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El próximo 26 y 27 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria a quienes ocuparon los cargos más importantes del Senado y la Cámara de Representantes en la anterior legislatura: Iván Name y Andrés Calle. El alto tribunal les abrió una investigación formal, por los delitos de cohecho (soborno) y peculado por apropiación en favor de terceros, por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). El Espectador conoció el documento completo de la apertura de investigación que tiene las bases que tuvo en cuenta la Corte para abrir el expediente. Como punto de partida, el alto tribunal cuenta con los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Ungrd, la cual habría sido desfalcada con múltiples propósitos, entre ellos, al parecer, favorecer de manera ilícita a Name y Calle.
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Desde inicios de 2024, López y Pinilla, en medios de comunicación y en procesos de colaboración con la justicia, han relatado que desfalcaron contratos de su Unidad, entre ellos uno para el abastecimiento de agua en La Guajira con 40 carrotanques. El dinero, explicaron, se usó para impulsar, a través de sobornos, proyectos de ley, como la reforma pensional y de salud. Los exfuncionarios aseguraron que les dieron $3.000 millones a Name y otros $1.000 a Calle, en reuniones clandestinas gestionadas por la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz. Como se lee en la apertura de investigación, la Corte Suprema desarrolló esa misma tesis como la base propia de su pesquisa. De hecho, agregó que hay indicios que permitirían probar que esa plata fue usada por los políticos para financiar campañas de sus familiares para las elecciones regionales de 2023.
Según el testimonio de Olmedo López, el “cónclave” se creó en septiembre de 2023 e hicieron parte la exconsejera Sandra Ortiz; Luis Fernando Velasco, ministro del Interior; Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia; y Ricardo Bonilla, el exministro de Hacienda. López asegura que la orden de buscar ayuda en las presidencias de Senado y Cámara “fue impartida en el mes de septiembre de 2023 (…) en una segunda reunión que tuvimos en Palacio de Nariño, donde ya ella estaba presente (Sandra Ortiz). $3.000 millones para el senador Iván Name. Y en esa misma reunión, me dice (Carlos Ramón González), que directamente yo sea el emisario, bajo sus órdenes, del representante a la Cámara, Andrés Calle, para la entrega de $1.000 millones a él. Ambos recursos eran dineros públicos provenientes de la Ungrd”, se lee en el texto.
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Olmedo López agregó que “no quedaba bien que, siendo el presidente de la Cámara (Calle), un aliado del gobierno, perdiera las elecciones su familia en el territorio”. De tal manera que $1.000 millones del dinero de la Ungrd habrían terminado en las campañas de Gabriel Enrique Calle a la gobernación de Córdoba y de Gabriel Alberto Calle a la alcaldía de Montelíbano. Con Andrés Calle, Olmedo López habló en privado en instalaciones de la Ungrd el 25 de septiembre de 2023, día en que al parecer se concretó el negocio sucio. Sobre Name, López precisó que, en ese caso, “la importancia es que maneja el orden del día. Se encarga de incluir o no incluir en este, y cuando sea el punto indicado, los proyectos de ley para que salgan adelante”. Con Name también se habrían acordado los detalles del soborno el mismo día que Calle, pero en un desayuno en el que habría estado Ortiz.
De ahí, la línea de tiempo sugiere que López recurrió a Sneyder Pinilla, pues en su calidad de subdirector, era el único funcionario capaz de sacar órdenes de proveeduría para sustentar el desfalco de $4.000 millones. Esas transacciones se habrían acordado entre ambos exfuncionarios, en Riohacha (La Guajira), el 26 de septiembre de 2023. De otro lado, según explicó Pinilla en su declaración, el 12 y 13 de octubre siguiente se habrían concretado las dos entregas dirigidas a Iván Name, a través de Sandra Ortiz, quien se hospedaba en el Hotel Tequendama, en Bogotá. Luego de ello, Sneyder admitió que compró “un vuelo el día 14 de octubre para irme a las 6:00 de la mañana en el primer vuelo a Montería, Bogotá, Montería”. En esa ciudad, Calle lo habría invitado a su vivienda, donde presuntamente le entregó los $1.000 millones, que habría gestionado a través de criptomonedas.
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La Sala de Instrucción agregó que “a la investigación previa se allegó un estudio de georeferenciación de ubicaciones que da cuenta de la ubicación del teléfono de Sneyder Pinilla”. Además, que verificó mensajes de datos por WhatsApp, así como conversaciones de Olmedo López con Sandra Ortiz y Andrés Calle. Con esa información, la Sala de Instrucción abrió una pesquisa formal en contra de los expresidentes de Senado y Cámara, y ordenó la práctica de las pruebas para determinar si ambos cometieron los delitos de cohecho y peculado por apropiación en favor de terceros. La magistrada Cristina Lombana no estuvo de acuerdo, pues, entre otras razones, explicó que “no existe información sobre la real existencia de la millonaria suma de dinero o la trazabilidad de su origen, movimiento, destino y final uso”.
Name ha rechazado enfáticamente los señalamientos en su contra, agregando que es “bienvenida la investigación. Nunca abandonaré la jurisdicción de la Corte para ser juzgado en otra instancia”. Por su parte, Calle ha ido más allá y públicamente ha mencionado que la pesquisa es el resultado de “la infamia de unos personajes que se vieron al descubierto y nosotros asumiremos una posición de defensa ante nuestro juez natural, que es la Corte Suprema”. El ministro Velasco ha respondido que no se le debe creer a un “confeso delincuente” como Olmedo López y que es natural que la Fiscalía lo investigue para que después, con prueba recaudada, se pueda demostrar su inocencia. Carlos Ramón González ha sido tajante en responder que su “inocencia es irrefutable”.
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Este avance en las pesquisas de la Corte coincide con uno de la Fiscalía: este 7 de noviembre, el ente investigador le imputó nuevos delitos a López y Pinilla, a pesar de que están negociando un acuerdo para que admitan sus culpas y entreguen nombres. En julio pasado, les imputaron cinco delitos únicamente por el expediente carrotanques para La Guajira y, ahora, les adicionaron peculado, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, por presuntas irregularidades en 53 contratos que firmaron durante su administración de la Unidad. La Fiscalía inició acciones judiciales por una presunta estrategia criminal para apropiarse de recursos provenientes de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por el orden de los $100.000 millones. Ambos siguen negociando con la Fiscalía, mientras permanecen privados de su libertad en centros de detención a cargo del Ejército.
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