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Esta semana, la corrupción llevó de nuevo a un senador de la República a la cárcel. Ciro Alejandro Ramírez Cortés, del Centro Democrático, fue capturado en la noche del pasado jueves en Bogotá por orden de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Ramírez, según la investigación que adelanta el alto tribunal, habría participado en un entramado de corrupción desde el Congreso, en el que, al parecer, él y otros congresistas, direccionaron contratos estatales para repartirlos a dedo y cobrar coimas sobre los valores de cada acuerdo. Un esquema ilegal que ya había desplegado el fallecido exsenador del Partido Liberal, Mario Alberto Castaño, quien era el líder de la red conocida como las marionetas.
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Aunque por ahora las redes del caso de Castaño y Ramírez no parecen tocarse, ambas comparten personajes y elementos en común. El Espectador conoció la decisión con la que Sala de Instrucción emitió la orden de captura contra el senador y resolvió su situación jurídica. En el documento de 208 página, se lee que el senador del Centro Democrático se habría aliado con quien alguna vez fue una de las personas del círculo cercano del fallecido exsenador corrupto, Mario Castaño: Alejandro Noreña Castro, quien en muchas ocasiones servía como intermediario entre políticos, contratistas y manejó durante varios años la agenda política de Castaño en Caldas.
Mario Castaño fue capturado en junio del año pasado y, a los pocos meses, confesó que era la cabeza de la red criminal que desvió contratos públicos a empresas que lo terminaron beneficiando políticamente. El exsenador rindió interrogatorio en varias ocasiones ante la Corte Suprema, especialmente para recibir beneficios en su caso, y mencionó a Ciro Ramírez. Aunque confesó que no sabía si el congresista uribista se había llevado alguna tajada de su empresa criminal, al alto tribunal sí le explicó que sabía que su colega tenía interés en los contratos que se estaban desviando desde el Departamento de Prosperidad Social (DPS). Con esa pista, la Sala de Instrucción siguió la trazabilidad de esos negocios.
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Con testigos abordo, y pruebas documentales, el documento de la Corte deja en evidencia que el presunto actuar criminal de Ramírez habría sido inspirado por las malsanas ganancias que había obtenido el exsenador liberal con los contratos que repartió en entidades estatales. Específicamente, el alto tribunal encontró que la génesis se dio por un contrato suscrito entre el DPS con la empresa Proyecta. La providencia insiste en que el eslabón en común fue Alejandro Noreña Castro, quien se distanció de su antiguo aliado, Mario Castaño, al parecer por malos tratos. El propio Noreña le dijo a la Corte que, tras alejarse del fallecido excongresista, decidió apoyar la campaña de 2022 de Ciro Ramírez.
Asimismo, la providencia de la Sala de Instrucción resalta que en septiembre de 2021 Noreña arregló una reunión entre Pablo César Herrera Correa, entonces director de Proyecta, y el senador Ciro Ramírez. En el encuentro, según la Corte, se habló de los beneficios que se obtuvieron por un contrato —direccionado por Castaño— suscrito entre el DPS y la entidad. En octubre de ese mismo año, Noreña habría organizado un segundo encuentro en el que, además de Herrera Correa y el senador Ramírez, también participó Pierre Eugenio García Jacquier, exsubdirector del DPS. En esa oportunidad, según el documento, los tres discutieron “la posibilidad de suscribir otro contrato entre el DPS y Proyecta”.
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Lo anterior, dice la Corte, para favorecer los intereses electorales y económicos del ahora preso senador Ramírez Cortés. La providencia de la Sala de Instrucción señala también que, tras esa reunión, que el 12 de noviembre de 2021 —un día antes de que iniciara la ley de garantías—, se “celebró el contrato interadministrativo 670 de 2021 entre el DPS y Proyecta por un $48.660.119.107″. Ese es, precisamente, el acuerdo que tiene hoy en La Picota al senador Ramírez. La investigación en su contra fue abierta por la Sala de Instrucción de la Corte en junio de este año, precisamente porque, cuando la Fiscalía empezó a deshilar las andanzas criminales del caso de las marionetas, el nombre de Ciro Ramírez salió a flote.
Por eso, el ente investigador le compulsó copias a la Corte Suprema y así inició la investigación en contra del senador uribista. Bajo la lupa del alto tribunal están la presunta intervención indebida y direccionamiento de 13 contratos y negocios jurídicos que tenían como objeto la construcción de obras en Quindío y Tolima, por las cuales Ramírez habría recibido coimas. El 31 de julio y el 26 de septiembre de este año, el senador del Centro Democrático rindió indagatoria ante el alto tribunal y manifestó que a Noreña solo lo conocía por la “presentación que le hiciera el exalcalde de Ventaquemada, Aristóbulo Otálora” en 2020.
A mediados de 2021, agregó el senador en la indagatoria, se lo presentaron “en Manizales como antiguo secretario general del Partido Liberal en Caldas”, pero no ha reconocido las mencionadas reuniones para hacer, aparentemente, acuerdos corruptos. Ramírez añadió en su defensa que nunca participó de ninguna reunión con funcionarios del DPS para “cuadrar” contratos y que no tiene nada que ver con lo que testigos han dicho en su contra. Incluyendo lo que contó el fallecido senador Mario Castaño. Ahora, Ramírez Cortés enfrentarán su proceso desde la cárcel, por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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