agregó: “Preocupa que ahora se introduzca una interpretación contraria que termina subordinando la aplicación de la ley a valoraciones adicionales”. El propio Patiño ha dicho públicamente que la comunicación entre él y Camargo no ha sido la mejor y aún no es claro si con este nuevo choque se sentarán para evaluar en conjunto el cumplimiento del grupo criminal.
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Por Gustavo Montes Arias
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