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Casi nueve años después de la histórica firma en el teatro Colón que puso fin a más de medio siglo de guerra con las Farc, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se alista para proferir la primera sentencia contra los exjefes de esa organización subversiva, hoy transformada en partido político. Un fallo que llevan años esperando las víctimas, la sociedad civil, organismos internacionales y la propia institucionalidad encargada de la accidentada implementación del Acuerdo de Paz. Más allá de los mea culpas del antiguo Secretariado por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que perpetraron durante décadas o los reconocimientos sobre cómo el secuestro degradó de una forma brutal el conflicto colombiano, la verdadera vara con la que va a ser medido este proceso en la historia del país serán las sanciones que imponga el Tribunal de Paz y su proporcionalidad frente a la magnitud de su violencia.
Este es el punto que más inquieta a las víctimas, que el próximo 31 de julio están citadas a la audiencia de verificación para constatar el cumplimiento de los comparecientes de las antiguas Farc y su contribución a la verdad y reparación en el marco del proceso que documentó más de 22.000 casos de secuestro y toma de rehenes, así como los homicidios, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado, relacionados con esos procesos. El exsecretariado presentó en 2022 su propuesta de sanción para que la valorara la JEP. En esencia, se trataba de cuatro proyectos para buscar personas desaparecidas, ejecutar acciones de desminado, promover una restauración ambiental en el páramo de Sumapaz y desarrollar un proyecto de memoria histórica. A pesar de las críticas por la insuficiencia de esas sanciones propuestas para satisfacer a las víctimas, el Tribunal de Paz estaría a punto de avalarlas.
Así lo estableció El Espectador, que tiene en su poder un escueto documento en donde se desarrollan las propuestas que hicieron las antiguas Farc y que, según distintas fuentes consultadas, constituiría una burla para las víctimas. Varias de ellas hablaron con este diario sobre lo indignante que les resulta, no solo la oferta que hizo la exguerrilla en su momento, sino que el tribunal encargado de verificarla y ajustarla en consonancia con la gravedad de los delitos cometidos, esté evaluando aceptarla sin cambiarle una coma. Consultado por este diario, el excongresista Jaime Felipe Lozada Polanco señaló: “Esas sanciones son una burla para nosotros. Las víctimas, primero, no estuvimos en el centro de la negociación; y segundo, nuestros victimarios van a terminar sembrando lechugas y hortalizas. Es una afrenta y nos duele profundamente lo que está ocurriendo”.
Lozada Polanco estuvo en cautiverio durante tres años junto a su hermano Juan Sebastián. Ambos fueron secuestrados con su madre, la representante a la Cámara Gloria Polanco el 26 de julio de 2001 en la toma del edificio Miraflores en Neiva por parte de un comando de la columna móvil Teófilo Forero. Polanco estuvo más de siete años en poder de la guerrilla, que también asesinó a su esposo, Jaime Lozada, el 3 de diciembre de 2005. Con semejante tragedia a cuestas, el testimonio de Lozada evidencia el abismo que parece haber entre el deseo de justicia de las víctimas y las sanciones propias que está evaluando el Tribunal de Paz. Por su parte, Rolando Chico, expolicía secuestrado y abusado por miembros del grupo guerrillero en Córdoba en 2006, añadió: “A mí me dañaron mi vida y los que sufrimos de abusos sexuales seguimos cargando traumas. Frente a todo lo que vivimos, estas sanciones no resultan reparadoras”.
El documento de la discordia
Los comparecientes de las Farc concretaron su propuesta de reparación en un documento en el que desagregaron cuatro proyectos para cumplir con la exigencia de la JEP. El primero se circunscribe de manera genérica a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas con el fin de “desarrollar acciones concretas para la búsqueda y dignificación” de estas personas, aunque en ninguna parte explican cuáles serían esas acciones concretas. El documento dice, por ejemplo, que buscan “realizar acciones que contribuyan con la construcción y la preservación de la memoria histórica de las víctimas”, pero, de nuevo, la oferta es gaseosa. La propuesta dice que los comparecientes van a desarrollar una cartografía nacional y regional sobre sitios de posible enterramiento de víctimas. Para lograrlo, dicen ellos, los excombatientes recorrerán las zonas de influencia que tuvieron. Una oferta que no especifica ni regiones ni posible número de víctimas.
En ese mismo punto advierten que este proyecto tendrá un impacto psicosocial, pues cumple “una función reparadora” y se va a desarrollar en tres fases que no se concretan en una bitácora de resultados que puedan ser medidos. Las antiguas Farc proponen, para desarrollar este proyecto, publicar unas cartas en periódicos nacionales, pero no especifican qué es lo que van a decir ni su utilidad. También hablan de una alocución en cadena nacional, cuñas radiales, cartas personales de reconocimiento, eventos públicos de perdón, un libro físico y otro digital, un audiolibro, un proyecto de ley que exalte a las familias buscadoras, 209 placas conmemorativas, 209 calles renombradas y 209 baldosas por la memoria. En el documento no se explica ese número a qué se refiere, dónde serán renombrados esos lugares, ni cuáles son los nombres escogidos. En síntesis, una propuesta en el aire.
El segundo proyecto que aseguran reparará de manera integral y proporcional a las más de 4.000 víctimas acreditadas en el caso de secuestro, se refiere a una acción contra las minas antipersonal. El objetivo de la propuesta pasa por construir confianza en los procesos de reconciliación por los afectados por este tipo de artefactos violatorios del Derecho Internacional Humanitario, contribuir a la no repetición del conflicto mediante ejercicios de “sensibilización”, y aportar a la reconstrucción del tejido social. Con una perla más, en el documento se deja específica constancia de que este tipo de proyectos “no implican la participación directa de los comparecientes, lo cual no excluye esa posibilidad”. En palabras castizas, según esa propuesta que evalúa el Tribunal de Paz para incluir en la sentencia, no necesariamente los exjefes guerrilleros, algunos de los cuales son congresistas, estarán participando en este proyecto.
Entre las acciones de esta propuesta, se remarca el suministro de información de territorios contaminados por minas a través de la georreferenciación. Pero además se propone la “educación en el riesgo de minas antipersonal”, aunque no se explica quiénes estarán encargados de esta pedagogía. Asimismo, los comparecientes que tengan información concreta de ese tipo de artefactos rendirán una entrevista y promoverán un encuentro nacional entre los exguerrilleros y los sobrevivientes con el objetivo “de reconocer al otro” y entender su proceso. Aún más, se propone “el fomento de una cultura de comportamientos seguros”. No obstante, esa idea no se aterriza ni se decanta en acciones que permitan que el país no repita la tragedia de miles de ciudadanos mutilados. Se habla de un enfoque diferencial étnico para medir los usos y costumbres afectados por la presencia de estos artefactos en vías donde se desarrollaban rituales “para las comunidades afrocolombianas, indígenas, raizales, palenqueras y gitanas”.
Este tipo de propuestas consignadas en el documento son las que molestan en grado sumo a las víctimas, pues parecen una colección de buenas intenciones que no parecieran reparar el daño provocado por la exguerrillera a sus víctimas de secuestro. Frases etéreas, propuestas que no tienen método, diagnósticos sin números medibles, entre otro largo etcétera de sanciones que parecen todo menos eso. En el documento una y otra vez dicen que estos proyectos generarán un impacto restaurativo, pero no dicen cuál ni cómo llegar a él, al punto de concluir de una forma vaga que con estas acciones se espera el “goce y el disfrute de un territorio libre y seguro relacionado con el ocio de sus habitantes”. La tercera propuesta es el reconocimiento del medio ambiente como víctima y el trabajo con las comunidades del Parque Nacional Sumapaz. En el objetivo se habla de la palabra ecoturismo.
La justificación de esa propuesta es la victimización histórica de ese territorio, por lo que se proponen acciones de restauración ambiental para mejorar las zonas de bosque andino y páramo. Esas acciones no se detallan, pero se enfocarían, supuestamente, en la protección de ecosistemas degradados. Para ello se promoverán procesos de “alfabetización de comparecientes en asuntos de restauración ambiental”, pero nada se cuenta de qué significa eso y cómo, por ejemplo, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, lo cumplirá. El resultado de este proyecto será el de un trabajo, “en calidad de comparecientes, como ejecutores de las labores de restauración encomendadas” y en el mantenimiento de zonas, en el que, se lee en el documento, exfarc trabajarán como guías y ejecutores de capacitaciones a visitantes y agricultores. La oferta incluye la elaboración de una cartilla de “replicabilidad”, sin que explique a qué se refiere.
Por último, el cuarto proyecto habla de un componente de memoria y reparación simbólica. Este es el único punto de la propuesta en el que explícitamente se hace referencia a la “restauración del daño causado en el tejido social por las extintas Farc. Especialmente, a las afectaciones causadas por la comisión del delito de secuestro y otras privaciones de la libertad”, teniendo como base que la memoria histórica “tiene un efecto reparador y restaurador en las vidas de quienes sufrieron victimizaciones en el conflicto”. Como acciones concretas, la oferta sostiene que realizará un libro, con su versión en audio, que se construirá con los relatos de las víctimas y comparecientes. Las demandas de las víctimas serán la fuente principal del relato, pero las narraciones incluirán las versiones de los comparecientes. Además, se habla de una pedagogía de la memora transformativa, pero sin ningún detalle de cómo será ni a qué se refiere.
Asimismo, el documento propone la construcción de una placa con nombres de personas secuestradas, en lugares representativos de los municipios donde hayan ocurrido estos hechos. De nuevo, no hay detalles ni de quién definirá quiénes serán incluidas en esos distintivos ni dónde serán instalados. Además, la propuesta incluye el impulso de proyectos de ley que reconozcan el daño de las familias víctimas del conflicto, pero sin los pormenores del cómo, quién y cuándo se harán esas iniciativas. A diferencia de las demás propuestas, este cuarto proyecto no incluyó una explicación de cuál será el impacto de esta sanción ni sus resultados. Cada punto y coma de esta propuesta está en estudio del Tribunal de Paz, quien tiene la última palabra para definir si estas sanciones son reparadoras, tienen una relación de causalidad directa con los perjuicios del secuestro y, en últimas, si son proporcionales a ese daño.
“No hay nada que justifique el secuestro ni nada que pueda compensar las vidas de quienes fallecieron o fueron asesinados en cautiverio, ni tampoco los días de secuestro de quienes, aunque logramos salir con vida, nunca podrán recuperar los años perdidos, alejados de nuestras familias y en condiciones de indignidad y bajo tratos crueles e inhumanos. Por ello, en mi opinión personal, de lo que se trata es que no suceda nunca más, y que las acciones reparadoras, como las propuestas, mitiguen el dolor causado, sabiendo de antemano que nunca podrán devolvernos lo perdido”, expresó a El Espectador el exgobernador del Meta Alan Jara, quien estuvo secuestrado por la Farc durante ocho años. Por su parte, Máximo Enrique Quiroz Rodríguez, exintendente de Policía, secuestrado el 3 de agosto de 1998 en San Carlos (Antioquia) y liberado tres años después, también se refirió a estas propuestas.
“Estas sanciones no cumplen con las expectativas que uno quiere como víctima de este conflicto armado, teniendo en cuenta que nosotros esperamos que existiera una reparación con referencia al daño. Por ejemplo, la búsqueda de desaparecidos es algo que no debería estar dentro de la sentencia, porque eso fue uno de los primeros compromisos que ellos hicieron cuando firmaron un proceso de paz. Si bien es cierto que las víctimas no tendremos una reparación económica, si esperábamos una verdadera reparación simbólica, y si las propuestas de las sanciones son esas, no se ha avanzado en lo que hemos pedido. ¿Qué le vamos a decir a la mamá, o la esposa, o a los hijos del cabo José Norberto Pérez, asesinado en cautiverio? Con una situación de sembrar árboles y que algo sea turístico, ¿cómo se puede reparar a una víctima? Esto no es una sentencia ejemplarizante frente a los delitos que las Farc cometieron”, expresó Quiroz Rodríguez.
La posición de la JEP
El presidente de la jurisdicción especial, Alejandro Ramelli, le explicó a El Espectador que la palabra final sobre estas sanciones la tiene la Sección de Reconocimiento de Verdad. “Creemos que pueden ser más efectivas que la cárcel, creemos que valen la pena. Porque reconstruyen los lazos que el conflicto rompió, porque involucran a todos los actores y porque permiten que los responsables se reintegren a la sociedad beneficiando a las comunidades. Además, es necesario aclarar que la JEP ha estado restaurando a las víctimas a lo largo del proceso judicial, que la restauración no llegará solo con la sanción”, explicó el magistrado. Puntualmente, sobre la propuesta relacionada con el Parque Nacional Sumapaz, Ramelli reiteró que ese asunto se está analizando y solo en la sentencia se sabrá cuál será la sanción concreta que se desarrollará en esta zona, entre los departamentos del Meta, Huila, Cundinamarca y la ciudada de Bogotá.
“El secuestro no solo dejó consecuencias devastadoras entre las colombianas y colombianos. Su práctica sistemática implicó el uso de campamentos en zonas de reserva, tala de bosque para abrir paso en la selva, contaminación de fuentes hídricas, alteración de ecosistemas y daños en territorios con especial valor ambiental. En muchos casos, además, estas afectaciones ocurrieron en zonas habitadas por comunidades étnicas y campesinas que también sufrieron las consecuencias de este daño. Por eso, la JEP no analiza el secuestro solo como un crimen aislado, sino como parte de un fenómeno de macrovictimización con múltiples impactos: físicos, psicosociales, culturales y también ambientales”. Ramelli agregó que, en el proceso de elaboración de la sentencia y la investigación del caso, la JEP “se tomó en serio” la tarea de escuchar a un diverso mundo de víctimas, “como ningún otro tribunal en el mundo. Esto toma tiempo, es complejo, pero es lo único que va a permitir que las víctimas se sientan restauradas”.
“Nuestra autonomía judicial está modificar, completar y ajustar la propuesta presentada. Para ello se han realizado nueve encuentros con víctimas, comparecientes y sus representantes judiciales, dos audiencias de observaciones a la Resolución de Conclusiones, tres rondas de mesas técnicas con entidades del Gobierno Nacional. Lo que suceda en la Audiencia Pública de Verificación también será determinante a la hora de emitir la sentencia”, recalcó el presidente Ramelli. A la pregunta sobre qué le puede decir a las víctimas que no están conformes con esta decisión, el magistrado señaló: “Las diferencias hacen parte del proceso con el que los jueces lidiamos a diario. Si ellas no están convencidas es legítimo y están en todo su derecho. El conflicto armado nos desgarró por más de 50 años, dejó un universo heterogéneo de víctimas con historias, afectaciones, identidades y reclamos de todo tipo. Este proceso judicial no busca imponer una sola verdad ni una única forma de reparación, sino abrir un camino que reconoce esa diversidad y que entiende que, para resolverlo, no hay una fórmula mágica”.
Y concluyó: “Los crímenes no fueron simples violaciones a ley, sino que tuvieron un impacto en profundo en quienes los sufrieron y del que poco se ha hablado. Por eso, la restauración también pasa por comprender ese daño y que quienes lo causaron contribuyan con sus propias manos a enmendarlo (…) Las víctimas están en todo su derecho de impugnar las decisiones y es algo que se contempla como parte del proceso, pero me parece importante recalcar que estas sanciones no son el final del camino. Son un primer paso en un proceso que se seguirá nutriendo con nuevas sentencias por otros crímenes atroces que estamos investigando, nuevas verdades y acciones restaurativas. Sabemos que nada será suficiente para reparar completamente tanto daño, pero cada paso que damos es guiado por el compromiso de no repetirlo”.
*Con reportería de Valentina Gutiérrez Restrepo.
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