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Fueron necesarias grabaciones legales, interceptaciones y una investigación de la DEA para desenmarañar las supuestas actividades ilícitas de Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la actual senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba. El hombre, quien es requerido por una corte de Estados Unidos, está a una firma del presidente Gustavo Petro de pisar territorio norteamericano. Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición y, en el documento en el que condensó sus consideraciones para tomar la decisión, quedaron en evidencia las pruebas que tienen las autoridades de estadounidenses con las que pretenden probar los nexos de Córdoba con las disidencias de las Farc.
Además de investigarlo por esos presuntos vínculos ilegales, la DEA presentó evidencia de que Córdoba Ruiz habría estado involucrado en una red criminal que movió droga entre Colombia, México y Estados Unidos. En grabaciones de reuniones presenciales e interceptaciones de llamadas quedaron datos de cómo se concretó el negocio y el papel que habrían jugado las disidencias de las Farc. El agente de la DEA, Mathew S. Passmore, en una declaración jurada ante la justicia norteamericana, señaló que todo arrancó cuando sus hombres interceptaron una videoconferencia en la que una persona, que llamaron CS-1, le dijo a Córdoba que estaba buscando ayuda para trabajar en Colombia.
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La reunión ocurrió en julio de 2021. CS-1 expresó que él y sus socios no era de ningún cartel mexicano en particular, sino que “pagaba una cuota para poder trabajar” y que estaba buscando un lugar en Colombia donde pudiera trabajar libremente y con la tranquilidad de estar protegido. La persona, cuya identidad no reveló la DEA, agregó un dato no menos importante: “CS-1 hacía pagos al gobierno mexicano a cambio de su protección y que CS-1 pagaba plazas en México para poder usarlas para hacer el trabajo”. Pese a la gravedad de vincular al gobierno mexicano, el documento no aclara más detalles de cuál sería esa relación con el persona sin identificar.
Para agosto de 2021, se concretó una de varias reuniones que quedó grabada legalmente. CS-1 expresó su satisfacción sobre la intención de empezar a mover kilos de coca hacía México, y que tendrían como destino final Nueva York. En esa reunión, Córdoba y los demás presentes hablaron de mover alrededor de 3.000 kilos de droga al mes y de suministrar seguridad y transporte de la mercancía, sin que las autoridades se percataran de la manera en la que se empezaba a mover la red de la que habría hecho parte Córdoba Ruiz. Para diciembre de ese año, el negocio marchaba a buen ritmo y el hermano de Piedad Córdoba le confirmó al hombre sin identificar que la primera muestra de cocaína estaba lista.
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En cuestión de días, CS-1 viajó a Medellín y durante las reuniones que sostuvieron Córdoba y sus socios, el nombre de las disidencias salió al ruedo. “Córdoba Ruiz declaró que, en el campamento de las Farc, donde se encontraba el comandante de las Farc, había al menos 300 hombres armados hasta los dientes, incluso con armas para derribar objetos (una referencia aparente a misiles tierra-aire). Córdoba explicó que el campamento de las Farc estaba en Popayán”, señaló el agente de la DEA en su declaración jurada. Los indicios de que el grupo armado ilegal podía ayudarles a proteger el alijo de cocaína fue respaldado por el ofrecimiento que hizo Córdoba de llevar a CS-1 y su gente hasta el campamento.
Después de esa reunión, que ocurrió el 17 de diciembre de 2021, CS-1 y sus contactos colombianos viajaron dos horas por una carretera de Medellín hasta una finca en donde los esperaba un hombre que le entregó a la persona sin identificar cinco gramos de cocaína. Todos esos movimientos fueron rastreados por la DEA y autoridades colombianas quienes, de regreso a la ciudad, los estaban esperando. De regreso a la ciudad, y como parte de la operación, “CS-1 hizo arreglos para reunirse con un agente del orden público encubierto que se hacía pasar por socio de CS-1. Cuando llegó el agente, le entregó una bolsa que contenía $15.000 dólares estadounidenses”, explicó el agente de la DEA.
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Según su relato, el mismo Córdoba Ruiz contó el dinero y le ayudó al agente encubierto a transferir los cinco kilogramos de cocaína a otra bolsa. Reuniones similares ocurrieron entre diciembre de 2021 y enero de 2022, en donde además, dice la DEA, quedó claro que Córdoba tenía todo cuadrado con las disidencia. Según lo que el hermano de Piedad Córdoba habría expresado en reuniones, es que estos grupos “serían la fuente de suministro para la transacción de drogas en consideración”. Pero la participación de las disidencias no habría sido solamente para temas de seguridad. Según el documento, también habrían estado dispuestas a poner la droga y sus tentáculos no solo tendrían poder en Colombia.
“Durante una reunión grabada legalmente, uno de los ciudadanos colombianos le dijo a la CS-1 que había hablado directamente con miembros de las Farc y sobre su fuente de cocaína. Le dijeron a CS-1 que las Farc tenían rutas y camiones que podían ser utilizados para transportar la cocaína, así como recursos en México. Se esperaba que las Farc brindaran protección armada a los envíos de cocaína”, explicó la DEA. Con el tema de seguridad resuelto y CS-1 tranquilo con el blindaje de las disidencias, para febrero de este año, los socios se reunieron personalmente y concertaron el envío de cientos de kilos de cocaína a Estados Unidos. Ese mismo mes, Álvaro Córdoba fue capturado en Medellín.
Al cierre de esta edición, la senadora Córdoba no se había pronunciado sobre la decisión de la Corte Suprema. Sin embargo, apenas se supo la noticia de la captura de Álvaro Córdoba, su hermana aseguró que todo se trataba de un montaje. “Basta de persecución política contra mí y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial”, escribió Córdoba en su cuenta de Twitter, donde además aseguró que ya denunció ante la Comisión de la Verdad sucesivos montajes en su contra. “Esta nueva agresión por mi retorno a la política no me va a amilanar cómo no lo han hecho las anteriores”, añadió.
Aunque el abogado del hermano de la senadora ya dijo que pondrá una tutela para frenar la orden de la Corte Suprema, el caso ahora pasa a firmas en la Presidencia. El jefe de Estado, quien mantuvo una cercanía durante años con la senadora Piedad Córdoba, tomó distancia de ella, al menos desde las elecciones al Congreso de este año, cuando le pidió que diera un paso al costado tras ser retenida en Honduras, con US$68.000 dólares que pretendía sacar del país. La última palabra la tiene el presidente Gustavo Petro, quien deberá firmar su extradición o dejar en Colombia al hermano de quien fuera, hasta hace poco, una de las senadoras más importantes del partido de gobierno.
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