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¿Las medias verdades de Zambrano?

El exsecretario de Salud de Bogotá sigue en proceso por el caso del carrusel de la contratación.

El exsecretario de Salud, Héctor Zambrano, detenido en La Picota.  / Archivo
El exsecretario de Salud, Héctor Zambrano, detenido en La Picota. / Archivo
Foto: GABRIEL APONTE

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Desde que estalló el escándalo del llamado cartel de la contratación en Bogotá hace más de cuatro años, este expediente no había tenido tantos implicados dispuestos a confesar cómo se repartieron comisiones y contratos a dedo mientras se desangraba el erario distrital. Hoy, además de las delaciones del testigo estelar Emilio Tapia Aldana —quien manejaba la contratación con los hermanos Iván y Samuel Moreno—, que provocaron que otros acusados prendieran su ventilador, la Fiscalía cuenta con las versiones del exconcejal Hipólito Moreno, el abogado Manuel Sánchez y el contratista Federico Gaviria.

Al mismo tiempo piden pista para buscar principios de oportunidad a varios concejales salpicados por los testigos y de hecho algunas audiencias de imputación han sido aplazadas mientras se concretan las negociaciones y se avanza en nuevos frentes de investigación. Para la Fiscalía es un negocio redondo pues las confesiones cruzadas de quienes buscan beneficios procesales le permite armar el rompecabezas de este multimillonario desfalco a Bogotá sin tener que desgastar su equipo de investigación. No obstante, fuentes cercanas al proceso consideran que la justicia está siendo muy benévola con algunos protagonistas de este escándalo.

En el caso del exsecretario de salud Héctor Zambrano, hay preocupación en la Fiscalía porque lo que hasta ahora ha confesado sigue siendo muy gaseoso, sin una prueba distinta que la de su testimonio, y con otros pendientes por aclarar sobre millonarios subsidios para tratamientos de VIH adjudicados irregularmente mientras fue funcionario de los alcaldes Samuel Moreno y Luis Eduardo Garzón. Tampoco se ha referido a concesiones que se dieron en unidades de cuidado intensivo de hospitales del Distrito, ni a lo ocurrido con la EPS Capital Salud, señalado brazo de las andanzas contractuales del cartel.

En cambio, Zambrano dedicó buena parte de su confesión a la Fiscalía para quejarse del constante maltrato que en la cárcel supuestamente recibe de parte del exsenador Iván Moreno Rojas. Según contó, el excongresista prácticamente ejerce un poder en la cárcel La Picota que le permite disponer de guardianes. Incluso sostuvo que un día lo dejaron durmiendo por fuera de su celda. Como ya ha trascendido, Zambrano también habló de los congresistas Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Plinio Olano y de lo excongresistas Germán Olano, Samuel Arrieta y Ángel Custodio Cabrera.

Todos salieron a desmentirlo y lo delicado hasta ahora es que el exsecretario de salud no ha entregado mayores evidencias en contra de esos políticos. El que hubiera mencionado al concejal Carlos Vicente de Roux puso en entredicho sus confesiones por parte de investigadores de la Fiscalía y de testigos del carrusel consultados por El Espectador. Según ellos, meter en el mismo saco a De Roux con concejales y funcionarios que sí tuvieron que ver con el cartel, puede convertirse en un arma de doble filo para la credibilidad del proceso. “Carlos Vicente fue quien destapó con Gustavo Petro los hilos del carrusel. Su acusación es absurda”, dijo uno de los ventiladores de la Fiscalía.

Otra fuente consultada señaló que es tanto el desespero de Héctor Zambrano que está diciendo medias verdades. Por ejemplo, manifestó que en el contrato del año 2009 de las ambulancias, por el que se pagaron $67.000 millones, supuestamente le entregó varios cientos de millones a un concejal. Uno de los protagonistas de ese contrato le dijo a El Espectador que aunque había un compromiso con ese cabildante, éste fue incumplido por Zambrano. Todas esas contradicciones deberá aclararlas la Fiscalía. El abogado de Zambrano, Pedro Nel Escorcia, ha dicho que su cliente quiere contar todas las verdades del cartel.

Mientras tanto, los concejales José Juan Rodríguez, Orlando Parada y otros varios que han salido mecionados buscan acercarse a la Fiscalía. Todos lo niegan oficialmente pero ahí están los contactos. La mayoría de los implicados busca acuerdos para delatar contratos particulares, pero sin confesarlo todo. La Fiscalía evalúa la conveniencia de nuevos principios de oportunidad o de preacuerdos. Son tantas las aristas de este expediente que la justicia de forma irremediable tiene que concentrarse en puntos claves. Lo demás irá conociéndose cuando queden en evidencia nuevos protagonistas. Sin embargo, a algunos les parece que la Fiscalía debería impulsar más acusaciones y menos preacuerdos.

jlaverde@elespectador.com

@jdlaverde9

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