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Durante el primer semestre de 2014, el apartamento en Montería del detenido exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons fue el escenario de una reunión que hoy está bajo la lupa de la justicia y revelaría un capítulo poco abordado en la historia de corrupción del departamento. Los protagonistas de ese encuentro fueron, según un testimonio en poder de la Corte Suprema de Justicia, el entonces gobernador Lyons, el exsenador Musa Besaile, preso por parapolítica y corrupción, y la joven promesa de la política cordobesa, Sara Piedrahíta Lyons, exrepresentante a la Cámara y prima del mandatario departamental. Según el testimonio, la entonces candidata le agradeció a su primo y le dijo, textualmente, que estaba allí para recoger “lo ultimito” para pagar deudas de su campaña.
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En una tula negra, dice el testimonio, la excongresista empacó $600 millones que había sacado Alejandro Lyons de otra maleta. Todo ocurrió en presencia del testigo: Musa Besaile, quien agregó que él mismo recibió un pago de $350 millones que salieron de la misma maleta del gobernador de Córdoba.
El relato del encuentro forma parte de las pruebas de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en contra de Sara Piedrahíta y que condensó en la acusación en su contra. Con ponencia del magistrado Marco Antonio Rueda, el alto tribunal asegura tener pruebas para llevarla a juicio por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, situación que ella ha negado desde que fue vinculada a la investigación en octubre de 2021.
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El Espectador conoció las 227 páginas de esa acusación, en donde además de la declaración de Besaile, hay decenas de pruebas de cómo la joven política habría ingresado a su campaña dinero producto de la corrupción que se tomó la Gobernación de Córdoba durante la administración de su primo Alejandro Lyons. El expediente de la excongresista bien podría ser una radiografía de la política en una región de caciques electorales y de cómo la corrupción llegó hasta el punto de quitarles dinero a enfermos que padecen hemofilia. Además de ser testigo directo de la supuesta entrega del dinero entre primos, Musa Besaile le relató a la Corte Suprema pormenores de los movimientos electorales que se vivían meses antes de las elecciones parlamentarias de 2014.
Según su versión, Alejandro Lyons llegó a la Gobernación del departamento en 2012, pues “el poder político de Córdoba aceptó apoyarlo con la promesa de que no haría partido político aparte” y que no apoyaría a ningún candidato al Congreso. Sin embargo, relata Musa, Lyons incumplió la promesa. Aunque para la Corte no es clara la fecha exacta en la que el gobernador decidió darle el aval a su prima Sara Piedrahíta -todo en secreto, pues un funcionario público no puede hacer política-, de lo que no hay duda es que el apoyo sí se dio. Musa Besaile les relató a los investigadores que, previo a la reunión en el apartamento del exgobernador, ambos coincidieron en un restaurante y Lyons mismo le confesó que estaba muy contento con la elección de su prima.
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Según el testigo, como Sara Piedrahíta apareció tarde en la contienda electoral, hacia finales de 2013, es decir, unos cuantos meses antes de las elecciones, Lyons le contó a Besaile que había tenido que hacer “locuras”, pues el costo de la campaña había ascendido a $11 mil millones. En esa misma reunión, el gobernador reveló el andamiaje criminal y le reconoció a Besaile que había tenido que recurrir a contratistas de la Gobernación, entre ellos uno de los empresarios que es investigado por haber desviado dinero público que debía utilizarse para costear tratamientos médicos de enfermos de hemofilia. Después de la reunión del restaurante, y como Lyons no cumplió con su palabra, el gobernador quiso tener un “detalle” con Besaile.
Por eso, dice el testigo, el gobernador terminó dándole $350 millones. La versión de Besaile coincide, según la Corte Suprema, con el testimonio que rindió otro de los protagonistas del escándalo de corrupción del cartel de la hemofilia: el abogado Leonardo Pinilla, también conocido en estos entramados corruptos con el alias de Porcino.
Según la cronología de las pruebas que ha recopilado el alto tribunal, fue él la primera persona que dio detalles de la entrada de dinero de corrupción a la campaña de Sara Piedrahíta en una declaración que le dio a la Fiscalía en 2017. Como se sabe, el jurista terminó en líos con la justicia porque acompañó al exfiscal Luis Gustavo Moreno cuando viajó a Miami a recibir un soborno de parte de Alejandro Lyons.
Ese encuentro se configuró finalmente en el abrebocas de lo que conocemos como el cartel de la toga, en el que un entramado criminal de fiscales y magistrados recibieron dinero de congresistas o políticos, como Lyons, para frenar investigaciones penales.
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Como parte de su colaboración con la justicia, Pinilla contó que tenía información privilegiada, pues había sido abogado de Guillermo Pérez Ardila, uno de los empresarios que prestó su IPS para cobrar a la Gobernación de Córdoba procesos médicos falsos y quedarse finalmente con ese dinero. Alias Porcino lo dijo así de claro: “A la prima de Alejandro Lyons se le dieron $1.500 millones del tema de hemofilia; $400 millones que se fueron a Ana Lucía Madrid, otra candidata que declina para darle esa votación a Sara”.
Pinilla le confirmó a la Corte Suprema todo lo que ya le había dicho a la Fiscalía en 2017. Y agregó: “Como he dicho, a Sara no la conocía nadie. Una mujer de 25 años, ingeniera, que venía de ser reina de belleza y sacó la votación más alta del partido (el Partido de la U)”. Según datos de la Registraduría, Piedrahíta consiguió 114.478 votos, casi el doble de lo que consiguió su fórmula en el Senado, Martín Morales Diz, condenado en junio de 2018 a 25 años de prisión por nexos con grupos paramilitares y narcotráfico.
Con los testimonios de Musa Besaile y Leonardo Pinilla, el alto tribunal siguió su labor investigativa y se enfocó en estudiar las finanzas de la campaña de la excongresista, que ha insistido en que su éxito en las elecciones fue por mérito propio.
En versión libre, Piedrahíta sostuvo que asumió la candidatura en 2014 “como un reto personal, puesto que era mujer y una persona joven para ese cargo, aunado a que la política le parecía un campo profesional ‘apasionante’”, explicó la Corte en la acusación. Eso sí, aclaró que su primo Alejandro Lyons nunca le pidió que se uniera a la U y que le ayudó el hecho de que su principal tema de campaña fue la urgencia de mejorar la prestación del servicio público de energía en un contexto en el que Electricaribe pasaba por sus peores momentos.
Como Piedrahíta había pasado por el mundo financiero antes de su lanzamiento en el mundo político, el alto tribunal esperaba encontrar sus cuentas claras. Pero sus hallazgos mostraron todo lo contrario.
El entramado financiero
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema les pidió a sus investigadores que hicieran estudios de la trazabilidad del dinero que entró a la campaña de Sara Piedrahíta en 2014. Fue así como empezaron a darse cuenta de que algo andaba mal. En primer lugar, informes de Policía Judicial dieron cuenta de que todas las donaciones que recibió la excongresista se hicieron en dinero en efectivo. Si bien no hay ninguna irregularidad en el hecho de entregar la plata en billetes, a la Corte sí le llamó la atención, “sobre todo tratándose de una campaña que se imputa fue financiada con dineros de procedencia ilícita. Absolutamente todos los 27 donantes y prestamistas decidieron realizar donaciones y desembolsar los créditos de esa forma”.
Con un dato adicional: así como todo el dinero se recibió en efectivo, todos los pagos se hicieron de igual manera. Incluyendo un pago de $84 millones por servicios de transporte. Se reiteró en la acusación que el hecho de que toda la plata se moviera en efectivo sirvió para que hoy en día sea imposible hacerles la trazabilidad a esos dineros. Por eso, la Corte hace una delicada comparación: “Esa misma ‘dinámica’ fue la que, valga enfatizar, se empleaba también para el manejo de los recursos en el desfalco conocido como el cartel de la hemofilia”. Para entender más a fondo la decisión de solo manjar efectivo, el alto tribunal le preguntó a Piedrahíta si había realizado algún presupuesto o plan estratégico para el manejo del dinero.
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Sobre todo, dice la acusación, porque la congresista había trabajado en el sector bancario y financiero. “La aforada, de manera evasiva, dejó entrever que no había realizado nada similar; por el contrario, aseveró que su estrategia consistió en recurrir a los ‘familiares y amigos’ en procura de respaldos”.
La explicación de Piedrahíta terminó de complicarla todavía más. Los investigadores revisaron la capacidad de adquisición de cada donante y la historia no cuadró en la mayoría de ellos. Por ejemplo, porque varios de los aportantes, según se lo reconocieron a la propia Corte, no tenían una relación directa o personal con la procesada.
Uno de los ejemplos es el de Róbinson Molina Jalal. Según los reportes financieros, el hombre hizo una donación de $15 millones, no conocía a Sara Piedrahíta y nunca había donado antes a una campaña política. Además, un informe de Policía Judicial determinó que ya estaba jubilado, y recibía una mesada de más o menos $6 millones.
Para la Sala, no “resulta comprensible que una persona mayor, esto es, en el ocaso de la vida productiva, que cuenta con esa suma con carácter de ingreso principal para el sostenimiento propio y del núcleo familiar, decida efectuar un aporte de dicho talante, máxime que, como también lo aceptó, no tenía siquiera una relación cercana con Sara Piedrahíta”.
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