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El 23 de noviembre de 2019, Dilan Cruz fue a protestar a la Plaza de Bolívar, en Bogotá. Cuando la manifestación estaba por terminar y él se dirigía hacia el norte por la carrera 4 a la altura de la calle 19, un disparo de munición “menos letal” disparada por la Policía lo tumbó al piso. Dos días más tarde se confirmó su muerte. Hoy, en la misma plaza pública a la que Cruz fue a manifestarse, se debate en la Corte Constitucional si su muerte debe ser investigada por la justicia militar o la ordinaria. Para algunos, la decisión marca la diferencia entre que el caso quede en la impunidad o se investigue seriamente. Y lo afirman con base en las pruebas que ha practicado el juez militar.
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El expediente está en el despacho de la magistrada Diana Fajardo y está previsto que la discusión se dé desde el derecho internacional. Ya llegaron, por ejemplo, la opinión del relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de libertad de reunión pacífica; y de organizaciones de la talla de Human Rights Watch y Robert F. Kennedy Human Rights. Piden que el caso pase a la justicia ordinaria, pues así lo ha contemplado la jurisprudencia en casos de violaciones de derechos humanos. “Frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar”, ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Human Rights Watch y Robert F. Kennedy Human Rights le recordaron a la Corte Constitucional que Colombia tiene un antecedente similar: el caso de Johnny Silva, estudiante de la Universidad del Valle en 2005, muerto a manos del Esmad. Al estudiarlo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dijo al Estado: “Las jurisdicciones especiales, como la militar, no constituyen un foro apropiado y por lo tanto no brindan un recurso adecuado para investigar, juzgar y sancionar posibles violaciones a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana, tales como el derecho a la vida, presuntamente cometidas por miembros de la fuerza pública”.
Para llegar a una conclusión como la que plantean estas organizaciones, la Corte tendría que confirmar que en el caso de Dilan Cruz hubo, en efecto, vulneración de derechos humanos. ¿Y eso qué significa? Declarar que el Estado violó los derechos del joven manifestante. Puede ser el derecho a la vida, a la libertad de expresión o cualquier otro que Colombia haya reconocido a través de tratados internacionales. Incluso se podría llegar a decir que se trató de una ejecución extrajudicial, que es una grave violación de derechos humanos. Ya la eventual responsabilidad penal de quien disparó, el capitán Manuel Cubillos, es una discusión aparte, explicaron abogados consultados.
Otra vía, como planteó el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en una opinión que envió al despacho de Fajardo, es que se reconozca la falta de competencia del juez militar, porque “los únicos delitos que puede investigar y conocer la justicia penal militar son contra los bienes jurídicos militares, como son los delitos contra la disciplina, el servicio, los intereses de la fuerza pública o el honor; ubicados en el Código Penal Militar”. Esta organización incluso asegura que el caso de Dilan Cruz debería ser declarado un crimen de lesa humanidad, y para hacerlo cita una decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
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“Un caso extremo en el que los participantes en reuniones pacíficas sean sometidos a una fuerza o conducta ilícita como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil también puede constituir, cuando se cumplan los demás criterios pertinentes, un crimen de lesa humanidad”, dijo la instancia de Naciones Unidas, que es la máxima intérprete del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, del que es firmante Colombia. Ahora bien, el ente que define si se trata de un crimen de lesa humanidad es la Fiscalía General, que ya lo ha hecho con casos emblemáticos, como el exterminio de la Unión Patriótica y los homicidios de Álvaro Gómez y Guillermo Cano.
En Colombia van 42 personas muertas en lo que va del paro nacional, la mayoría atribuibles a acciones de la Policía, según organizaciones de derechos humanos; más las 34 que han fallecido por acciones del Esmad desde su creación, de acuerdo con un informe de la ONG Temblores. Por eso hay un creciente llamado a que se reconozca que hay patrones sistemáticos de represión y se comience a reconocer estos hechos como crímenes de lesa humanidad, explicó una fuente. El obstáculo para ese paso es que la justicia interna ha asociado este concepto al conflicto armado, por la historia de nuestro país, y no ven que la violencia policial sea sistemática o generalizada.
Todos estos elementos tendrán que ser analizados por la magistrada Fajardo, a quien le reconocen su uso constante del derecho internacional en las decisiones que proyecta. Por ejemplo, fue la ponente de la sentencia que le dio a Andrés Felipe Arias la posibilidad de impugnar su condena, un fallo construido a punta de jurisprudencia internacional. Ya a su despacho llegó todo el expediente de Dilan Cruz que reposaba en la Sala Civil de la Corte Suprema, la última en decidir sobre el tema. Asimismo, el juez militar que lleva el caso, John Jitler Roa, ha enviado pruebas, testimonios y hasta la versión libre que rindió el capitán Cubillos sobre lo ocurrido.
Los reproches a las pruebas
Los abogados de la familia de Dilan Cruz ya objetaron formalmente un informe elaborado por la Fiscalía que apunta a una hipótesis que podría llevar a absolver al capitán Cubillos. Se trata de un documento, que reveló hace semanas el periodista Daniel Coronell y que también conoció El Espectador, en el que se habla de “turba” para referirse a los manifestantes y que concluye que Cruz, prácticamente, se atravesó en la “línea de tiro” del uniformado que le disparó. Prueba de ello, asegura el informe, son los movimientos “impredecibles” del joven, la inclinación de la calle y que Cubillos luego le dijo a su comandante “que estaba muy triste” por lo sucedido.
Así reconstruye el informe el instante del disparo: “Dilan Cruz, en actitud de huida gira a su izquierda y empieza a correr hacia el oriente por la calzada norte de la calle 19. El capitán Cubillos continúa su marcha por la calzada sur. Realiza cuatro pasos hacia la izquierda. En ese momento, en posición táctica, acuna el arma a la altura de sus hombros, apunta y proyecta su posición hacia el costado nororiental de la carrera 4. De inmediato, el capitán Cubillos dispara hacia donde se hallaba la turba, y retoma dinamismo en avance. Cuando Dilan Cruz se desplazaba sobre el paso peatonal de la calzada norte, ingresa de manera repentina en el ángulo de visión previamente establecido por el tirador, se cruza en la línea de tiro, recibe el impacto y cae al suelo”.
Para la defensa de Cruz, “las conclusiones del referido informe han incurrido en errores insalvables como sustentar sus afirmaciones sobre la base de evidencias no obrantes en la foliatura y, por otro lado, bajo el fundamento de interpretaciones parciales y descontextualizadas que omiten el análisis integral de todas las evidencias testimoniales, en especial de quienes estaban en el lugar de los hechos y percibieron de manera directa la ocurrencia de las circunstancias que confluyen con el homicidio”. Esas dos conclusiones son: que el capitán le disparó a la “turba”, no a Dilan Cruz, y que su acción tenía el fin de disuadir a los manifestantes, no el de matar.
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Las evidencias que no están en el expediente, según la defensa, son: “Unos tenis negros tipo converse, una botella de coca cola como de dos litros llena de aparente agua y una camiseta de color claro”. Es decir, lo que supuestamente cargaba Dilan Cruz en su morral cuando recibió el disparo. Según el testimonio de un funcionario presente en los hechos, el joven también cargaba una navaja en su bolsillo, que tampoco aparece. Asimismo, en fotos se le ve con un guante rojo. “Sugiere un posible rol más activo en los disturbios”, escribieron los peritos al hablar del guante, que no estaría entre las evidencias, pues al parecer es usado por quienes devuelven lacrimógenos a la Policía.
La defensa también asegura que el informe de la Fiscalía construyó un contexto incompleto de lo ocurrido. Omitió, por ejemplo, el testimonio de uno de los presentes, que le narró al ente investigador cómo un compañero del capitán Manuel Cubillos que caminaba a su lado por la calle 19 le dijo, segundos antes de que este último disparara: “Dele, papi, al que sea, dele, dele”. Según los abogados del joven Cruz, esto demostraría que el disparo del uniformado no se dirigía a la “turba” de manifestantes, ni buscaba disuadirlos, sino que tenía la intención clara de herir a quienes les estaban devolviendo las latas de gases lacrimógenos.
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Y, por último, la defensa de Dilan Cruz reprochó el lenguaje de los peritos. “La expresión ‘turba’ indica que se trata de una muchedumbre confusa y desordenada, contra la cual se debe emplear fuerza reactiva por resistencia activa, contra la cual se deben emplear ‘armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales’”, escribieron los abogados, citando el manual de operaciones del Esmad. En otras palabras, el uso de este término “obedece a la intención previa de acoplar las conclusiones” a la hipótesis de que Cubillos no tiró a matar. Mientras el juez militar decide si acepta estas objeciones, la Corte Constitucional tiene la titánica tarea de definir si le quita el expediente. Hacerlo sentaría un precedente para otras víctimas de violencia policial en las manifestaciones.
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