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El exgobernador del Magdalena Trino Luna Correa fue admitido en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues en los últimos tres años ha venido contándole a esa justicia las alianzas entre paramilitares, poderes políticos y económicos que lo llevaron a él a la Gobernación y que permitieron el despliegue de las Autodefensas en el departamento. En sus declaraciones, reseñadas en una extensa decisión conocida por El Espectador, Luna ha hablado de otros políticos del Caribe y hasta del expresidente Álvaro Uribe, lo que llevó a la JEP a concluir: “los aportes ofrecidos por el señor Luna Correa podrían ayudar a esclarecer este capítulo de las relaciones entre empresarios y las Auc”.
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La entrada a la JEP, sin embargo, le exige que continúe colaborando y que profundice en sus aportes a la verdad del conflicto armado. Así, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas le enumeró 28 hechos sobre los que debe dar mayores detalles, para que la justicia pueda aclararlos. Entre ellos, por ejemplo, la Sala le pidió directamente: “Explicar claramente las razones por las que afirmó que las AUC le ayudaron al expresidente Álvaro Uribe a ser presidente y si tiene algún conocimiento directo de tal situación”. Luna también se despachó contra el dueño de Aviatur, Jean Claude Bessudo, confirmando los señalamientos que ha hecho El Canoso, y contra el hoy gobernador Carlos Caicedo, entonces rector de la UniMagdalena.
Sobre todos esos señalamientos hay mucho por esclarecer, por lo que la JEP pidió acceso a esos expedientes de cara a interrogar posteriormente al exgobernador Luna. Sin embargo, en lo que ha dicho hasta ahora, ha descrito la forma en que fue designado como candidato por los paramilitares, que se vieron beneficiados con contratos públicos.
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Trino Luna es un viejo conocido de la justicia. Ya había sido condenado en 2007 por sus nexos con paramilitares, pero, como recoge la JEP, en esa sentencia “no se ventilaron en detalle las reuniones en las cuales dicho apoyo se habría concretado, ni los acuerdos específicos que se habrían alcanzado entre el solicitante y esa organización ilegal —las Autodefensas—”. Así que, al valorar los aportes que podría hacer el exgobernador a la justicia especial, los primero por lo que le preguntaron fue por esa serie de reuniones que culminaron con su designación, en 2003, como candidato a la Gobernación del Magdalena, con apoyo completo de los paramilitares.
“Mencionó en primer lugar, que en el año 2002, asistió en compañía de su hermano Juan Carlos Luna, alias El Cóndor, miembro de las Auc, a una reunión celebrada en la finca La Guajira, ubicada en El Guamo, Cesar, con varios comandantes de dicha organización, entre ellos, alias El Cabezón, comandante financiero de las AUC en los municipios de El Banco, Guamal y San Sebastián; y alias Rubén, comandante político de en esos mismos municipios, para obtener su autorización para ‘hacer política y desplazamientos en dichos municipios como candidato a la gobernación del Magdalena’”, reseña la decisión conocida por este diario sobre las declaraciones de Luna.
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Luego se reunión con el también comandante paramilitar Omega, quien, según Trino Luna, “fue claro en que el único comandante que podía dar el visto bueno para un permiso o un aval era el comandante Jorge 40, pero de antemano nos permitió transitar sin problema en su zona”. El exgobernador relató otra serie de encuentros con mandos medios y hasta con la mano derecha de Jorge 40, Neyla Alfredina Soto, alias Sonia. “En el mes de febrero del año 2003 yo pude conseguir la reunión con el comandante Jorge 40, en una finca llamada Vista Niebles, en el corregimiento de Minca, en la Sierra Nevada de Santa Marta”, confesó finalmente Luna. A la reunión también asistió Vicente Castaño y de allí Luna salió ungido como candidato.
Al final, Luna reconoció al menos ocho reuniones con paramilitares de las que la justicia no tenía registro. “Todas estas reuniones, en las cuales el señor Luna Correa habría asegurado el apoyo de los diferentes comandantes de las Auc en su campaña a la Gobernación del Magdalena, no se mencionaron en la sentencia condenatoria proferida contra aquél por el delito de concierto para delinquir, siendo relevante para esta Jurisdicción por cuanto denotan la forma como las Auc aseguraron la elección de un candidato afín como primer mandatario del departamento del Magdalena”, consignó la JEP.
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Pero el exgobernador del Magdalena no estaba en líos judiciales solamente por su cercanía política con los paramilitares: tenía al menos cuatro investigaciones por corrupción en contratos públicos y una más por el homicidio del exalcalde de El Banco, Fernando Pisciotti. A partir de información de otros procesos, la JEP ya había identificado que las Autodefensas cooptaron las finanzas públicas de varios departamentos. Luna dijo que eso, precisamente, fue lo que ocurrió. “De ser cierto que la contratación estatal en el Magdalena durante la gobernación de Trino Luna fue puesta, en buena medida, al servicio de las Auc, es del máximo interés para esta Jurisdicción el pleno esclarecimiento de estas conductas”, añadió la JEP.
Según el exgobernador, las irregularidades que se cometieron en su administración hicieron parte de un “andamiaje político para cumplir con las directrices y obligaciones adquiridas con las Auc del departamento, lo que de contera implicó el desconocimiento de algunos principios de la misma contratación”. En otra de sus intervenciones ante la Jurisdicción, insistió: “La actividad de mi administración estuvo destinada a realizar las peticiones de las Auc, esto incluía la realización de procesos de contratación que se ajustaran a sus pedidos (pliegos sastre) […] sin duda afectando los principios y normas de la contratación estatal”. Es decir, buena parte de la contratación pública sirvió para financiar y servir a los intereses de los paramilitares.
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Luna dio ejemplos, citando las cuatro investigaciones que tiene por corrupción. En primer lugar, está el puente del río Tucurinca, una “obra inservible”, según la Fiscalía, porque no le prestaba servicio alguno a la comunidad rivereña y que fue contratada en la administración de Luna, en 2006, por $400 millones, luego de que el extinto Incoder le diera la facultad a la Gobernación de hacerlo. Pues bien, Luna confesó en la JEP: “El del puente Tucurinca les servía (a las AUC), porque el área rural del Municipio de la zona Bananera es una carretera que se comunica a través de fincas y estas carreteras eran por donde ellos transitaban”. Incluso salpicó en este lío al exsenador Luis Vives, condenado también por parapolítica.
Otro contrato del que habló fue el del parque Tayku, un elefante blanco en Santa Marta, que incluso hoy, 15 años después de finalizado su periodo, sigue sin terminarse. Según las declaraciones de Luna, el contratista al que le entregaron esta obra con una licitación amañada era cercano a un sobrino del paramilitar Hernán Giraldo. “¿Por qué querían ellos que les entregaran el parque Tayku? Porque la base de ellos es Santa Marta y esa es una base también de controlar la ciudad; segundo punto, el contratista le entrega unos recursos a las Auc, Resistencia Tayrona, para que ellos puedan operar en la zona […] ese proyecto estaba montado para que tuviera inclusive operadores, (que) iban a ser ellos mismos”, dijo Luna en la JEP.
La JEP también asumió la investigación por el homicidio de Pisciotti, de la que Luna hasta ahora solo ha hablado en la Fiscalía en una versión libre. Finalmente, uno de los procesos en contra del exgobernador terminó en la justicia ordinaria: uno por enriquecimiento ilícito, pues no se comprobó, ni el aceptó que se hubiera enriquecido por sus nexos con paramilitares. “De hecho, el propio solicitante descartó tajantemente esta hipótesis, al exponer la forma como los recursos destinados a la contratación pública eran desviados en favor de las AUC y de otros funcionarios públicos”.
Ahora, las declaraciones de Luna entrarán a engrosar las investigaciones que adelanta la JEP sobre los nexos de grupos paramilitares con agentes del Estado y con la Fuerza Pública. Si sigue colaborando, podría evitar ser enviado a la cárcel y terminaría enfrentando una sanción propia que sea reparadora para las víctimas.
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