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Por primera vez en su historia, la Corte Suprema de Justicia no dio luz verde a la extradición de una persona buscada por las autoridades venezolanas. Se trata de Gabriel José Carrillo Delgado, quien tiene una circular roja de Interpol por el presunto delito de homicidio intencional. El concepto de la Sala Penal señaló que, en realidad, el país vecino no lo estaría buscando por un delito, sino por ser opositor político del chavismo.
Carrillo Delgado, según consta en los documentos allegados a la Corte, milita desde el 10 de junio de 2014 en el partido político Voluntad Popular, fundado por el líder opositor del chavismo Leopoldo López. El 12 de junio de 2016, el hombre fue detenido en Venezuela en el marco de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), una estrategia de seguridad del entonces gobierno que, supuestamente, tenía como finalidad combatir la delincuencia.
Según el acta policial, la captura de Carrillo Delgado se produjo luego de ser considerado como un “objetivo de interés estratégico”, debido a su “militancia en Voluntad Popular” y con el propósito de verificar su estatus dentro de los “perfiles de monitoreo de inteligencia militar” por su “activismo político”.
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El opositor fue liberado tras un interrogatorio militar, en el que las propias autoridades venezolanas señalaron que no existía ninguna investigación penal abierta en su contra ante el Ministerio Público, entidad encargada de investigar los delitos y ejercer la acción penal en Venezuela.
Sin embargo, el 1 de abril de 2016, la ciudadana Carmen Palmar denunció la desaparición de su hijo, Xavier Otto Palmar Palmar, de quien no se sabía nada desde el 28 de marzo de ese año. Las autoridades venezolanas basaron su caso contra Carrillo Delgado en la entrevista con el ciudadano Kenny José Barrios Troconiz, quien señaló, en su momento, que el opositor político habría sido cómplice del asesinato de Palmar Palmar.
En esa línea, según la entrevista, Carrillo Delgado y su hermano Germán habrían enterrado el cuerpo de Palmar Palmar en una vivienda de la ciudad de Maracaibo. Las autoridades reportaron el hallazgo de restos óseos humanos en dicho lugar. Con base en ello, el 1 de abril de 2017, el Tribunal Duodécimo Penal del Estado Zulia emitió una orden de aprehensión contra Carrillo Delgado por el delito de “homicidio intencional”.
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Según detalló la Corte Suprema de Justicia en su concepto, existen anomalías en la documentación enviada por las autoridades venezolanas. Por ejemplo, el acta de la entrevista a Kenny Barrios está fechada el 24 de marzo de 2016, cuatro días antes de la supuesta desaparición de Palmar Palmar, ocho días antes de la denuncia que dio apertura a la investigación y ocho meses antes del oficio de la Fiscalía que ordenaba la entrevista policial.
Además, el 9 de febrero de 2026, Kenny Barrios declaró ante un notario público en los Estados Unidos, país en el que se retractó de todas sus declaraciones previas. El hombre denunció que fue retenido por agentes policiales venezolanos sin orden judicial, encerrado y amenazado con ser procesado como cómplice si no firmaba un relato falso.
Carrillo Delgado fue capturado por la Policía Nacional de Colombia en Santa Marta (Magdalena) el 16 de septiembre de 2025, debido a una circular roja de Interpol que había en su contra. El opositor solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado ante la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado de la Cancillería de Colombia (Conare), trámite que fue admitido el 6 de mayo de 2026 y que, según detalló la Corte, continúa en curso de forma independiente.
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La Embajada de Venezuela formalizó la solicitud de extradición el 27 de noviembre de 2025 y el Ministerio de Justicia remitió el expediente a la Corte Suprema el 12 de diciembre de ese mismo año. En su decisión, la Sala de Casación Penal, con ponencia del magistrado Hugo Quintero Bernate, emitió concepto desfavorable a la extradición de Carrillo Delgado. Según determinó la Corte, bajo la apariencia de un delito común, como el homicidio intencional, se configuraría una hipótesis de persecución política disfrazada.
Por ahora, está en manos del Gobierno Nacional, ahora liderado por Abelardo de la Espriella, determinar si Carrillo Delgado quedará finalmente bajo la protección del Estado en calidad de refugiado.
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