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En agosto de 2020 se cumplen cuatro años desde que la Fiscalía emprendió la acción de extinción de dominio en contra de un lote en la vereda Perico, en Envigado (Antioquia), en donde se desarrollaba el proyecto Meritage. Este, que ofrecía apartasuites, viviendas y locales, prometía ser un proyecto insignia del Valle de Aburrá, pero la acción del ente acusador lo frenó de forma intempestiva. Supuestamente, las 56 hectáreas donde se iba a construir pertenecieron a la Oficina de Envigado, la cual obtuvo estos predios, según el ente investigador, a través del secuestro del hijo de un empresario vinculado a negocios de narcotráfico. La medida afectó tanto a inversores como compradores del proyecto que, desde entonces, han emprendido una lucha en tribunales nacionales e internacionales para que, por lo menos, su dinero sea devuelto.
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Son varios los frentes legales que han abierto los afectados por el embargo y el secuestro preventivo del lote donde se estaba desarrollando el proyecto Meritage. Entre ellos, los más importantes son una demanda de los compradores en contra de la Fiscalía radicada en el Tribunal Administrativo de Antioquia, una demanda de los inversores ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) -tribunal de arbitramento del Banco Mundial- y una demanda contra la Sociedad de Activos Especiales (SAE), por una orden de enajenación temprana de los predios en disputa. Esta última fue radicada ante el Consejo de Estado pidiendo que se suspendiera la determinación de la entidad.
La demanda en cuestión fue presentada ante el alto tribunal en febrero del año pasado por cuatro de las más de 70 personas que invirtieron su dinero en el proyecto que prometía la construcción de 35 locales comerciales, 144 apartasuites y 116 casas. Estos pidieron que quedara sin efecto la enajenación temprana ordenada por la Sociedad de Activos Especiales. La medida ordenada por la entidad permitía la venta del inmueble vinculado a extinción de dominio sin que la justicia se hubiera pronunciado. En caso de que el inmueble no fuera extinguido, el dinero obtenido por la venta sería devuelto a los dueños del predio. Sin embargo, los compradores pidieron que la acción quedara sin piso, ya que no se les tuvo en cuenta en su ejecución y corrían riesgo los recursos que invirtieron.
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Según queda expuesto en la demanda, los más de $47.000 millones pagados por los compradores podían perderse a perpetuidad ante la negativa de la SAE de incluir a estos últimos como terceros afectados. Antes de presentar la acción de nulidad, los demandantes insistieron ante la Sociedad de Activos Especiales para que se reconociera que la inversión que habían hecho, usada por los constructores para avanzar en la construcción del proyecto, corría riesgo ante una venta prematura sin un fallo de la justicia. Sin embargo, siempre se les negó “intervenir en el proceso administrativo de enajenación temprana”. Por esta razón, decidieron recurrir a la justicia para que la acción impulsada por la SAE fuera suspendida del todo.
La demanda llegó a reparto al Consejo de Estado el 11 de marzo de 2019, pero fue devuelta a los demandantes por vicios de forma el 7 de octubre de ese mismo año. El texto ya corregido volvió al alto tribunal 10 días después, para que, el 11 de noviembre pasado, Hernando Sánchez, el magistrado ponente, remitiera la demanda al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El principal argumento para esta decisión fue que el Consejo de Estado no era competente de conocer este proceso como tribunal de cierre ya que, al contrario de lo pedido en la solicitud de nulidad y restablecimiento, sí cabía la posibilidad de una reparación a los afectados por la enajenación temprana, por lo que la demanda debía ser estudiada en primer lugar por un tribunal de menor jerarquía.
Al final, la acción judicial llegó al Tribunal de Cundinamarca el 11 de diciembre del año pasado, justo nueve días antes de la vacancia judicial, por lo que está en proceso de reparto. Sin embargo, El Espectador pudo conocer que los demandantes analizan si retiran o no el recurso. Mientras la demanda estaba a la espera de ser revisada en el Consejo de Estado, la SAE emitió una nueva resolución en la que pidió dejar sin efectos el proceso de enajenación temprana de los predios en los que se estaba construyendo el proyecto Meritage. Aunque esta sesión de exclusión fue emitida el 9 de mayo de 2019, los demandantes solo se vinieron a enterar de ella en los últimos meses de ese año. Por esta razón, sin la medida administrativa, no tendría sentido seguir con el proceso judicial.
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La medida sorprendió a los accionantes, que no entienden por qué la SAE se echó para atrás en el proceso de enajenación. “La resolución fue muy escueta. No sabemos por qué lo hicieron, ellos tendrán sus razones. De pronto entendieron que podían cometer una afectación mayor con la venta”, señaló Víctor Alonso Pérez, abogado representante de los demandantes. De lo que sí se tiene certeza es de que el proceso de extinción de dominio está empantanado en la justicia ordinaria. Fueron varias las oportunidades que juzgados especializados de extinción de dominio de Medellín rechazaron la demanda. Ahora, el proceso ya fue admitido en la capital de Antioquia, pero no ha comenzado mientras el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decide si los compradores son incluidos en el proceso.
Por otro lado, las demandas a nivel nacional e internacional contra la nación por las medidas cautelares para la extinción de dominio ya están dando sus primeros frutos. Para el 31 de enero de este año está programada la primera audiencia en el Tribunal Administrativo de Antioquia por la acción de reparación directa solicitada por los compradores del proyecto. La fase oral de este proceso debió comenzar a mediados de 2019, pero la acumulación de varias demandas que solicitaban acciones similares lo pospuso.Cerca de 55 compradores interpusieron una demanda por $20.000 millones bajo el argumento de que la Fiscalía cometió omisiones al no advertir que el predio en el que se iba a desarrollar el proyecto estaba vinculado a personas con antecedentes de narcotráfico.
En la demanda internacional, según un allegado al caso, el proceso estaría ad portas de comenzar. Los dos árbitros nombrados por cada una de las partes (los inversionistas y el Estado colombiano) estarían a pocos días de seleccionar el tercer árbitro para que presida el tribunal de arbitramento que estudiará la demanda. Esta fue presentada por Angel Seda, el estadounidense que ideó e impulsó el proyecto, y otros inversionistas de dicho país, bajo el argumento de que el Estado colombiano violó dos artículos del TLC. Uno que hace referencia al trato justo y equitativo a las inversiones de estadounidenses y otro sobre la expropiación ilegal de las mismas. Por esta supuesta falta, los empresarios estadounidenses exigieron una indemnización de US$250 millones.
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La Oficina de Envigado, Perra Loca y señalamientos de narcotráfico
El lío por los predios del proyecto Meritage comenzó el 3 de agosto de 2016. En esa fecha llegó una fiscal de la Dirección de Extinción de Dominio a los terrenos y los embargó como parte de un proceso que inició en abril de ese año. La causa fueron las denuncias de Iván López Vanegas, extraditado a los Estados Unidos en 2003, quien señaló que dichos lotes eran de su propiedad, pero le fueron arrebatados a su hijo, Sebastián López, por medio de un secuestro. Durante el plagio, al parecer, a López hijo lo obligaron a firmar las escrituras de los terrenos. Así, supuestamente, pudo la Oficina de Envigado concretar el traspaso del bien.
Para la Fiscalía, el lote estuvo en manos de testaferros de la Oficina de Envigado y hasta del narcoparamilitar Héctor Restrepo Santamaría, alias Perra Loca. En medio de este historial de propietarios sospechosos, la Fiscalía intervino para quitarles la titularidad a los últimos dueños del lote, Angel Seda y los otros inversionistas del proyecto Meritage.No obstante, de acuerdo a los impulsores del proyecto, fueron dos las veces que el ente acusador dio un parte de tranquilidad frente a los dueños anteriores del terreno. Asimismo, para los demandantes, la Fiscalía habría ignorado que los actuales compradores actuaron de buena fe y, aún así, decidió que se continuara con el proceso de extinción de dominio.
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Sin importar qué resulte del proceso de extinción de dominio, el proyecto Meritage es insalvable. Los inversionistas advirtieron que, así el terreno sea desafectado, el proyecto no puede continuar, pues los costos de operación se triplicaron y los dineros invertidos se perdieron: todos los recursos entregados por los compradores hasta la fecha del embargo, de acuerdo con los constructores del proyecto, fueron invertidos en la construcción de una parte de las obras. Es ante este panorama que inversores y compradores emprendieron causas judiciales en contra de la nación que podrían llegarle a costar hasta $793.000’000.000 del erario.
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