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Crisis de la coca, rutas del narcotráfico, minería ilegal, control territorial, operaciones de las autoridades, ataques a militares y civiles afectados. Esos son algunos de los factores de la crisis que se vive en la zona limítrofe entre Colombia y Ecuador. Un conflicto orquestado, principalmente, por los Comandos de Frontera, un grupo disidente del Acuerdo de Paz de 2016, con importante incidencia en los departamentos de Nariño y Putumayo.
El mismo que ha sido señalado como el responsable de la muerte de 11 militares ecuatorianos durante un operativo, el pasado 9 de mayo. La razón: proteger las áreas en las que dominan la explotación ilegal de oro, un problema que tiene de trasfondo la crisis de la coca que se vive en la región desde 2022.
Primero, lo más reciente. En la tarde del 15 de mayo, las autoridades ecuatorianas confirmaron la muerte de un presunto integrante de los Comandos de Frontera y la captura de tres hombres más, durante un operativo en San Marcos, población de la provincia de Orellana, una zona cerca a las fronteras de Colombia y Perú.
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Allí mismo ocurrió la emboscada en contra de las Fuerzas Armadas de Ecuador, en la que murieron 11 militares la semana pasada. Los uniformados fueron atacados cuando adelantaban controles a la minería ilegal en una zona en la que, incluso para autoridades y expertos en conflicto, es difícil saber con certeza cuáles son los grupos al margen de la ley que dominan el territorio y las economías ilícitas.
Tras ese ataque, el gobierno de Ecuador desplegó un operativo militar con objetivo claro: enfrentar a las disidencias de las Farc que se campean por la región amazónica entre Colombia y Ecuador. Son 1.500 los uniformados enviados para “localizar y neutralizar al grupo criminal”, como señaló el Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador, por medio de un comunicado.
Una ofensiva que se enmarca en la decisión del reelecto presidente, Daniel Noboa, de incluir a Comandos de Frontera, al Frente Oliver Sinisterra y a Comuneros del Sur en la lista de grupos armados transnacionales que actúan dentro del estado de conflicto armado interno declarado por su gobierno, el 9 de enero de 2024.
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Intereses territoriales
La crisis de violencia en la frontera, agudizada durante el último mes del lado colombiano, va más allá de las ofensivas militares de Colombia, y ahora también de Ecuador, en los departamentos de Putumayo y Nariño, y la provincia de Orellana. Andrés Cajiao y Paula Tobo, investigadores de la Fundación Ideas para la Paz, le explicaron a El Espectador que parte de lo que sucede hoy tiene su origen en la crisis de la coca que inició hacia finales de 2022, en Putumayo.
Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) los cultivos de coca en ese departamento crecieron un 70% en 2022; pero en 2023 el crecimiento se redujo al 5%. Este comportamiento afectó las finanzas ilegales del Frente Carolina Ramírez de las disidencias y de los Comandos de Frontera, principales controladores del negocio.
Ante el coletazo de la crisis de la coca para los grupos armados, Comandos de Frontera echó mano de la minería ilegal de oro, una actividad que ha servido como salvavidas financiero para la guerrilla, en momentos en los que a otros de sus negocios no les va bien.
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“Con la crisis de la coca se dio un paso adelante en la relación entre narcotráfico y minería ilegal. Los grupos armados buscaron otro tipo de economías y se metieron de manera más fuerte en la minería”, explicó Andrés Cajiao. Una actividad que no se limita a la extracción ilícita de minerales, sino que implica ejercer una dinámica de control territorial, apoyada en extorsiones, incentivos a la explotación ilícita y financiación de la extracción ilegal de oro.
Esa estrategia les ha dado resultado a los Comandos de Frontera y, durante los últimos años, ha permitido que su financiación ilegal se mantenga a flote. Las cifras lo corroboran. Según la Gobernación del Putumayo, cerca del 90% de la actividad minera del departamento es ilegal y se hace en las cuencas de los ríos Putumayo y Caquetá, donde hay un importante control territorial de los grupos armados que se hacen a las rentas de esa actividad.
A esto se suma, como lo señaló Andrés Cajiao, que el oro es un negocio “en teoría, legal”. Por eso, blanquear en el mercado el mineral explotado bajo la sombrilla de los grupos armados, incluso con su patrocinio, es más fácil y rentable que gestionar un cargamento de cocaína, apunta el experto.
Otro hecho que demuestra el interés de Comandos de Frontera en mantener el control en la zona limítrofe entre Colombia y Ecuador son los enfrentamientos del pasado 2 de abril, contra otra organización que, según las autoridades, serían Los Choneros, un grupo de crimen transnacional ecuatoriano con influencia en la frontera.
Los enfrentamientos empezaron en Nariño y afectaron a los habitantes de los consejos comunitarios Nueva Esperanza, Nuevo Renacer, Liberación y Futuro. También a los pueblos indígenas Nasa, Awá, Inga y Kofán. La situación se extendió hasta la frontera con Putumayo, donde la Defensoría del Pueblo reportó dos civiles muertos, ocho desaparecidos y al menos 189 desplazados.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, le dijo a este diario que la solución es aprovechar la relación diplomática y adelantar operativos conjuntos. “A ellos (Comandos de Frontera) no les interesa si están en Ecuador o en Colombia, lo que les interesa es el crimen. Allí convergen el narcotráfico y la minería. Eso es un atractivo, un imán que atrae a cualquier organización internacional”, agregó.
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Para Paula Tobo, de la FIP, incluso con operativos, no será una situación fácil de detener: “El mensaje de los grupos armados ha sido claro: si nos llega a pasar algo, nos vamos a defender”. No es un panorama lejano. Ante las acciones de la Fuerza Pública, los grupos ilegales están reaccionando con sangre y fuego, no solo en la frontera con Ecuador, también en el resto del país, por donde se extienden los corredores de sus negocios ilícitos.
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Por Gustavo Montes Arias
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