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El proyecto hidroeléctrico Hidroituango podría comenzar a producir energía en el segundo semestre de 2022, según estimaciones de EPM. Antes de que eso ocurra, sin embargo, una decisión pendiente tiene en vilo al mundo constructor, asegurador y hasta a campañas presidenciales: que la Contraloría General resuelva la segunda instancia del billonario fallo que declaró con responsabilidad fiscal a 26 personas, naturales y jurídicas. La incertidumbre no está solo por el futuro del proyecto de energía, sino porque las firmas involucradas también tienen a su cargo otros grandes contratos para vías de todo el país y hasta para Transmilenio (todas salvo una: Camargo Correa).
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De confirmarse el fallo tal cual salió en primera instancia, el pasado mes de septiembre, los 26 implicados quedarían inhabilitados para contratar con el Estado (una sanción que recibe cualquier persona que recibe un fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría). Una decisión así no solo complicaría la puesta en marcha de Hidroituango, que prometía proveer el 17 % de la electricidad de Colombia, pues legalmente no podía seguir con el proyecto, sino otros proyectos de infraestructura, pues detrás de la hidroeléctrica hay gigantes de la construcción. El consorcio CCC Ituango, principal constructor, está conformado por las colombianas Coninsa Ramón H, Conconcreto y la brasileña Camargo Correa Infra. Además, de estas tres empresas, el fallo de la Contraloría sancionó a la chilena Ferrovial Agroman y a SAINC.
Solo EPM, por ejemplo, tiene 31 contratos vigentes con ejecuciones previstas hasta 2025 firmados con contratistas implicados en el fallo. Según le confirmó la compañía a este diario, cinco de esos contratos son con las constructoras. Dos se refieren a Hidroituango. Los otros tres tratan de negocios para compra de bienes futuros y conexión de redes de acueducto y fueron firmados con Conconcreto y Coninsa Ramón H. EPM agregó que continúa “estudiando todas las alternativas posibles, no ha descartado ninguna opción, entre ellas nuevos contratos, cesiones, entre otras alternativas jurídicas que permitan la continuidad del proyecto”.
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Estos son los principales contratos de las cinco constructoras que sancionó en primera instancia la Contraloría y que, de confirmarse el fallo, quedarían en el limbo.
Ferrovial Agroman Chile
Esta empresa, de origen austral, tiene obras trascendentales para la movilidad en Bogotá y en el noroccidente del país. La más importante de ellas es un contrato de $167.000 millones adjudicado el pasado 15 de octubre de 2020 por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de la capital del país. La sucursal en Colombia de Ferrovial hace parte del consorcio Mahfer (junto a Mario Alberto Huertas Cotes y MHC Ingeniería) y está encargada de la construcción del primer tramo de la Troncal Avenida Ciudad de Cali del Transmilenio, el cual está previsto pase por las avenidas Circunvalar del Sur y la Manuel Cepeda Vargas.
De acuerdo con la página web de Ferrovial, a su cargo también está la concesión de la ruta del Cacao, desde 2015 hasta 2040. Se trata de una doble calzada que se extiende 152 kilómetros entre Bucaramanga y Barrancabermeja. Según la empresa, en junio de 2020, ya fue entregado un tramo de 39 km. “El avance de la obra cuenta con una inversión de más de 702 millones de euros y supera la mitad de su desarrollo. La puesta en marcha de este tramo, que se extiende desde La Virgen-La Lizama y La Fortuna-Puente La Paz, reduce en 15 minutos los desplazamientos”, dice su sitio web, el cual señala que está previsto entregar toda la obra este año.
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En el caso de Hidroituango, la Contraloría imputó a la multinacional por los “atrasos sistemáticos en la construcción de las obras para la desviación del río Cauca, lo que, aunado a situaciones de planeación, trajo como consecuencia la necesidad de implementar planes de contingencia y aumento del valor del contrato (en $4 billones )”. El Espectador contactó a la empresa para conocer su postura sobre estas posibles inhabilidades, pero no obtuvo respuesta.
Coninsa
Esta conocida firma colombiana, que ha participado en importantes obras en el país, tanto en el sector público como en el privado, tenía a su cargo, desde 2012, un tramo de la construcción de la vía Medellín-Quibdó. En agosto pasado, Albeiro Castro, gerente de Albeiro Castro Construcciones (subcontratista de la vía Medellín) le dijo a W Radio que la obra está a la mitad luego de que la firma ICM, involucrada en el escándalo de Centros Poblados-Mintic, quedara, al parecer, en manos del corrupto empresario Emilio Tapia.
Coninsa es parte del Consorcio LAX 051, conformado por la empresa mexicana Tradeco y SP Ingenieros. El contrato de $254.000 millones fue adjudicado por el Invías en 2012 y estaba previsto que los 76 kilómetros fueran entregados a mediados de 2016. “El proyecto se desarrolla en su gran mayoría sobre la margen derecha del río Atrato y tiene 64 kilómetros en el departamento de Chocó, básicamente en el Carmen de Atrato y 12 kilómetros en el departamento de Antioquia, básicamente entre Ciudad Bolívar y La Mansa”, dice el Invías en su sitio web.
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Cuando El Espectador le preguntó a esta firma sobre la participación de Tapia en esta obra, Coninsa explicó que nada de su historia empresarial tiene que ver con Emilio Tapia, ni con ICM Ingenieros SAS. “Lo que conocemos es que ICM participó en un proceso licitatorio a finales de 2017, cuando ya habíamos terminado y entregado las obras de nuestra gestión. En esa oportunidad, Coninsa Ramón H. S.A. se presentó también al proceso licitatorio, pero no fue adjudicado a su favor”, afirmó Coninsa.
En el caso de Coninsa en Hidroituango, la Contraloría le reprochó “defectos constructivos” y “atrasos sistemáticos en la construcción de las obras necesarias para la desiación del río Cauca”. irregularidades que el ente de control también le endilgó a Camargo Correa y Conconcreto. “Coninsa acudió a los mecanismos establecidos en la ley para defender con contundencia nuestros derechos. Independientemente del fallo de la Contraloría, la compañía continúa ejecutando con responsabilidad sus actividades empresariales, cumpliendo con sus obligaciones y compromisos con nuestros clientes, proveedores y acreedores. Somos una compañía que participa en más de 35 proyectos inmobiliarios, en el negocio de arrendamientos, en la construcción y los diseños arquitectónicos, que cumple 50 años”, afirmó la empresa.
Conconcreto
Con más de 60 años de experiencia, Conconcreto se ha posicionado como una de las principales empresas de construcción de Colombia. Participó en la fase final de la construcción del túnel de La Línea, hizo algunos tramos de la autopista Medellín-Bogotá y otras megaobras en todo el país que incluyen carreteras, hidroeléctricas y hospitales. Además de la construcción de Hidroituango, donde tienen poco más de la tercera parte del contrato, cuentan con al menos seis millonarios negocios activos de infraestructura pública que podrían verse afectados si la Contraloría los declara responsables fiscales en segunda instancia.
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Por ejemplo, Conconcreto tiene con Vinci HighWays un consorcio para rehabilitar la vía existente y construir el tercer carril del corredor Bogotá-Girardot. El contrato está en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y hay comprometidos, por lo menos, $2,2 billones de recursos públicos. Aunque los contratistas fueron señalados en un momento de maniobras anticompetitivas en la licitación con la que fue adjudicado este billonario proyecto, la Superintendencia de Industria y Comercio archivó el proceso en junio de 2020 al no encontrar mérito. La obra comenzó en febrero de este año y, según datos de la ANI, tiene un avance del 3 %.
Además, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de Bogotá le adjudicó a Conconcreto la adecuación para Transmilenio de dos tramos de la avenida 68: el 5 y el 8. Cada uno de estos contratos fue firmado por $208.000 millones y comenzaron a ser ejecutados en mayo de este año. La compañía tiene un contrato más con el IDU para la construcción de aceras y ciclorrutas en toda la calle 116, desde la carrera séptima hasta la avenida Boyacá. También inició en mayo y el negocio fue pactado por $41.000 millones. A su vez, esta empresa tiene una gran porción de los tramos 2 y 3 del Transmilenio de Soacha, obra de $142.000 millones.
Finalmente, en febrero de este año la Gobernación de Antioquia le entregó a un consorcio, en el que Conconcreto tiene el 60 %, la construcción de la doble calzada del Oriente, una obra que va a ampliar el corredor que conduce de Medellín a Rionegro, entre los sectores conocidos como Sancho Paisa y El Tablazo. Y a pocos kilómetros de esa zona, la empresa actualmente opera la concesión conocida como Devimed, que conecta a la capital antioqueña con el municipio de Santuario. El Espectador quiso conocer qué estrategias ha implementado la compañía, en caso de que la Contraloría confirme la inhabilidad para continuar con estos contratos, pero no obtuvo respuesta.
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Consultado por este diario, el IDU dijo sobre los contratos que tiene con esta compañía y con la chilena: “Hasta el momento no hay un fallo definitivo que determine embargo o inhabilidad para Conconcreto o Ferrovial proveniente de la Contraloría General. De emitirse un fallo así, se genera una inhabilidad sobreviviente y la obligatoriedad de ceder los contratos vigentes, y en caso de no lograrse, deberán renunciar a la ejecución de los mismos. Es claro que el IDU, en caso de notificarse algún fallo de responsabilidad fiscal con estos contratistas, tomará de manera inmediata las medidas necesarias para la cesión o terminación de contratos”.
SAINC
Esta empresa vallecaucana, también imputada por la Contraloría, fue creada en los años setenta en Cali, y en los siguientes años fue expandiendo su operación. Por ejemplo, en 2002, abrieron sede en Bogotá y, en 2010, abrieron sucursal en Perú. Según SAINC, actualmente tienen a su cargo la construcción de los parques San Cristóbal, Fontanar Río y Cometas, así como el Centro de Negocios América en Bogotá, la ampliación de la Clínica Valle de Lili, Patio Taller Valle del Lili en Cali y Parques del Río en Medellín. El Espectador se contactó con la empresa, pero no hubo respuesta.
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Fallos judiciales han retrasado la decisión de segunda instancia de la Contraloría, pero en cualquier momento se podría saber la determinación que, además, tome el mismo ente de control. En medio de las críticas que ha recibido la entidad por los impactos de su decisión y las repercusiones del fallo en Hidroituango, una de las preocupaciones más grandes del sector es, precisamente, qué hacer con todos estos contratos si se mantiene la inhabilidad del fallo fiscal. De por medio hay miles de millones de pesos y obras de infraestructura claves en el país.
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