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El fracaso del sistema carcelario del país es un hecho que ni el propio ministro de Justicia, Néstor Osuna, se atreve a negar. Por eso mismo, una reforma a las leyes que lo han llevado a su ruina resulta una apuesta titánica. Aun más teniendo en cuenta que la fórmula que propone el Gobierno está basada en una nueva base para la política carcelaria: la justicia restaurativa, y en humanizar las cárceles para tratar de combatir uno de los peores males que sufren quienes salen de ellas: la reincidencia. En diálogo con El Espectador, el líder de la cartera ministerial que trabaja en reformar el sistema penitenciario explicó con detalles la fórmula que propone el gobierno de Gustavo Petro. También dio detalles de lo que piensa proponer el Ejecutivo en tema de drogas.
Hablemos del proyecto de ley que podría cambiar el Código Penal y reformar el sistema penitenciario. ¿Cómo afrontar el rechazo de la sociedad que lo ve como un mecanismo para fortalecer la impunidad?
Creo que hay rechazos en unos sectores de la sociedad y en otros no. También me han dicho que el proyecto se queda corto. Pero para quienes les suscita rechazo, les haría un llamado a la reflexión en el sentido de que el sistema penitenciario actual es un rotundo fracaso. Si lo mantenemos sin reformas, ahí sí que estamos condenados a fracasar. No brinda sensación de seguridad, no disminuye la criminalidad, no resocializa y no cumple ninguna de las funciones que debe tener como sistema. Esta reforma lo que busca es disminuir significativamente, ojalá erradicar, los índices de reincidencia. Queremos que una persona que cometió un delito y que pasó por una cárcel muy probablemente no vuelva a cometer delitos.
¿Cómo lograr eso?
Apuntándoles fuertemente a la resocialización y a la justicia restaurativa. Necesitamos que el período de la cárcel le sirva a la persona para aprender un oficio que antes no sabía. Si conectamos eso, con que salga con un trabajo, al convencer a empresarios de que allí hay la posibilidad de una mano de obra, y aparte logramos que el prisionero indemnice y repara adecuadamente a la víctima, eso es mucho mejor que tener a una persona mucho tiempo en una cárcel.
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El norte del cambio en el Código Penal es la justicia restaurativa. Deles un ejemplo a los lectores.
La justicia restaurativa tiene la característica de que no tiene marcada en la ley el cómo se repara. Implica un esfuerzo de mediación, de conciliación. La víctima puede decir que jamás perdonará una conducta. Pero con este nuevo modelo se le puede invitar a dialogar. Decirle: ¿y qué tal si hay una oferta como una compensación económica? ¿Y si el agresor realiza un trabajo de utilidad pública que pueda resolverle algún problema? Y, en muchos casos, se puede llegar a acuerdos en los que la víctima diga que es mucho mejor que simplemente tener a alguien en la cárcel y quedarse sin recibir nada.
Imagínense que una persona que me estafó luego terminó indemnizándome y también trabajó seis meses en reparar el parque de mi barrio. Y aparte hizo un curso de prácticas empresariales para no volver a incurrir en estafa. Eso puede ser más reconstructivo para la sociedad. De todas maneras la cárcel se mantiene. Solo que a medida que ocurren estos fenómenos de reparación y de reconciliación el período de privación de la libertad va disminuyendo.
Y si por un momento nos alejamos de la academia y nos ponemos en la posición de una víctima y un victimario común. ¿Cómo podríamos restaurar, por ejemplo, un delito violento o sexual?
Los delitos sexuales con menores de edad, de hecho, los tenemos excluidos de los beneficios. Sabemos que es muy difícil proponerlo. Pero le pongo el ejemplo de unos jóvenes de 20 años que violentamente asaltan a una persona mayor que acaba de reclamar su pensión en el banco. Lo agreden, lo tumban en la calle y le causan unas lesiones. La víctima termina en la clínica un par de días. Y quizá lo hicieron porque querían comprar bazuco. En la solución actual es hurto con violencia agravada y van a pasar 10 años en la cárcel. Y luego de eso, infortunadamente, van a ser unos profesionales en el delito.
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¿Y qué solución entonces plantea su modelo?
Proponemos lo siguiente: ¿qué tal si le decimos a la persona pensionada que vamos a obligar a este par de jóvenes que le devuelvan lo que le robaron? Pero, además, que se comprometan a acompañar a otras personas adultas a hacer diligencias con vigilancia del Estado. Que aprendan lo que es ser mayor, el miedo de tener plata a la mano. Que desarrollen una actividad en beneficio de la sociedad. Que atiendan durante cuatro meses labores de una biblioteca. Y que pidan perdón. Y eso hace que ya no pasen 10 años en la cárcel, sino de pronto cinco. Esa es la idea de la justicia restaurativa. Que se comprometan con esa serie de procesos para acortar su pena. Quiero contarles que nos propusieron una rebaja general de penas, pero nosotros no lo contemplamos. Queremos que las rebajas sean premios por las actividades restaurativas. No rebajar por rebajar.
Cada vez que se habla de los cambios que se están proponiendo desde el Ministerio la polémica no se hace esperar, pero muchas veces está basada en una interpretación mal hecha del proyecto. ¿Cuál es la peor mentira que ha escuchado?
Una cosa que no sé de dónde salió es que el proyecto de ley es para que los presos salgan a trabajar de día y vuelvan por la noche. Eso, para los que no sabían, está vigente desde hace 20 años. La ley vigente dice que las personas condenadas, cuando hayan cumplido las 4/5 partes de la pena, pueden salir a trabajar de día y vuelven a pasar la noche en la cárcel. Entonces, a nosotros se nos ocurrió que era interesante proponer una modificación y no dejarlo en las 4/5 partes, sino decir: para unos delitos es excluido, para otros altamente restringido y que la regla general sería del 50 % de la pena, y no de 4/5 del tiempo en prisión. La semana pasada surgió una mala interpretación, y no me atrevería a decir que de buena fe.
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¿Cuál?
Me preguntaron que si una persona que sale de la cárcel a trabajar y vuelve de noche se podría pensionar. Respondí que cualquier colombiano que tenga las cotizaciones y la edad se pensiona. Le pongo el ejemplo mío, aunque no cometo delitos, ¿no? Ya completé las 1.300 semanas de cotización, pero no tengo la edad. Supongamos que me metieran preso, pues el día que cumpla 62 años comienzo a cobrar mi pensión. Es que el régimen penitenciario no anula el régimen de la pensión. Sigamos. Y si por ejemplo estoy en prisión domiciliaria y hago trabajo desde mi casa, cotizando seguridad social, pues por supuesto que cuando cumpla los requisitos me voy a pensionar.
Vi un titular que decía “Gobierno ofrece pensión por homicidio”. Eso no es buena fe. Yo mencioné que el régimen pensional de las personas privadas de la libertad sigue siendo el ordinario. Sin embargo, debo precisar que cuando las personas trabajan dentro de la cárcel, se firma un contrato de resocialización. Un convenio entre el Inpec y un empresario, válidos tanto en el sistema público como en el privado. La remuneración es modesta.
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Hablando de los permisos, ¿cómo van a garantizar el control de quienes salgan si hoy en día ni siquiera con las vigilancias electrónicas se ha podido lograr ese control? ¿Se necesitará más presupuesto?
Algo de presupuesto sí se va a necesitar. En esto mi respuesta es tecnológicamente atrasada porque, aunque en entrevistas pasadas dije que se fortalecerá el tema del brazalete electrónico, entendemos que hay sistemas mucho más sofisticados. Sé que en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) están pensando en nuevas tecnologías. Hay posibilidades, como teléfonos celulares, que cada determinado período le pide a la persona que se tome una foto y le ponga la huella, y con eso se sabe con precisión en qué lugar está. Esos sistemas, por supuesto, cuestan. Pero cuestan menos comparados con lo que vale la manutención mensual de las personas privadas de la libertad.
Veo que será muy probable que haya obras públicas, como carreteras, y los internos sean contratados ahí como mano de obra. Serán transportados en vehículos del Inpec y tendrán su dispositivo de seguimiento. Vemos que si la persona tiene un alto contacto con la sociedad podría haber recelo, mientras la sociedad se acostumbra a esa medida. En un supermercado o en una panadería seguramente no van a querer contratar a una persona que está presa y que vuelve por la noche. Comenzaremos con actividades laborales que no implican un gran contacto con la sociedad.
El tiempo sigue contando y el coronel Daniel Gutiérrez, encargado desde septiembre del Inpec, parece haberse afianzado en la dirección de la entidad. ¿Están cómodos con su presencia o recomendarían un profesional en ciencias sociales a cargo de materializar su proyecto de ley?
Las dos cosas son ciertas. El gobierno sigue buscando la posibilidad de que sea un civil criminólogo quien asuma la dirección del Inpec. Mientras tanto, a mí me pasa lo mismo que le está pasando a las organizaciones de derechos humanos. Estoy absolutamente satisfecho con la labor del coronel Gutiérrez. Creo que está transformando el Inpec. Por mí se vuelve una reforma que ya no tiene el grado de urgencia que tenía los primeros días del nuevo gobierno.
¿Han analizado la posibilidad de reformar el Inpec o la Uspec (la entidad que administra los recursos del sistema penitenciario)?
Esa es una situación que seguimos evaluando. Ya el gobierno tiene una candidata para asumir en propiedad la dirección de la Uspec, probablemente el primero de febrero se posesione. Con ella tendremos la posibilidad de una reforma a todas esas dinámicas de contratación. Trataremos de que haya una articulación cierta con el Inpec. Todos sabemos los problemas que ha tenido históricamente la Uspec, pero la falta de articulación es gravísima. El Inpec dice que necesita colchones y la Uspec le manda comida. Y cuando necesita comida, les manda candados.
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La extinta Dirección Nacional de Prisiones estaba muy acusada de corrupción. Fue entonces cuando se pensó en separar el manejo del sistema penitenciario entre dos instituciones. Dijeron: dejemos al Inpec con la guardia penitenciaria y que no maneje plata, para evitar la corrupción. Y los que manejan la contratación sea una unidad que no vea a los presos. Yo creo que no salió bien. Yo no puedo asegurar que los reunifiquemos de nuevo, pero sí se necesita una transformación.
Pasemos a otro tema. A la fecha, con la aprobación del Ministerio de Justicia, son 17 los elegidos como voceros de paz del gobierno Petro. Sin embargo, aunque cuatro ya están en libertad, se desconoce por completo sus funciones concretas.
Tenemos el caso de un muchacho que salió y que primero requiere una temporada en familia. Es decir, volver a estar en casa durante unos días. Es un muchacho que había sido admitido, antes de que lo metieran preso, en la Universidad Industrial de Bucaramanga. Salió tan aterrado que no ha querido salir de su casa. Con respecto a la pregunta, las funciones comenzarán a ser coordinadas por la Cruz Roja colombiana, que se incorporó al programa desde la semana pasada. Tenemos la intención de contar también con la fundación Acción Interna, de Johana Bahamón.
Las funciones dependen del entorno de cada persona. Hay unos que son líderes campesinos de la región del Cauca, que desempeñarán funciones en los conflictos por la tenencia y la propiedad de la tierra. Ayudarán a labores de convivencia. Para los que están en Bogotá, por ejemplo, si tenemos un problema de pandillas y ellos pueden tener incidencia, allí desempeñarán las tareas. Las actividades dependen caso por caso y serán establecidas por el Alto Comisionado para la Paz.
¿Cuántos voceros de paz podrían ser libertados en 2023?
No lo sé. El Comité Intersectorial (que entrega los perfiles a la presidencia) ha sido muy cauteloso de partir de la idea de necesidades y luego sí buscar candidatos. El ejemplo que tengo más en la cabeza es el de convivencia entre indígenas, afro y campesinos en el norte del Cauca. Ahí nos puede servir una labor de vocería. Hemos preferido que las personas no estén condenadas y si están imputados, que los delitos no sean los que tienen mayor alarma social. No sabremos con precisión cuantos más vamos a solicitar. Depende de las necesidades.
Sabemos que el expresidente Duque entregó el país con niveles de cultivos de coca nunca vistos, ¿cuál es la apuesta de este Gobierno para no seguir rajándonos? El anterior gobierno se había fijado objetivos en términos de bajar el número de hectáreas de coca.
Nuestra meta va por otro lado. Nuestra meta es salvar vidas. Proteger al campesino cultivador que se ve inmerso en un mundo de violencia y mafias. Salvar vidas de consumidores, que están dentro y fuera de Colombia. Bajo esa perspectiva, el enfoque policivo y punitivo va exclusivamente hacia la cocaína y a los productos económicos de ella, como el lavado de activos, y no tanto a la hoja de coca. Ese es nuestro cambio. Se perseguirá penalmente a los que venden y trafican cocaína. Sabemos que hay usos lícitos de esa hoja, como cosméticos, textiles e industriales, que se pueden potenciar.
Pero también es cierto que si cultiva menos hoja de coca, pues evidentemente habrá menos cocaína. Si logramos que campesinos se involucren en programas que les darían títulos de propiedad de un terreno, cuya transición no implique desarraigo, bajo la condición de que en ese terreno propio no desarrollen actividades de cultivo ilícito, creemos que así es una forma más eficaz de desincentivar paulatinamente el cultivo de coca. Desde luego, vamos a continuar con las erradicaciones forzadas en los cultivos industriales. Esos predios que excedan una cierta unidad de producción, donde no haya viviendas y no haya otro tipo de cultivos. Eso lo consideramos un cultivo industrial, donde se hará erradicación forzosa manual. Eso le vamos a proponer al Consejo Nacional de Estupefacientes.
En su momento se habló de la despenalización de la cocaína. ¿Qué tan cerca está que suceda en este Gobierno?
En el corto plazo, de este Gobierno, no será realista un uso regulado de la cocaína. Para eso se requieren unos consensos mundiales que no están cerca. Incluso, considero que es difícil, pero más o menos posible, intentar un consenso para variar la regulación de cocaína con Estados Unidos. Pero con China y con Rusia lo veo muy lejano. La estrategia del Gobierno va a ser insistir en el discurso. El presidente Petro en los escenarios internacionales siempre va a reiterar la idea de que es una muy mala idea la prohibición del consumo de cocaína y que tenemos que avanzar en una regulación como la que existe para tantas otras sustancias que son nocivas para la salud, como el tabaco y el licor. Hasta que haya ese consenso nos atrevemos a dar el primer paso.
Con respecto a las otras drogas, naturales o sintéticas, ¿qué prepara el Gobierno?
En cuanto al cannabis, si el Congreso aprueba finalmente en segunda vuelta lo que aprobó en primera y se suprime de la Constitución la prohibición del consumo de cannabis, se abrirán las puertas para una actividad económica importante. No estoy pensando en exportar cannabis masivamente, porque ese mercado ya está ocupado, pero sí una actividad interna de consumo de uso adulto de cannabis de buena calidad, con suficiente información, que puede ser una solución económica para una buena cantidad de gente. Respecto de drogas sintéticas, nosotros tendríamos que enfocarnos en la política de salud pública frente al consumo. Intentar evitar consumo problemático, advertir de los problemas a la salud. No tengo noticias de que en Colombia se estén produciendo masivamente drogas sintéticas. La política será mucho más agresiva de salud pública para reducir el consumo.
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