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Han pasado cuatro meses y nueve días y las cuentas sobre la crisis humanitaria en el Catatumbo van así: 141 personas asesinadas, entre ellas, 118 civiles, siete policías y militares, siete menores de edad, seis firmantes del Acuerdo de Paz y tres líderes sociales; 67.129 personas se han desplazado forzosamente; 11.490 se vieron obligadas a confinarse y 728 permanecen en alojamientos temporales.
El gobierno Petro contestó declarando la conmoción interior, pero los efectos de la decisión todavía no se sienten en el territorio. En medio de esta tragedia social, y como si no fuera suficiente, las autoridades van reportando otras tres estrategias criminales que agravan todavía más el panorama: la incidencia de carteles mexicanos del narcotráfico, incursiones del Clan del Golfo y el aumento del despojo de tierras.
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Narcos mexicanos en el Catatumbo
La incautación de un cargamento de 403 kilogramos de clorhidrato de cocaína en Maicao (La Guajira), el pasado 10 de mayo, reveló la existencia de una ruta de narcotráfico patrocinada por organizaciones criminales transnacionales. Según la Dirección Antinarcóticos de la Policía, la droga salió desde el Catatumbo hacia Maicao, donde estaba su centro de acopio.
De allí iba a ser enviada a la población de Puerto Estrella, en el extremo norte de La Guajira, desde donde saldría el cargamento hasta República Dominicana, con destino final en Estados Unidos. En ese operativo participaron la Agencia para la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Ejército Nacional.
Esa incautación fue clave para que el general Giovanni Rodríguez, comandante de la Segunda División del Ejército en Norte de Santander, pudiera confirmar la incidencia de organizaciones extranjeras en el Catatumbo, especialmente de carteles mexicanos. En diálogo con El Espectador, el comandante explicó que han identificado que los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación compran la droga que se produce en ese enclave cocalero o que llega hasta allí desde otras regiones, para luego negociarla por armas.
“Los grupos armados, ya sea el Eln o las disidencias, mantienen una relación en la que los carteles generan la demanda de la producción de clorhidrato de cocaína y ellos generan recursos, ya sea con pagos en efectivo o con tráfico de armas”, dijo el general.
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En realidad no es una nueva dinámica, sino la reconfiguración de un negocio que ha funcionado de forma discontinua desde 2013. Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para las Paz (FIP), explicó que el primer antecedente de ese negocio se remonta a 2013, cuando Víctor Ramón Navarro Serrano, alias “Megateo”.
Este hombre era un guerrillero del Ejército Popular de Liberación (Epl) y considerado en su momento el narcotraficante más poderoso de Norte de Santander, servía de puente para negociar la droga producida por el Eln y las antiguas Farc, con organizaciones criminales como el cartel de Sinaloa. Arias señaló que la consolidación de esas negociaciones coincidió con el fortalecimiento de bandas criminales en el departamento.
En 2015, informes militares indicaban que “Megateo” habría sido abatido en operaciones y ese hecho puso a tambalear el negocio de los narcos mexicanos en el Catatumbo. Tras la desmovilización de las antiguas Farc por la firma del Acuerdo de Paz de 2016, la producción de coca en la región se quedó sin quién la negociara. Por eso, reaparecieron los carteles mexicanos, entre 2018 y 2019, en un segundo round de su negocio.
Arias indicó que esa oportunidad fue aprovechada especialmente por el cartel de Sinaloa, que intentó establecer contactos con las disidencias de las Farc y con el Eln. En esa oportunidad, los carteles mexicanos llegaron con un viejo aliado, cuyas relaciones han sido documentadas por las autoridades: el Clan del Golfo.
“Esa segunda entrada venía de la mano o articulada por el Clan del Golfo”, explicó Arias, quien puntualizó que no se evidenció una presencia armada de ese grupo criminal en la zona, sino más bien que actuó como escoltas de los capos mexicanos. “Esa nueva llegada generó mucha tensión y ruido, porque quien más empezó a trabajar con ellos fue el Frente 33 de las Farc”, agregó el experto. Quien más se vio afectado por esas alianzas criminales fue el Eln.
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De hecho, en 2020 la guerrilla le envió una carta al Gobierno de Colombia, al Departamento de Estado y a la Fiscalía General de Estados Unidos, en la que aseguró que, contrario a las disidencias de las Farc, ellos no tenían relación con los cultivos de uso ilícito en el Catatumbo.
No obstante, las autoridades saben bien que en esta zona el Eln tiene laboratorios con capacidad de procesar hasta tres toneladas de cocaína al mes y que, desde hace décadas, aprovecha la frontera con Venezuela para sacar los alijos de la sustancia de uso ilícito.
El ejemplo más reciente es de abril de 2025, fecha en la que el Ejército desmanteló una de estas “cocinas ilegales” y, además, señaló que ya habían identificado otros complejos de producción de cocaína valorados en más de $7.000 millones. Según los cálculos más conservadores de este negocio ilegal, solamente uno de estos laboratorios puede significarle al Eln ganancias de más de $14.000 millones al mes.
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De “Megateo” a los nuevos intermediarios
Investigaciones e informes de inteligencia del Ejército indican que en 2021 los compradores extranjeros volvieron a salir del Catatumbo. Un momento que estuvo seguido por la crisis de la coca de 2022, cuando se redujo el número de hectáreas sembradas en el país, afectando las finanzas de los grupos ilegales.
Sin embargo, entre finales de 2023 e inicios de 2024 reaparecieron los narcos mexicanos a comprar la droga, especialmente de las disidencias, y se consolidaron las rutas que hoy se mantienen. “Los carteles empezaron a sacar el stock de drogas represado. Los cultivos quedaron en el Catatumbo Alto y movieron los laboratorios a Ocaña”, agregó el experto de la FIP.
Además de estos movimientos, agregó Arias, los narcos mexicanos activaron la ruta desde el Catatumbo hacia el sur del Cesar y La Guajira, así como hacia el Zulia y el Golfo de Maracaibo, en Venezuela. Ante este panorama, las autoridades ya tienen información de que esos negocios no solo se están moviendo por tierra.
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La Segunda División del Ejército reportó en abril de este año el empleo de una pista aérea ilegal, cerca de Tibú, por la que estaría saliendo parte de estos alijos de cocaína que estarían saliendo hacia La Guajira, República Dominicana y hasta Estados Unidos. Y eso no es todo. Como otra estrategia para movilizar la droga, los capos mexicanos entregan tanquetas hechizas a las disidencias de las Farc para esconder allí la mercancia.
En todo caso, las autoridades tienen reportes de que los carteles mexicanos negocian simultáneamente la cocaína con el Frente 33 y las Eln en iguales términos y sin importar el enfrentamiento que sostienen ambos grupos. Fuentes expertas en el tema que pidieron la reserva de identidad, indican que el Eln está negociando la coca a través de las Estructuras de Finanzas de Economías para la Revolución (EFER).
Ese es un tipo de estructura que no está propiamente en armas ni se presenta abiertamente como parte de la guerrilla, pero que se encarga de recaudar recursos para financiar la actividad de esa guerrilla a través de negocios ilícitos como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la extorsión.
En cuanto al Frente 33, alias “Richard” es el hombre clave en el negocio del narcotráfico con los carteles mexicanos. Jorge Mantilla, investigador sobre conflicto y crimen organizado, le explicó a El Espectador que, aun en medio de los enfrentamientos entre disidencias y Eln que se han intensificado este año, a ambos grupos ilegales les interesa mantener a los narcos extranjeros interesados en el Catatumbo.
Esto tiene una razón: “En el contexto del mercado de drogas colombiano, desde la salida de las antiguas Farc, los mexicanos tienen un papel cada vez más importante porque hoy en Colombia no hay un actor que sea capaz de regular y garantizar la calidad del clorhidrato de cocaína”.
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Y ese “control de calidad” lo estarían haciendo los extranjeros. Mantilla sostiene que hay “emisarios, contactos y estructuras”, de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que se encargan de intermediar con guerrillas y compradores, negociar precios, verificar la calidad del clorhidrato de cocaína y, de paso, garantizar el flujo de dinero a los grupos armados.
“En el caso del Catatumbo, es evidente: por ser uno de los enclaves cocaleros más importantes del país es un escenario estratégico para las rutas que salen por la costa Caribe y por Venezuela”, dijo Mantilla. De paso, permiten lo que él llama “transferencias de conocimiento o aprendizaje criminal”, relacionadas con asuntos como el uso de vehículos blindados hechizos y drones.
El verdadero interés del Clan del Golfo
En medio de este entramado de relaciones de narcotráfico entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc, el Eln, los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, se suma otro actor al conflicto: el Clan del Golfo y sus intereses de expandirse en la región del Catatumbo y otras zonas de Norte de Santander.
El primero que habló sobre el tema recientemente fue el presidente Petro. “‘Chiquito Malo’ ha decidido una alianza con el Eln, del lado venezolano. Ya se han incautado 32 toneladas de cocaína del Catatumbo y detenido a varios alcaldes y políticos que ayudaban al narco”, escribió el mandatario en su cuenta de X. Aunque su denuncia puso el tema sobre la mesa, el asunto, al parecer, no resultó ser como él lo planteaba.
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Fuentes de las Fuerzas Militares consultadas por El Espectador señalaron que en inteligencia no tienen aún información relacionada con la alianza planteada por el presidente. Sin embargo, sí hay datos sobre los intereses de expansión individual del Clan del Golfo.
En conversación con este diario, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch, precisó que, si bien hay alianzas temporales y tácticas entre grupos ilegales en distintos sitios del país, ese no es el caso de Norte de Santander. “Sí tenemos documentado que hay un intento de avance significativo y expansión del Clan del Golfo cruzando por el Sur de Bolívar hacia el Catatumbo”, señaló Goebertus.
El investigador Mantilla agregó que ya hay una ruta clara de expansión, pero que, contrario a lo que dijo el presidente Petro, no obedece a ninguna alianza. En lugar de ello, desde 2020 hay enfrentamientos entre Eln y Los Rastrojos, que se incorporaron al Clan del Golfo, que se profundizaron desde 2022.
“El Clan del Golfo tiene un plan de conexión que tiene que ver con el proyecto que tenían las Autodefensas Unidas de Colombia en el norte del país. Es construir un corredor en el norte, que vaya desde el Golfo de Urabá, pasando por el sur de Córdoba, el sur de Bolívar, el Magdalena Medio, el sur del Cesar hasta el Catatumbo. Pero hay un obstáculo gigante y es la predominancia que tiene el Eln en la frontera colombo-venezolana”, explicó Mantilla.
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La Defensoría del Pueblo alertó recientemente sobre las consecuencias de la expansión del Clan del Golfo en el Catatumbo, como de los demás grupos ilegales, a disputarse las rentas del narcotráfico. “De concretarse, este escenario introduciría un nuevo actor armado en la contienda territorial, elevando el nivel de confrontación y multiplicando las amenazas contra la población civil”, señaló la entidad en un informe reciente sobre esta crisis, en la que aún quedan temas por abordar.
En la edición de mañana, El Espectador continuará con esta investigación que muestra el avance silencioso de otros fenómenos ilegales que profundizan la crisis en el Catatumbo: las evidencias de un despojo de tierras que profundiza esta dinámica de guerra.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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