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¿Qué tiene que ver la siembra de plantas y árboles con ejecuciones extrajudiciales? Esa pregunta es la que precisamente busca responder la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Este martes 2 de abril, en la localidad de Usme en Bogotá, el sistema de justicia transicional cortará la cinta de inauguración de “Reencontrándonos”, una estrategia de justicia restaurativa con la que busca la reparación a cientos de familias que perdieron a los suyos bajo una dinámica perversa del conflicto: los falsos positivos. En el proceso participarán no solo los actores que tuvieron una injerencia mínima en graves crímenes, sino también algunos máximos responsables.
Para responder esa pregunta, la JEP diseñó un plan en el que militares vinculados al macrocaso 03 (asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado) desarrollen labores de cuidado y ampliación de la biodiversidad, reforestación, limpieza de suelos y hasta riego de plantas como un acto de reparación por sus crímenes. Y aunque muchos podrían pensar que no tiene nada ver un tema con el otro, desde la jurisdicción le dijeron a este diario que sí existe una relación. Uno de los objetivos del proyecto, que será financiado por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas, es convertir estos espacios en parques y senderos de la memoria en homenaje a los 6.402 civiles asesinados bajo esa modalidad que documentó la JEP.
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Estas áreas estarán agrupadas como zonas de trabajos, obras o actividades con contenido reparador o restaurador anticipado (conocidos TOAR), que impulsa el sistema restaurativo de la JEP. En el caso de los máximos responsables, como el general (r) Henry William Torres Escalante, quien en septiembre de 2023 se convirtió en el uniformado de más alto rango en reconocer su participación en 196 casos de ejecuciones extrajudiciales, las labores se realizan previo al cumplimiento de la sanción propia, es decir, antes de conocer su sentencia. Frente a los partícipes no determinantes, o quienes tuvieron una participación mínima o alta en los crímenes, estarían cumpliendo con las medidas impuestas por la justicia transicional, con miras a renunciar a sanciones de cárcel.
De acuerdo con la jurisdicción especial, todas las tareas que adelanten los comparecientes serán certificadas por la magistratura y se contarán como parte del cumplimiento de las sanciones. En Bogotá, un total de 49 participantes iniciarán estas labores de cuidado del ambiente durante, al menos, seis meses, con una amplia posibilidad de extender el proyecto. De hecho, se espera que para el próximo año se pueda contar con 100 comparecientes más en labores restaurativas. Fuentes cercanas al tribunal de justicia transicional le dijeron a este diario que las labores ambientales cumplen también con una función simbólica, pues el conflicto generó “daños multidimensionales que se tienen que atender”.
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Estas funciones ecológicas, dice Ana María Mondragón, magistrada auxiliar de la JEP, tienen como objetivo también dignificar el territorio, pues el corredor de conservación Chingaza-Sumapaz-Guerrero, en el que también trabajarán los comparecientes, fue un espacio alcanzado por los tentáculos de la guerra. Sin ir muy lejos, el pasado 10 de marzo, la Unidad de Víctimas reconoció a la comunidad campesina de Sumapaz como víctima del conflicto por haber sido estigmatizados y violentados durante el intento de toma de Bogotá por parte de las Farc.
Antioquia y Nariño, dos proyectos en marcha
Si bien en Bogotá las tareas serán de carácter ambiental, en Dabeiba (Antioquia) la línea de trabajo tendrá otro enfoque: la acción integral contra minas antipersonal. Para la jurisdicción este es un asunto prioritario, pues el departamento, hasta el 31 de agosto de 2023, registraba el mayor número de víctimas de estos artefactos. Además, el proyecto tendrá en cuenta la presencia y participación de resguardos indígenas y consejos comunitarios. “A través de esta iniciativa, se busca no solo aliviar el sufrimiento pasado, sino también sentar las bases para un futuro más justo y equitativo en estos territorios”, explicó la JEP.
Los comparecientes tendrán que, entre otras cosas, realizar talleres de educación sobre los riesgos de las minas antipersonal y hacerlo frente a víctimas de esos dispositivos de guerra. También tendrán la tarea de implementar proyectos productivos a los familiares de víctimas y sobrevivientes de minas, al tiempo que deberán registrar toda información posible, socioeconómica y cultural, para evaluar el impacto del proyecto. En esto insiste la magistrada Mondragón, pues, asegura, el hecho de que la Jurisdicción se encargue del proyecto le da seguridad jurídica a los comparecientes.
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Respecto a los nombres de los uniformados que participarán en el proyecto restaurativo de Antioquia, este diario pudo confirmar que siete de los ocho máximos responsables del subcaso Cementerio Las Mercedes de Dabeiba tienen un cupo asegurado: Coronel (r) Edie Pinzón Turcios; Mayor (r) Efraín Enrique Prada Correa; Mayor (r) Yair Leandro Rodríguez Giraldo; así como los sargentos en retiro: William Andrés Capera Vargas, Fidel Iván Ochoa Blanco y Jaime Coral Trujillo, y el soldado profesional, también en retiro, Levis de Jesús Contreras Salgado.
En Nariño, por su parte, el proyecto de TOAR anticipado busca centrar sus actividades de reparación en la infraestructura y reconstrucción, de la mano del pueblo awá. Los comparecientes en esta región estarán enfocados en adecuar un camino de acceso a escenarios de memoria y sabiduría, lugares sagrados para los indígenas. También ejercerán labores de viverismo, reconstrucción ambiental y sociocultural. Así, se espera que los comparecientes puedan cumplir sus sanciones bajo un enfoque de justicia en el que tanto ha insistido la JEP y su presidente Roberto Vidal: la reparación.
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Por Santiago Díaz Gamboa
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