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El general retirado Mario Montoya Uribe, imputado por la Sala de Reconocimiento y Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por crímenes de guerra y lesa humanidad, reitera que es inocente. La justicia transicional lo señala, basándose en pruebas, de ser responsable de al menos 130 ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, cuando aun portaba uniforme del Ejército Nacional y comandaba la IV Brigada. Tanto él como sus abogados insisten que esa etapa del proceso vulneró los derechos al debido proceso y la contradicción del exuniformado, por lo que pidieron anular el proceso en su contra. No obstante, la Sección de Apelación de la JEP negó esa solicitud en segunda instancia hace un par de semanas, y argumentó que no hubo ninguna irregularidad para imputar al exmilitar.
Montoya Uribe, quien ha sido señalado por otros comparecientes ante la JEP, algunos de ellos subordinados suyos, de pedir “litros y carrotancados de sangre” en alusión a las bajas en combate, una política que aumentó considerablemente las ejecuciones extrajudiciales durante su mandato, podría enfrentar un juicio adversarial en la Jurisdicción. En caso de ser vencido en esa etapa del proceso, pagaría una condena de hasta 20 años de prisión. Aunque ha buscado, sin éxito, tumbar de tajo el expediente en su contra, sigue afirmando que él “no ha matado a nadie”. Así lo dijo en su primera versión rendida ante magistrados de la justicia transicional: “Hasta la saciedad dije: ‘Que se muera un inocente y no lo reconozcamos es un gran error, pero que se muera un inocente y lo hagamos pasar por bandido es un acto de cobardía’”.
Sin embargo, la JEP tiene evidencia suficiente para demostrar que las órdenes de Montoya al interior de la IV Brigada aumentaron los casos de falsos positivos. Así lo dio a conocer la magistrada Catalina Díaz Gómez, de la Sala de Reconocimiento y Verdad, quien ha llevado el caso del exmilitar en la justicia transicional. En diálogo con El Espectador, la togada habló sobre qué viene en el proceso contra el imputado comandante y cuál sería su futuro judicial al no reconocer su responsabilidad. Además, habló sobre la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de negar la entrada de Montoya Uribe al país norteamericano. Estos y otros asuntos fueron profundizados por la magistrada.
¿Qué viene ahora en el expediente contra Mario Montoya, luego de que la Sección de Apelación de la JEP negara la nulidad de su proceso?
La decisión que toma la Sección de Apelación es muy importante porque desestima los argumentos con los que la defensa del general Montoya pretendía anular la imputación. Eran argumentos tanto de debido proceso, como de fondo sobre la manera en que se imputó responsabilidad penal al general. La Sección precisó que, en realidad, una solicitud de nulidad no es el mecanismo procesal para discutir de fondo la imputación. El camino procesal es, como ya lo había dicho el general, no reconocer su responsabilidad y que está pendiente de su proceso adversarial, ese es en realidad el camino. Él está en todo su derecho de no reconocer su responsabilidad. Lo que sigue es, entonces, la remisión del proceso por parte de la Sala de Reconocimiento y Verdad a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), pues la Sala estima que la evidencia en su contra es muy robusta.
Además de ser un tema procesal, ¿por qué se estimó que los argumentos del general eran inviables?
En concreto, ese no es el mecanismo procesal para discutir un auto de determinación de hechos y conductas. Con esa decisión la Sección reafirma su precedente, algunos comparecientes han intentado esa figura de la nulidad para, tal vez, examinar de fondo la imputación. La respuesta de la Sección en esos casos es que no se deben trabar o demorar los procesos y que el proceso sigue.
¿Ya se tienen fechas programadas para un juicio?
No. Hasta el momento el proceso va en que el expediente de Mario Montoya debe ser remitido a la UIA y la Unidad tendrá que decidir si en efecto procede la acusación formal o no.
Estos hechos por los cuales está imputado el general retirado Mario Montoya, por falsos positivos, corresponden a cuando era comandante de la IV Brigada. ¿En qué van las investigaciones contra el exmilitar, también por ejecuciones extrajudiciales, como comandante del Ejército?
Nosotros determinamos la responsabilidad del general por el periodo en el que él ejerció como comandante de la IV Brigada en Antioquia. Estos son hechos entre 2002 y 2003. Allí logramos establecer que por lo menos 130 personas fueron asesinadas y muchas de ellas desaparecidas forzadamente por hombres de esa brigada, especialmente del Batallón Bajes, en el oriente antioqueño. Estas personas fueron asesinadas y reportadas de manera falsa como bajas en combate durante la comandancia del general Montoya. Sin embargo, y allí en el auto se advierte, él sigue siendo investigado, entre otras cosas, como comandante del Ejército Nacional. Esas investigaciones continúan.
¿Entre esas investigaciones también está la que se adelanta en macrocaso 08 (que investiga los crímenes cometidos por la Fuerza Pública en asocio con paramilitares) por hechos en la Comuna 13, dónde también fue llamado a responder el general Montoya)
Sí, en efecto. Los colegas magistrados que están instruyendo el macrocaso 08 han considerado llamarlo a responder por los hechos de la Comuna 13, así como a José Leonardo Gallego, quien estuvo al mando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá entre los años 2000 y 2003. Esa investigación sigue en pie.
En caso de que la UIA considere que es necesario ir hacia un juicio adversarial, ¿qué procede para el general Montoya?
El Acuerdo de Paz, la Constitución y la ley que regula la Jurisdicción Especial para la Paz establecen que una persona que es vencida en juicio en la JEP puede recibir una condena de hasta 20 años de prisión ordinaria.
¿Cuáles son las pruebas contundentes que encontró la Sala contra el general Montoya? Se conoce del pedido de bajas y conteo de cuerpos…
Nosotros expedimos un auto de determinación de hechos y conductas, que es sumamente robusto, con más de 500 páginas. Allí se determina lo que ocurrió y las conductas de los máximos responsables y aquí vale la pena decir que, junto con el general Montoya, imputamos nueve máximos responsables más por falsos positivos. De ellos, siete reconocieron su responsabilidad. Entonces, casi todos los que fueron imputados con el general Montoya reconocieron integralmente su responsabilidad, y está pendiente la convocatoria a la audiencia pública de reconocimiento. En esa decisión determinamos lo que pasó, determinamos la conducta y escribimos en detalle las pruebas que nos permiten concluir que el general Montoya tiene responsabilidad penal individual para ser imputado como máximo responsable.
Explicamos en el auto, además, como el general utilizó un lenguaje violento que exaltaba el uso de la sangre para exigir resultados de bajas en combate a sus subordinados. Les requería litros, chorros, carrotancados, barriles de sangre, y esto lo hacía de manera cotidiana, permanente e insistente. Él resaltaba que el único resultado que realmente mostraba el éxito militar era la muerte, el muerto caído en combate. Por eso incluimos en la decisión que existía una política en los teatros de operaciones militares, una política en la práctica, de conteo de cuerpos, una obsesión con contar los muertos. En los programas radiales que lideraba el general Montoya con sus hombres, siempre se monitoreaba el número de supuestos guerrilleros caídos en combate que llevaban las unidades militares. Cuando no se mostraban bajas como resultado, según han narrado algunos comparecientes, el general les decía: “usted se está comiendo los víveres, usted es un vago”.
Qué decir de los premios que, al parecer, se ofrecían por cantidad de bajas…
Nosotros también mostramos que había incentivos, como medallas, condecoraciones, permisos, la medalla de servicios distinguidos de orden público, planes vacacionales, ascensos, promociones, entre otros varios, todo en función del número de bajas. Y, por el contrario, cuando no había un reporte de un alto número de bajas había recriminaciones, burlas, castigos y todo lo que se llamó incentivos negativos: la amenaza de no salir a vacaciones, la amenaza de ser retirado de la Fuerza Pública. Había una percepción de que quien no entregaba bajas, se iba del Ejército. Esa zozobra se generalizó, y demostramos exactamente cuál fue la conducta del general Montoya en todos estos puntos.
La otra prueba que hay en su contra es como él, personalmente, convocó una rueda de prensa para presentar ante los medios y ante la comunidad, a unos civiles, entre ellos una niña menor de edad, que habían caído en un operativo militar, y él los presentó como guerrilleros del Noveno Frente de las FARC a sabiendas de que eran civiles. Esas personas se cubrieron con carpas camufladas y fueron presentadas ante la prensa, directamente, por el general Montoya. Esa es una prueba muy importante.
Sobre estos hechos contrastamos múltiples versiones, casi 30 versiones de comparecientes, sumado a todos los archivos militares y por eso llegamos a la conclusión de que se reúnen los requisitos legales y que existen pruebas suficientes para entender que el general Montoya fue coautor de estos crímenes.
El Departamento de Estado de Estados Unidos respaldó el trabajo de la JEP y anunció que niega la entrada del general Mario Montoya a ese país, pues señalaron que “existen pruebas de que durante su mandato estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales de civiles”. ¿Qué decir del espaldarazo que le da la oficina de Antony Blinken a la Jurisdicción?
El gobierno de Estados Unidos ha venido siguiendo el proceso en la JEP. Ellos han visitado Colombia en varias ocasiones, su embajadora sobre justicia global ha estado muy atenta a los desarrollos en la Jurisdicción. Por supuesto Colombia sabe que el gobierno de Estados Unidos fue un socio estratégico en las políticas de seguridad y defensa y, ahora, en los últimos tiempos, también en las políticas de derechos humanos. En ese ejercicio de monitoreo han tomado la decisión, de manera unilateral, sobre la situación migratoria y la imposibilidad para el general Montoya y su familia de entrar a los Estados Unidos por la evidencia que obra, y lo dicen claramente, por su participación en ejecuciones extrajudiciales para presentar a las víctimas de manera falsa como bajas en combate. Me llamó la atención que en el comunicado que suscribe el secretario de Estado, Antony Blinken, aprecian la participación de las víctimas en la JEP y el proceso de justicia que llevamos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
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