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La Fiscalía tiene ocho reparos sobre las decisiones que tomó Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, en el proceso de contratación de Hidroituango, uno de los proyectos más grandes de generación de energía en los últimos tiempos. El exgobernador, sobre quien pesa una condena de más de siete años por nexos con el paramilitarismo, fue imputado en agosto del año pasado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos porque, según la Fiscalía, los hechos ocurrieron mientras él fungió como jefe departamental entre 2008 y 2011. Estos son los argumentos que hacen que ahora sea llamado a juicio por estos hechos, que también involucran a otros altos funcionarios antioqueños.
A Ramos, quien se encuentra recluido en el Batallón Juan del Corral, en Rionegro, Antioquia, cumpliendo la condena proferida por la Corte Suprema de Justicia, se le señala de irregularidades en el contrato tipo BOOMT (construir, operar, poseer, mantener y transferir, por sus siglas en inglés) firmado entre Hidroituango S.A. y Empresas Públicas de Medellín (EPM) el 20 de marzo de 2011. Para entender por qué la Fiscalía considera que Ramos tiene responsabilidad en este caso primero se debe dejar claro que Hidroituango está conformada por dos accionistas mayoritarios: la Gobernación de Antioquia y su Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) con un 53,12 %, y el Grupo EPM con el 46,54 %, teniendo entonces más peso en la junta directiva la primera parte accionista.
Con ese antecedente, la Fiscalía empezó su análisis. En el escrito de acusación de 87 páginas que reposa en contra de Ramos se menciona que la finalidad del convenio, celebrado en marzo de 2011, era realizar las inversiones, la construcción y mantener y operar la hidroeléctrica para entregarla en funcionamiento en 2018. Pero la Fiscalía identificó que se empezó a materializar formalmente desde noviembre de 2009.
En esa época, Hidroituango S.A. publicó que estaba abierta la convocatoria internacional de precalificación para que las entidades interesadas en la construcción de la megaobra entraran en un proceso de selección. En febrero de 2010, siete empresas entraron en esa etapa, entre ellas EPM, y en noviembre del mismo año se anunció oficialmente que esta fue la única entidad que cumplió con los requisitos, por lo cual se dio por terminada la fase de precalificación. Aunque todo parecía en orden, la Fiscalía encontró que el exgobernador avaló que se cambiara la modalidad del proceso de contratación: de una invitación internacional a una selección directa.
El propósito, según la Fiscalía, era favorecer a EPM y todo se habría gestionado en ocho actuaciones puntuales desplegadas por la Gobernación. En enero de 2008, Ramos designó a Álvaro de Jesús Vásquez gerente del IDEA, con la convicción de sacar adelante la contratación del proyecto. La premisa era que el departamento debía hacer parte de las decisiones que se tomaran, sin sacrificar la posición accionaria del Instituto. Así las cosas, el gerente de esa entidad jugó un papel importante, ya que empezaron las negociaciones que dieron origen al contrato BOOMT con el que terminó favorecida EPM.
En el segundo semestre de 2008, Ramos, a través de Vásquez, logró que se nombrara gerente de Hidroituango al ingeniero Luis Guillermo Gómez, con el fin de que se llegara a un acuerdo entre accionistas para el desarrollo del proyecto. El escrito de acusación menciona que, de esa manera, se aseguró la negociación directa en beneficio de EPM. Para llegar a eso se firmaron cuatro acuerdos que le dieron vida a la designación del ingeniero y también a modificar el manual de contratación, que terminó afectando la entrada en construcción del proyecto como estaba estipulado en el cronograma. La Fiscalía, entonces, reprocha que el exgobernador tenía la obligación de ejecutar la política económica general que rige en estos casos y no lo hizo.
El político antioqueño, por su parte, decidió hacer caso omiso a esas obligaciones y designó a Vásquez como persona clave en la negociación. “De esa manera el gobernador dirigió y coordinó la política y negociación del proyecto Hidroituango”, dice la Fiscalía. A Ramos también se le señala de reunirse con el presidente de entonces, Álvaro Uribe, y con la ministra de regiones para la época, entre mayo y junio de 2010, con el fin de lograr que EPM fuera la única empresa con posibilidades reales en el negocio, dejando a un lado la inversión extranjera y los oferentes preseleccionados en la subasta internacional adelantada en 2009.
En concreto, para la Fiscalía está claro que Ramos designó personas para que en su representación adoptaran las decisiones que él mismo tomaba, tuvo una participación activa en las sesiones de la junta directiva de Hidroituango S.A.; tomó decisiones trascendentales en la escogencia, avance y terminación del proceso de selección pública internacional; aprobó, participó e intervino de manera directa en la celebración de acuerdos propios de la negociación directa entre el IDEA y EPM y, finalmente, dada la posición mayoritaria del departamento en la sociedad Hidroituango S.A. ESP, aprobó la celebración del contrato BOOMT.
“En síntesis, el acusado, con consciencia y voluntad, se interesó de manera indebida en la celebración del contrato BOOMT en favor de EPM ESP y violó los principios de planeación, transparencia, economía, buena fe, responsabilidad y deber de selección objetiva que garantizan el cumplimiento de los fines propios del Estado, el interés general que persigue la contratación, en especial aquella destinada a satisfacer la demanda de energía eléctrica de la nación. Ninguna razón justifica la conducta del gobernador Ramos Botero, si bien se trata de un régimen excepcional de contratación, el respeto por los principios propios de la contratación pública es de obligatorio cumplimiento”, dice el escrito de acusación.
Aún se desconoce para cuando está citada la audiencia en la que se llamará a juicio al exgobernador. Sin embargo, este es un nuevo capítulo en la historia de Hidroituango. Además, también tienen pendiente esclarecer el daño ambiental generado por este proyecto.
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