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Luis Arnobio del Río Jiménez, un hombre de 65 años que llegó a ser conocido en el mundo del narcotráfico como Tío o Señor T, está con un pie ya en Estados Unidos. El pasado 22 de julio, en un documento conocido por El Espectador, la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición a ese país, donde la Corte para el Distrito Medio de la Florida emitió un indictment (acusación) con dos cargos en su contra el 13 de agosto de 2019. No es un narco cualquiera. El Señor T logró, durante más de 30 años, permanecer oculto en este negocio ilegal, con nexos con Pablo Escobar, la Oficina y, en los últimos años, el cartel Jalisco Nueva Generación (CJNC), al cual la DEA considera uno de los cinco grupos de crimen transnacional más peligrosos del mundo.
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Según el expediente de la justicia estadounidense, el cual pudo revisar este diario, Estados Unidos comenzó la investigación contra Del Río y su organización en 2015, a la cual señaló de ser “responsable de enviar múltiples toneladas de cocaína desde Colombia con destino a países en América Central y a los Estados Unidos”. Incluso, detectaron su presencia en un barco ubicado en aguas bajo jurisdicción estadounidense. Pero fue un agente de la DEA, de nombre Armando Guerrero, quien entregó la mayor cantidad de datos y detalles que terminaron hundiendo a Del Río; junto con la delación de uno de sus propios hijo, quien lo entregó a la Policía luego de que el Señor T se enamorara de la esposa de este último, es decir, de su nuera.
Del Río Jiménez fue capturado el 24 de noviembre de 2019 en Medellín, en un aparatoso episodio que incluyó la muerte de uno de sus supuestos socios, Gabriel Marín Macías o Chepe, quien saltó desde un balcón para tratar de huir de la Policía. Lo que venía detrás era una investigación de cuatro años que, según el agente Guerrero, comenzó el 18 de marzo de 2015 cuando en Pine Valley (California) se incautaron diez kilos de cocaína marcados como “Taxi”. Tres meses después, el 16 de junio de 2015, una nave semisumergible autopropulsada sin nacionalidad que transportaba 2,4 toneladas de coca fue interceptada en el Océano Pacífico. Los cuatro tripulantes a bordo fueron detenidos. La cocaína, de nuevo, estaba marcada como “Taxi”.
Para marzo de 2017, interceptaciones telefónicas empezaron a arrojar luces sobre el posible papel de Del Río con respecto a la droga que iba en el barco. “Las comunicaciones legalmente interceptadas revelaron que, el 5 de abril de 2017, (Alfonso) Torres Alzate notificó a Macías Marín que Torres Alzate envió a su esposa a recibir el efectivo por los costos de transporte de Macías Marín. Torres Alzate dio además instrucciones a Macías Marín de entregar la mitad del pago a Herrera y la otra mitad a la esposa de Torres Alzate. El 6 de abril de 2017, Macías Marín notificó a Del Río Jiménez que el pago había sido entregado”, dice el expediente. Las interceptaciones continuaron y Del Río aparecía cada vez más comprometido.
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El 26 de abril de 2017, las autoridades estadounidenses detectaron una lancha con 711 kilos de coca en el océano Pacífico, en aguas internacionales. Cuatro hombres fueron capturados y uno de ellos, “DC5″, “identificó a Del Río Jiménez como el jefe de Torres Alzate”. Lo que sí indica el expediente es que Del Río y su socio empezaron a inquietarse ante la ausencia de noticias de la lancha y su gente. De nuevo, las interceptaciones ayudaron: “Del Río Jiménez contactó a Herrera Rueda y a Daza Martínez y dio instrucciones (…) de investigar lo que había ocurrido a la panga desaparecida y a la cocaína que contenía”.
El 17 de agosto de ese mismo año, Del Río hizo otra movida osada: coordinar el envío de US$500.000 a Colombia con uno de sus hijos. “Enviaron a la esposa de Herrera Rueda a recoger el dinero que se encontraba en un vehículo con un compartimiento oculto”. El problema fue que la esposa del mencionado Herrera Rueda cayó en un retén policial y agentes de la Policía descubrieron el dinero. “Herrera Rueda aconsejó a su esposa que dijera al oficial de policía que el dinero era del negocio de esmeraldas (de este)” y luego le dijo que lo sobornara, lo cual, al parecer, ocurrió. “El oficial de policía aceptó el soborno y liberó a la esposa”, contó el agente Guerrero.
El último golpe contra Del Río se dio el 1° de diciembre de 2018, cuando guardacostas estadounidenses detectaron una lancha cerca de Jamaica. Al acercarse, los tripulantes amarraron el cargamento de coca a los motores y lanzaron todo al mar. No hubo incautaciones ese día, pero sí capturas: cuatro hombres. Entre ellos uno que Estados Unidos llama “DC9″, quien llevaba trabajando con el Señor T por más de 20 años. “El DC9 señaló que Del Río Jiménez vende la mayor parte de su cocaína a traficantes mexicanos, pero contrabandea una parte de su cocaína para venderla a Canadá y los Estados Unidos de América”. Ese testimonio fue determinante.
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Además, según el expediente, “DC9″ dio otros datos esenciales: “Señaló que Del Río Jiménez le(s) paga a jueces y a agentes del orden público para hacer desaparecer investigaciones o cargos, y para identificar a cualquier persona dispuesta a cooperar con las autoridades del orden público contra (él)”. Contó que, en 2019, el Señor T pagó US$4 millones por información sobre la investigación que, ya había sido enterado, abrió Estados Unidos en su contra. Contó también que la pérdida del cargamento en la lancha interceptada en abril de 2017 llevó a que Del Río secuestrara a su socio, Alfonso Torres Alzate, y que fue él (”DC9″) quien lo ayudó en esa tarea. Lo mantuvo retenido por un día.
Así las cosas, con el expediente en mano y su identidad comprobada, la Corte Suprema aprobó la extradición de este narco colombiano, quien, según las autoridades colombianas han podido rastrear, lleva más de tres décadas en este negocio ilegal. La Procuraduría avaló la solicitud de Estados Unidos también. El Ministerio Público “consideró cumplidos los requisitos exigidos en el procedimiento penal para emitir concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano Luis Arnobio del Río Jiménez”. La Corte, aunque dejó algunos requerimientos para Estados Unidos en su aprobación, siguió el mismo camino.
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La defensa de Del Río esgrimió varios argumentos para tratar de evitar que el destino del Señor T sea una cárcel estadounidense. Para empezar, le pidió a la Fiscalía que verificara si no había nada en la Jurisdicción Especial para la Paz sobre Del Río por los mismos hechos. Alegó, también, que Del Río “padece de episodios depresivos que deben ser tratados farmacológicamente y con seguimiento de psiquiatría. Además, es hipertenso, tiene un nódulo pulmonar y sufre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica E.P.O.C., por la cual debe recibir oxígeno todas las noches y recibir controles de seguimiento constante”.
Su historia clínica tenía que ver con que, según el abogado de Del Río, “Estados Unidos es uno de los países con mayor índice de contagio y menores esfuerzos para contener y prevenir la propagación del COVID19. De manera que no existen garantías reales para evitar el contagio del requerido si es favorable su entrega al país requirente, en especial, porque sus condiciones de salud propician la inoculación. Por consiguiente, solicita se emita concepto desfavorable para la extradición por estas consideraciones de carácter humanitario”. Pidió para su defendido audiencias virtuales, una fianza y vigilancia electrónica, todo con tal de que el Señor T no fuera sometido “a la angustia de resultar contagiad(o) en un país extranjero y en soledad”.
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Por esa razón, en sus requerimientos, la Corte Suprema pidió al Gobierno que, si da luz verde al traslado de Del Río a EE.UU., se comprometa a “a brindarle la atención y asistencia médica que requiera mientras esté en reclusión, de acuerdo a su estado de salud, y a facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana con posterioridad a su liberación una vez cumpla, de resultar condenado por los hechos por los que procede la presente extradición, la pena allí impuesta”. Este asunto está ahora en manos del Gobierno, que tiene la última palabra para aceptar o rechazar la solicitud de extradición de Del Río, un socio oculto de Pablo Escobar.
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