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El 2023 promete ser un año con una ajetreada agenda para las altas cortes. Desde análisis de reformas del nuevo Gobierno y demandas en contra de sus leyes en la Corte Constitucional hasta condenas pendientes en la Corte Suprema de Justicia en contra de excongresistas y exmagistrados señalados de corrupción y parapolítica. Ese es, en parte, el escenario que se espera que se mueva este año que comienza, cuyos motores arrancarán el próximo 10 de enero, cuando termine la vacancia judicial. El primer reto de la Corte Constitucional, por ejemplo, es debatir sobre la reforma a la Procuraduría que impulsó Margarita Cabello durante el mandato de Iván Duque.
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Aunque la discusión en Sala Plena ya inició, el impedimento que presentó el magistrado Juan Carlos Cortés para conocer esa discusión detuvo el debate. El jurista, que se posesionó durante los últimos días de noviembre pasado, explicó que se apartaría de esa decisión porque fungió como viceprocurador en la administración de Fernando Carrillo. El debate promete resolverse durante el primer semestre del año y la decisión podría tumbar uno de los planes cruciales de la procuradora Cabello. Otro estudio que tiene pendiente la Corte es la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro con la que pretende recaudar $20 billones.
La polémica ley, a la que le metieron el acelerador en el Congreso finalizando el 2022, ya fue demandada y el resultado de esos recursos podrían ponerle un freno de mano al recaudo que busca el Ejecutivo para financiar sus programas sociales. La meta del gobierno Petro es cerrar su administración con una reforma tributaria que regule la deuda fiscal del país recaudando un poco más de $50 billones. Otras iniciativas del actual Gobierno también serán analizadas por la Corte por cuenta de varias demandas en su contra. Se trata de la Ley de Orden Público y la norma que faculta a que el Estado tenga gestores de paz en medio de los diálogos con organizaciones ilegales.
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Uno de los recursos en contra de la Ley de Orden Público señala que uno de sus artículos se debe eliminar, porque abre la puerta a que se pueda negociar la paz con desertores de procesos pasados. Por ejemplo, con Iván Márquez, exjefe negociador de las Farc, quien se apartó del proceso de paz porque, a su juicio, el gobierno Duque incumplió con la implementación del Acuerdo Final. La norma que les da vida a los gestores de paz también fue demandada porque, entre otras cosas, los demandantes consideran que es una burla para la justicia que, por medio de una resolución firmada por el presidente Petro, se deje en libertad a personas que fueron procesadas meses atrás por, presuntamente, cometer actos vandálicos en medio de manifestaciones.
En otros temas, la Corte Constitucional también analizará el Acuerdo de Escazú, que impone nuevas obligaciones para el país en materia ambiental. El pacto es un acuerdo regional de países de América Latina y el Caribe con el que se busca, principalmente, tener acceso a información del medio ambiente y fomentar lo que será la justicia ambiental en Colombia. Por otro lado, también estudiará el caso de la modelo y actriz porno Esperanza Gómez, en donde expone que la red social Instagram borró su cuenta con más de cinco millones de usuarios por, supuestamente, ofrecer servicios sexuales. La mujer criticó que el contenido es similar al de otras cuentas que están en funcionamiento.
En la Corte Suprema
En materia penal, el mundo judicial también promete moverse durante este año. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema tiene pendiente emitir dos condenas: una contra el exsenador Iván Moreno, quien sigue ante los estrados por irregularidades en contratación, mientras su hermano Samuel Moreno fue alcalde de Bogotá. Los procesos en su contra datan de 2007 y 2009 y se relacionan con convenios que se firmaron con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y un convenio en materia de salud que vinculaba la adquisición de unas ambulancias.
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Y la segunda condena es la del exsenador Mario Castaño. El alto tribunal definirá el monto de la pena que deberá pagar el excongresista, quien ya confesó haber hecho parte de una red de corrupción integrada por servidores públicos y particulares dedicados a manipular procesos de contratación estatal en los departamentos de Cauca, Risaralda, Caldas y Tolima. El político del Partido Liberal, en agosto pasado, se declaró culpable por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, estafa y concusión, por lo que se acogió a sentencia anticipada.
Por otro lado, la Corte Suprema también debe definir el monto de la pena del exsenador Musa Besaile, quien aceptó cargos por haber tenido nexos con el exparamilitar Salvatore Mancuso, quien terminó actuando como su brazo financiero para llegar a la Cámara de Representantes en su primer arribo al Congreso, en 2002. Del mismo modo, la Sala de Instrucción de la Corte definirá la situación de los congresistas Wadith Manzur, Yamil Arana, Samy Merheg y Alfredo Ape Cuello, vinculados al escándalo de corrupción que se suscitó con los OCAD-PAZ, el órgano que aprobaba millonarios contratos para los 170 municipios golpeados históricamente por la violencia.
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La Sala de Primera Instancia también tiene otra papa caliente entre sus manos: debe fijar la fecha para que inicie el juicio en contra del exmagistrado Leonidas Bustos, investigado por el denominado cartel de la toga, el entramado de corrupción que permeó la justicia colombiana, ofreciendo favores judiciales a favor de aforados a cambio de cuantiosas sumas de dinero. Por estos hechos ya están condenados los exmagistrados Francisco Ricaurte y Gustavo Malo. Sobre Bustos pesa una orden de captura emitida por la propia corporación de la que hizo parte. Así las cosas, entre condenas y decisiones constitucionales se moverá este 2023.
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