Las penas de los muchachos

“Menor de edad asesina a sacerdote en Medellín” (titular del periódico El Espacio, 13 de febrero de 2011). El asesino tenía 17 años y disparó ocho veces contra el religioso Luis Carlos Orozco, en el municipio de Rionegro, Antioquia. Fue en el atrio de la iglesia. En presencia de algunos fieles. Mientras ingresaba al templo y se acercaba a la víctima —como lo captó una cámara de seguridad— el joven pensaba en atinar cada uno de los balazos y en que, cuando el cuerpo sin vida cayera al piso, debía correr tan rápido que sería imposible de alcanzar. Disparó. Cayó el muerto. Corrió. Y a los pocos metros fue capturado.

“Al momento de cometer un delito, un crimen, el menor de edad está concentrado en hacer bien su trabajo, en no dejarse coger —explica un psiquiatra forense que trabaja para un organismo del Estado—. Cuando hacen un trabajo de este tipo ellos van a sobrevivir, es una cuestión de supervivencia. Claro, puede haber también alguno que lo haga por gusto, no se puede descartar que sea excitante y satisfactorio causar daño a otra persona, pero en el caso de los menores de edad infractores, habitualmente, hay otras motivaciones”.

De esas motivaciones habla María Alexandra Rojas, psicóloga del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es bajita, rubia, tiene 33 años y no le teme a mirar a los ojos, cuestionar, preguntar ¿cómo lo hizo? a un joven que acaba de dispar o clavar un puñal para robar un celular. “Aquí, extrañamente, son respetuosos. A pesar de que no tienen ningún criterio de respeto por la autoridad, porque no se lo han incentivado en el hogar, porque simplemente no tienen la noción de lo que eso significa”. ¿Qué los motiva a delinquir? Las drogas, la necesidad de ganar unos pesos para sostener una adicción de años y años. “Ese es, sin lugar a discusión, el principal motivo”.

Está sentada en una oficina del Centro Zonal Especializado Puente Aranda en Bogotá (donde se maneja el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes). En el primer piso de la edificación hay 15 menores capturados en flagrancia y 60 en internamiento preventivo, esperando que se formalice su sanción. La del muchacho de 17 años, que disparó ocho veces contra el cura de 26, puede ir de 5 a 10 años (el mismo tiempo que pasaría un menor secuestrador, extorsionador, violador). Y deberá ser pagada en su totalidad gracias al estatuto de seguridad ciudadana aprobado la semana pasada en el Congreso, que busca endurecer las penas para los menores infractores, que eliminó el artículo que establecía la libertad para el menor delincuente al cumplir los 21 años, así no hubiera completado sus años de sanción.

Esta ley la tenían bien memorizada las mafias, las redes de delincuentes, los mismos jóvenes, que hacían cuentas y concluían que un asesinato cometido a los 17 años representaría sólo cuatro de encierro (en el peor de los casos). Y por eso los contrataban como sicarios, y por eso mataban. “La laxitud no sólo en la sanción de la ley, sino también en su medio familiar, provoca que ellos no tengan la noción de las consecuencias de sus actos. Esto media muchísimo en su parte psicológica y hace que ese temor que podríamos sentir nosotros al cometer un delito, en ellos desaparezca. Son impulsivos al actuar y eso hace que no vean los límites entre un delito u otro”. ¿Eso quiere decir que para ellos es lo mismo robar un celular o asesinar al dueño? “Sí, llega un momento en el que tienen el mismo significado. Robar y matar están al mismo nivel”.

Confesiones de una psicóloga

María Alexandra Rojas: “Uno pensaría que estos muchachos hacen lo que hacen porque vienen de un sistema familiar que no les provee absolutamente nada económicamente, pero resulta que en muchas de las ocasiones no es sólo eso, son jóvenes que tienen un bajo control de impulsos y poca tolerancia a la frustración, que siempre están a la expectativa de obtener más, no porque necesitan satisfacer sus necesidades básicas, sino porque quieren más de lo que se les provee. Son muchachos que vienen de hogares con graves conflictos, entonces a nivel emocional son inestables, tienen carencias afectivas. Eso les genera inseguridad, baja autoestima y los lleva a buscar un reconocimiento en grupo, ahí es cuando se involucran”.

“Menor de edad aceptó haber asesinado a un indígena” (titular del Informador de Santa Marta,  18 de mayo de 2011). El muchacho de 15 años, nacido en Buenaventura, admitió la culpa: mató a Carlos Meza Epieyú el viernes 13 de mayo. Era de noche. Utilizó el arma que le entregó El Profe, El Patrón, el que le pagaba a él y a otros menores por ser sicarios.

John Jairo Asprilla, psicólogo, también está sentado en la oficina del ICBF en Puente Aranda. Es altísimo, moreno, tiene 36 años y, por sus palabras, se puede adivinar que los muchachos a él lo respetan, en él confían. Dice que los jóvenes que están allí, en ese primer piso —amplio y organizado, en el que hay camas, aulas, comedor y una cancha— estaban en busca de una identidad y de un referente claro de autoridad que la familia no les dio, y por eso terminaron así: seducidos por delincuentes, por grupos organizados que logran convencerlos de que ellos son “su segunda familia”.

A esos adultos que contratan a menores por tres pesos para hacer el trabajo ilícito y peligroso, que seducen con mentiras y amenazan cuando el muchacho dice “no” y se quiere rebelar; a esos es a quienes la nueva ley quiere castigar. “Quienes incurran en esta práctica recibirán la máxima pena permitida dentro de la normatividad colombiana: de 30 a 60 años de prisión. Esta condena aplica incluso para quienes camuflan armas o estupefacientes en los niños”, reza el proyecto de ley. Y dice, también, que los castigos para los muchachos serán más severos. ¿Llevará esa medida a la reducción de los delitos cometidos por menores? ¿Habrá menos jóvenes que roben sólo por la satisfacción de tener un celular y menos adultos que contraten a niños para delinquir?

Responde Luis Ramírez Ortegón, psiquiatra de niños y adolescentes: “Los informes de la Organización Mundial de la Salud definen con precisión que el mayor problema de los infantes y adolescentes en América Latina está predominantemente ligado a la pobreza y la crisis en el sistema familiar. Entonces, ¿en qué ayuda una nueva ley si no a buscar estrategias más osadas para vencerla, como ha sido histórico en nuestro país? Lo esperado desde luego sería que se invirtiera en esa población vulnerada y depauperada: salud, educación, recreación y derecho al trabajo digno para sus padres”.

También se pronunció en contra de la nueva ley la Alianza por la Niñez Colombiana, argumentando que ésta “es totalmente contraria al espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño”, advirtiendo que “numerosas experiencias internacionales han demostrado que las posturas restrictivas no resuelven el problema de la criminalidad adolescente”. Y en cambio el ICBF defiende la medida y sostiene, en voz de su directora general, Elvira Forero Hernández, que “el enfoque y carácter reeducativo de las penas para los menores no se pierde”. La noticia ya les llegó a los muchachos del centro Redentor, 357 menores que están allí cumpliendo sus sanciones. “¿Sí es verdad Mona lo que están diciendo en las noticias, que nos van a subir las penas?”, le preguntaron esta semana preocupados a la directora.

Los puntos de la ley de seguridad

El Ministerio del interior y de Justicia, uno de los promotores del proyecto de ley de seguridad ciudadana, que pasó a sanción presidencial, ha reiterado que esta iniciativa “es todo un arsenal de instrumentos para luchar contra el crimen organizado”.

En el caso específico de protección a menores de edad el proyecto sostiene que el incremento de delitos protagonizados por éstos es uno de los temas que generan “mayor preocupación entre las autoridades y el Gobierno”, y se hace especial énfasis en castigar a los adultos que incentivan a los jóvenes a la comisión de los crímenes.

También se endurecen las sanciones para los menores bajo el argumento de que aunque es claro que la mayor parte de delitos que cometen son propiciados por adultos, el Gobierno también tiene identificado que los menores, conscientes de que las normas son más benévolas con ellos, inician a temprana edad una carrera de delincuencia y sicariato.